En la mañana del 3 de enero, unos 100 funcionarios de la Oficina de Investigación Anticorrupción de Corea del Sur intentaron ejecutar la orden de arresto contra el depuesto presidente Yoon Seok-yeol, pero fracasaron.
La operación comenzó a las 8 de la mañana en la residencia privada del presidente y duró 5 horas y 30 minutos, pero no logró resultados ya que la seguridad presidencial desplegó 200 soldados y autobuses para bloquear la entrada. Motivos de seguridad llevaron a la suspensión del programa.
Nuevos procedimientos previstos
Los fiscales de la Oficina de Investigación de la Corrupción se reunieron con los abogados del presidente suspendido. Consideran que la orden de detención carece de legalidad y es inconstitucional, lo que dificulta el proceso.
Yoon Seok-yeol fue destituido por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre después de que fracasara la ley marcial. Entre otras cosas, se negó a recibir una notificación formal para iniciar su defensa ante el Tribunal Constitucional del país, órgano que decidirá el futuro de su gobierno.
La orden tiene vigencia hasta el 6 de enero y puede renovarse, por lo que se esperan nuevos trámites.
