Corte Suprema no admite recurso de Odebrecht contra principal aeropuerto de Panamá – el Nacional
Ciudad de Panamá (EFE) .- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá no admitió una advertencia de ilegalidad interpuesta por Constructora Norberto Odebrecht (CNO) contra el Aeropuerto de Tocumen, el principal del país, por el proyecto de ampliación de la terminal cuyo contrato de más de 900 millones de dólares fue rescindido por “incumplimiento”.
La Sala Tercera de la CSJ respondió que “no es posible actuar sobre la advertencia de ilegalidad presentada, de acuerdo con lo establecido” en la ley, informó este miércoles el Aeropuerto Internacional de Tocumen SA (Aitsa) a través de sus redes sociales.
La administración del principal aeropuerto de Panamá y un importante centro de conexión regional también dijo que el 8 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Panamá desestimó el «incidente de pronunciamiento previo y especial (nulidad)» presentado por la constructora contra el » escrito de defensa ”presentado por Tocumen dentro de la apelación.
Aitsa informó en septiembre que había «rescindido el contrato» del proyecto de ampliación de la terminal a CNO «por incumplimiento» y que, como consecuencia de esa resolución, la empresa quedó inhabilitada en Panamá «en cumplimiento de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública ”.
La constructora brasileña, epicentro de un gran escándalo continental, respondió en un comunicado que no había incumplido el contrato, que la nueva Terminal 2 (T2) presenta «un 99,9% de avance y está en funcionamiento», y que «Aitsa mantiene un retraso en los pagos a CNO, impactando directamente la ejecución de la obra ”, alegación de este último desmentida por Tocumen.
La construcción de la nueva T2 de Tocumen, un edificio de 116.000 metros cuadrados que amplía la capacidad de entrada de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones al año, comenzó en 2013 y debía estar lista a fines de 2017, pero su entrega se ha ido postergando. con la firma de adendas acordadas por el contratista y el Estado.
Odebrecht se adjudicó la obra en una licitación de 2012 en la que ofreció el precio más bajo, 679 millones de dólares, pero la obra ya superó los 900 millones de dólares, según información oficial.
La constructora admitió en 2016 ante las autoridades estadounidenses haber pagado millones en sobornos en una decena de países, casi todos de América Latina, por lo que fue multada con 2.600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía firmaron un acuerdo en julio de 2017 por el cual la empresa se comprometía a pagar una multa de 220 millones de dólares al Estado en un plazo de 12 años.
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