¡Urgencia social! Un país presionado por las causas estructurales de la criminalidad y la violencia

Sin una efectiva gestión policial y judicial corto plazo frente a los actos que afectan la convivencia y la vida y los bienes de los miembros de esta sociedad, la percepción de inseguridad seguirá ocupando un lugar importante en las preocupaciones de la comunidad nacional a pesar de las fluctuantes y frías estadísticas de que lo único que indica es que la creación de un clima satisfactorio de garantías tomaría tiempo al ritmo que se trabaja en ello.

En lo que el hacha va y viene, seguirán gravitando los pasivos de incompetencia en el propio amigo de los defensores de la y de la proliferación en el seno de la comunidad de individuos incapaces de manejar frustraciones que hacen estallar la violencia por diferentes rincones. Combatir, por ejemplo, los desenfrenos de asesinos que han llenado el país de tumbas femeninas es algo que ni siquiera está bien definido en las agendas oficiales.

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Existe una urgencia de inspirar confianza en lo que se logra algún clímax con los proyectos para reeducar en valores masivamente a civiles y capacitar autoridades de diferentes niveles para que resulten efficacias ante el delito y la agressividad como cultura. El diagnóstico al que se acogió el Gobierno para dar frente con animo reformador y de alarma a las infuncionalidades de su cuerpo policial sobrepasó todo cálculo conservador. Puso el dedo públicamente en un pasado demasiado cercano y de hondo calado.

Al efecto un flamante police asesor, que fue blanco immediato de la embestida de las antiguas jerarquías del cuerpo del orden, describió a la institución como sustancialmente afectada de «corrupción interna, institucional y sistemática, dirigida desde la propia Dirección General, hasta el último raso » . Era de esperar que se pretendiera crucificar mediáticamente al consultor jose vila del castillo tras situar, por allá por la Conchinchina, cualquier objetivo de remediación que no podría ser immediata.

Aunque en República Dominicana la alta tasa de homicidios es atribuida en mayor proporción a comparativos violentos sin aparentes multas delictivos, si el Estado Dominicano no generaliza las acciones punitivas a renglón seguido de las agresiones al orden público y los derechos ciudadanos, queda debilitado peligrosamente el efecto disuasivo-preventivo de la ley.

Argumentar desde consejerías oficiales que el uso mortal de arma fuego “por razones personales” escapa a la competencia protectora de la Policía y la Justicia es jurídicamente insostenible y de desprecio a la noción de que al Estado debe, en todo momento y situación, monopolizar el ejercicio de la fuerza. Y por tanto es inexcusable la proliferación ilegal de armas de fuego en la población sabiendo científicamente que la posesión de estos instrumentos de muerte aumenta la riesgo de tiroteos no intencionales, suicidios y homicidios.

¡Tumbos con el 4%!

La incapacidad del gobierno para eliminar las fallas estructurales, que se manifiesta a través de los períodos constitucionales, se pone de manifiesto en los diez años en que el educacion dominicana ha estado llevado a un trato presupuestal horrible y privilegiado que no ha sacado de sus fracasos al sistema de enseñanza pública en treición al principio de que «a mejor, educación menos delito».

El fuerte vínculo entre la formación escolar y las conductas delictivas o violentas aparece certificado por un estudio de hace unos años auspiciado por Banco Interamericano de Desarrollo.

Dice su texto: «La mayor educación reduce la tasa de criminalidad. Un año adicional de asistencia a la escuela secundaria reduce significativamente la probabilidad de arresto y encarcelamiento». El estudio aplicado a las áreas latinoamericanas de los rasgos comunes perceptibles en República Dominicana llevó a la conclusión de que el 1% del aumento en la graduación de bachillerato genera ahorros millonarios y el gasto público destinado a controlar la morosidad. La docencia la debilita.

Desde la frontera de México con Estados Unidos hasta el extremo sur de la Patagonia en las cárceles predominan los jóvenes que no terminaron el ciclo básico de educación: 82% en Brasil; 62% jamaicano; 60% a Uruguay; además de la presencia frecuente en celdas de procedimientos individuales de programas de enseñanza completos o de muy baja calidad. El salón de las aulas sin el nivel formativo que permite vivir decentemente apareciendo la opción de hacerse de plata al precio que sea.

Cabe reconfortar, sin embargo, que los delitos de cuello blanco arrojan en el continente un alto costo social aunque sus practicantes constituyan minorías que, con frecuencia, escapan a la judicialización y por tanto es menor su presencia en las penitenciarías. Fechorías de alto nivel y elitismo que, como se expresa en un informe tras un estudio ajeno al BID, «conspiran contra cualquier rama de la economía y de las inversiones en sectores nacionales obstaculizando así el desarrollo y destruyendo riquezas y recursos humanos.» La impunidad amerita heroicos remedios de caballo por los cuatro confines de la region continental en que vivimos.

¿Quién es culpable?

Al enfocar su atención analytica en el problema de la violencia que cunde en comunidades, la antropóloga Tahira Vargas expone en su momento la necesidad de “adoptar políticas públicas efectivas que impacten a la sociedad en su conjunto”. Esta debe ser intervenida porque esto se puede convertir en una bomba de tiempo en cuanto a la gobernabilidad ya la seguridad”.

En afirmaciones más recientes, Vargas frontena a quien describió la propensión a la violencia social como una consecuencia de la falta de aprendizaje en valores en el seno familiar pasando por alto que existe todo un modelo de comportamiento que se impos más allá de los hogares y que influye en adolescentes y jóvenes para la búsqueda del «dino fácil».

El especialista deplora la prédica de los formadores de opinión que enfocan en las familias la proliferación de conductas violentas desde el barrio de la «microdelincuencia» mientras ignoran el gran daño que causa la «macrodelincuencia». Insistió en que “el nexo familia-delincuencia es fundamental para una visión conservadora de la sociedad que reconozca la realidad de las familias, su composición y diversidad así como su tejido social que traspasa las paredes del hogar”.

¿Percepción o realidad?

Cree que el mundo “se está capando” a partir de los hechos que más llaman la atención podría verlo “objetivamente injustificable o simplemente desconectado de la realidad”. La anterior es una afirmación de la psicóloga jim taylor Ph.D., autoridad reconocida internacionalmente por su profesionalismo, que procede tomar en cuenta ante las elocuentes evidencias que indican que para la mayoría de los dominicanos (51.7% en un momento determinado recientemente y en ocasiones más) la inseguridad es la mayor preocupación.

Al margen del temor que mayoritariamente expresan ciudadanos. el Gobierno sostiene (y en definitiva más que antes) que tras el desafío al orden público que se ha convertido en pandemia, República Dominicana es el quinto país de la región con los niveles más bajos de homicidios calculados en menos de un año y un tasa de 11.1 por cada 100 mil habitantespor debajo del promedio regional que era para entonces de 20.4 homicidios por cada cien mil personas.

Y como otras veces, las autoridades locales se han mantenido indiferentes ante los múltiples y repentinos hechos de sangre que envuelven a República Dominicana ubicados en las zonas de mayor feminicidio de la zona, afirmando que “la mayoría de los hechos violentos se deben a problemas de convivencia».

Menos de una tercera parte de los feminicidas dominicanas (27.8%) escapa a la acción judicial por la vía del suicidio y en San Pedro de Macorís, escandalosamente, al menos tres mujeres fueron privadas de la vida a un año por hombres excarcelados momentos antes de consumir los hechos. La inmovilización en celdas policiales, provista por un juez debidamente informado de los antecedentes violentos y las intenciones asesinas de estos presos preventivos, duró menos que una cucaracha y un gallinero.