Surún acusa a Paliza de desencadenar persecución
El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, acusó hoy al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de desencadenar una persecución persistente en su contra a través de la Cámara de Cuentas y advirtió que la entidad tomaría medidas radicales para combatir acción legal contra el supuesto intento del gobierno de apoderarse de este sindicato por la fuerza.
Surún Hernández dijo que luego de la derrota sufrida por el oficialismo en este sindicato, Paliza utilizó al regulador estatal para atribuir irregularidades inexistentes a toda su junta directiva.
«Esto es una persecución maligna, quiere destruirme como ser humano, por mis posiciones y mis luchas que no pudo conseguir con un voto, pero ahora quiere destruir el Colegio de Abogados, montar un caso para encarcelarlo». toda la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados. El abogado que lo golpeó en las últimas elecciones ”, dijo Surún.
Consideró que Paliza dirigía la Cámara de Cuentas como si fuera un “chico fugitivo”.
“El gobierno no tomará la Facultad de Derecho, porque la intención es atacar la Barra ”, expresó.
Anunció que se emprenderán acciones legales contra el supuesto intento del gobierno de tomar esta institución por la fuerza.
Surún dijo que la Cámara de Cuentas, al ser un órgano de control, actuó como si fuera un tribunal, condenándolo por desacato, que es una acción penal.
Insistió en que la Cámara de Cuentas no entregó la resolución que solicitó el 5 de agosto porque no tienen pruebas y todo fue un invento.
El Consejo Nacional y la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana, máximos órganos de gobierno de dicho sindicato, integrado por 35 presidentes de todas las provincias, han calificado de ilegal, inconstitucional, insensata y abusiva la declaración de desacato emitida por la Cámara de Cuentas (CCRD) contra su presidente.
Recuerda que este órgano no solo usurpa las funciones de enjuiciamiento, juicio y condena propias de los tribunales, sino para condenar por desacato a quien no haya sido informado de la resolución que presuntamente violó, volviendo a violar su propia ley.