Vinci, empresa concesionaria de Aerodom, paga impuestos en Chile
Contrario a su concesión de los aeropuertos estatales dominicanos y cuya extensión busca, en Chile, Vinci, donde la empresa francesa es parte de un consorcio que gestiona las instalaciones aeroportuarias de la capital, paga todos los impuestos y solo recibe el 22 % de las tasas que abonan los pasajeros mientras que el Estado se queda con el 78% restante.
En sociedad con la también francesa Aéroports de Paris y la italiana Astaldi, Vinci ganó en 2015 la licitación de la obra pública fiscal aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, mediante el consorcio Nuevo Pudahel y por un periodo de solo 20 años.
Desde 2016, Vinci es en República Dominicana la propietaria de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), concesionaria de todos los aeropuertos estatales, y busca una extensión del contrato por 30 años cuando aún le restan siete del vigente.
Para la adjudicación, el gobierno chileno dispuso la formación de una empresa nacional con un mínimo de capital de aproximadamente ocho millones de dólares y numerosos requerimientos para asegurarse el cumplimiento del contrato que incluye la construcción de una nueva terminal, diseñada por el Estado chileno pero sufragada por Nuevo Pudahel. Incluso, exigió la permanencia en la sociedad, durante todo el tiempo de la concesión, de una empresa de comprobada experiencia en el manejo de aeropuertos. Antes de que Vinci la comprara, y muy pronto al inicio de la concesión, Aerodom despidió a sus socios conocedores de la gestión aeroportuaria.
En los términos de la licitación se establece que «el concesionario deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la República de Chile vigentes a la fecha del perfeccionamiento del Contrato, que se relacionen con él y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia. De igual manera, será de su entero cargo, costo responsabilidad el pago de todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros gravámenes y cualquier otro desembolso que fuere necesario para la contratación de las obras y su explotación».
En el contrato suscrito entre Aerodom y el Estado, del 1999, se eximen de cargo impositivo todas las operaciones de la concesionaria y luego, mediante adenda, se aumentaron las tasas que se cobran a los pasajeros para beneficio de aquella. Vinci compró la concesión por una suma indeterminada. Los equipos y materiales para la nueva terminal que Aerodom construiría como parte del nuevo contrato estarán libres de gravámenes.
El caso dominicano
Además del compromiso de inversión de 830 millones de dólares en infraestructura y de un adelanto por 775 millones de dólares, la renovación del acuerdo con Aerodom enviada al Congreso prevé que la concesionaria pague al Estado un porcentaje, a partir del año 2030, de los ingresos brutos excedentes por las tarifas aeroportuarias y comerciales.
Dicho «ingreso compartido», como se identifica en el contrato revisado, iría del 2030 hasta el 2034 y equivaldría a un 10 %, pagadero siempre y cuando «dichos ingresos brutos hayan superado las proyecciones de tráfico estimadas».
«El monto excedente sobre el cual se va a calcular el diez por ciento (10 %) pagadero al Estado dominicano lo constituyen los montos de ingresos brutos reales percibidos que excedan el ciento diez por ciento (110 %) de los ingresos brutos estimados», dice el acuerdo que espera la ratificación congresual.
Dicho porcentaje sube a un 20 % a partir del 2035 y hasta la conclusión de la concesión, fijada para el año 2060, marcando así una prórroga de 30 años.
A raíz de la pandemia del covid, Nuevo Pudahuel exigió al gobierno chileno compensación por las pérdidas a causa del cierre del aeropuerto que regentean o la extensión del contrato. El gobierno se negó y se inició una polémica cuando la empresa dijo que acudiría al arbitraje contemplado en el acuerdo entre Chile y Francia para la protección de las inversiones.
El ministro de Obras Públicas en ese entonces, 2021, responsable de garantizar el cumplimiento del contrato, indicó en referencia a la concesionaria que «Esta empresa ha hecho lobby en todos los ministerios que existen en este país, con todas las autoridades -cosa que no es necesaria-, campañas de prensa, en fin. Esto es una cosa seria. Tenemos un contrato entre una empresa de enorme magnitud, con el Estado de Chile, nosotros somos serios, somos responsables y cumplimos los contratos y la ley a carta cabal, y eso es lo que vamos a hacer. Y nuestro objetivo es uno solo, el servicio que queremos que nos brinden y defender el interés de los chilenos y del Estado, y no nos van a mover de esa posición que es la que corresponde».
En un artículo en El Mercurio, Eduardo Engel señalaba: «El contrato que firmó el Consorcio Nuevo Pudahuel estipula que compartirá el riesgo de demanda con el fisco: el 22% de los ingresos comerciales para el concesionario, el 78% restante para el Fisco. Si las cosas van bien ganan los dos, si van mal pierden los dos. Los primeros años fueron muy bien y los ingresos crecieron rápidamente, sin que el concesionario reclamara porque obtuvo ganancias más altas que las esperadas o insistiera en transferir al fisco más del 78% que estableció el contrato. Ahora que estamos en años de vacas flacas, el concesionario y el fisco tendrán ingresos menores que los esperados. No es cierto, entonces, que Nuevo Pudahuel está absorbiendo casi el 100% de las consecuencias de la pandemia, como afirmó su gerente general.
«También cabe hacer notar que la oferta con que Nuevo Pudahuel ganó la licitación podría calificarse como temeraria, dado que la segunda mejor oferta pedía un 32% de los ingresos, un porcentaje mucho mayor que la oferta ganadora.»
En abril de este año se zanjó la disputa con el pago de 55 millones de dólares por parte de Obras Públicas a Nuevo Pudahuel, un 35% de lo que exigía la concesionaria. El arbitraje sigue, pero Vinci y sus socios fracasaron en el intento de que le ampliaran la concesión, lo que sí han conseguido en el país.