Se abre camino el debate sobre la descentralización de las instituciones | España


Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.EFE

Propuestas para revisar y acabar con la concentración de instituciones en Madrid se abren paso con cada vez más fuerza frente a los tambores de descentralización de la última convención del PP. El último ejemplo es la iniciativa de dos profesores de Derecho Constitucional que han propuesto transferir el Tribunal Constitucional a Cádiz. El alcalde de la capital gaditana, Jose maria gonzalez Kichi, impulsará la candidatura a pesar de que las opciones a tomar son muy remotas: una decisión de ese calibre debe ser aprobada por el Consejo de Ministros. El Gobierno no contempla tal posibilidad, según las fuentes consultadas, que sostienen que está vigente el compromiso de Pedro Sánchez de «desconcentrar» algunas de las instituciones públicas que históricamente han estado en Madrid. Pero será necesario acometerlo tras un profuso estudio de las opciones y alternativas más viables para reactivar las zonas especialmente afectadas por el despoblamiento.

«Creemos en la descentralización del Estado, Creemos que es la mejor forma de servir a la pluralidad de un país tan diverso como España. Además, producirá cohesión territorial ”, afirma Paco Cano, concejal delegado de la Presidencia del Ayuntamiento de Cádiz. El equipo de gobierno ya ha adelantado que llevará la idea como propuesta al pleno municipal que se celebrará en el Ayuntamiento el último viernes de octubre para conseguir que el resto de grupos municipales de la oposición se sumen a la idea. A partir de ahí, el plan municipal es sumar el apoyo de instituciones y personalidades para luego presentar una solicitud formal o candidatura al Gobierno de España. Desde la perspectiva de Cano, “el Estado se concibe como una red axial, con un eje central que es Madrid, y sería bueno apostar por una red nodal con diferentes puntos repartidos por la geografía”.

En la misma línea, Ximo Puig habló este miércoles. El presidente de la Comunidad Valenciana es uno de los presidentes autonómicos más beligerantes por un reparto más equitativo de las instituciones de la Administración. El barón del PSOE defiende la desconcentración «por la justicia y por la inteligencia» mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del PP, rechaza los planes de La Moncloa. Según el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Madrid: capital, economía del conocimiento y competencia fiscal, 42 agencias tenían su sede y otras secundarias en la capital de España en 2019. El número de empleados ascendió a 7.492. La lista de instituciones con sede y unidades centrales en Madrid fue de 14, con 11.571 trabajadores. En cuanto a las 19 organizaciones con sede en Madrid pero con delegaciones en el resto de provincias, el volumen de empleados fue de 8.979 personas. Las ocho entidades públicas empresariales con unidades territoriales pero con fuerte presencia en la capital contaban con 7.253 empleados en la región.

Como Puig, otro presidente socialista, el aragonés Javier Lambán, ha estado defendiendo una «Segundo proceso de descentralización regional». Lambán opina que Madrid alberga de forma “monopolística” a todos los ministerios, oficinas, agencias e institutos, lo que significa “competir en condiciones desiguales” con el resto de autonomías. Por ello, aboga por trasladar algunos tramos y recursos a ciudades como Zaragoza y convertirlos en «capitales compartidas» para que «los ciudadanos se sientan cerca de la institución fundamental» y las oportunidades de riqueza y empleo «se distribuyan por todo el territorio».

Mientras tanto, los impulsores del traslado del Tribunal Constitucional a Cádiz apelan a la historia, entre otros motivos. Sentados a los pies del altar mayor del Oratorio de San Felipe de Cádiz, los magistrados del Tribunal Constitucional celebraron una sesión atípica el 19 de marzo de 2012. Aquella reunión fue breve y lejos de su sede en Madrid por un motivo histórico: el Bicentenario de la aprobación de la primera Constitución española, La Pepa. Los presentes en esa reunión descubrieron, algunos con decepción, que la reunión resultó ser más simbólica que pragmática. Pero ahora, el Ayuntamiento de Cádiz quiere que lo que no fue más que un encuentro conmemorativo se convierta en una realidad permanente.

La idea de trasladar la sede del Tribunal Constitucional desde su actual edificio de la calle Isaac Peral de Madrid a una dirección desconocida, pero ubicada en Cádiz, ha surgido de la mano de los profesores de Derecho Constitucional Gabriel Moreno González (Universidad de Extremadura) y Germán Teruel Lozano (Universidad de Murcia). Tras la luz verde dada por el Parlamento de Portugal al traslado de su Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo Administrativo a la ciudad de Coimbra, Moreno se preguntó el 17 de septiembre en Twitter si el caso portugués no era un ejemplo a seguir. “Le respondí ‘hagámoslo en España por Cádiz’. Escribimos un artículo defendiendo la idea, pero tardó mucho en publicarse y, en ese período, el presidente habló de descentralización ”, explica Teruel, refiriéndose a El Tribunal Constitucional, en Cádiz, publicado en el sitio web de análisis Agenda Publica el pasado domingo.

“El motivo que nos impulsa a un segundo plano es una idea de darle presencia al Estado en todo el territorio. Somos conscientes de que descentralizar una institución no solucionará el problema de la España vacía, pero sí ayuda. Esto se puede hacer con museos o agencias públicas ”, defiende el profesor murciano en entrevista telefónica con EL PAÍS. Y tanto él como su colega creen que comenzar esta tarea trasladando el Tribunal Constitucional a Cádiz sería una declaración de intenciones: “Congreso y Gobierno no pueden separarse, pero los tribunales constitucionales son órganos llamados a ejercer el contrapoder. No hay razón para que tenga que estar cerca del resto de instituciones ”.

Los dos expertos creen que, más allá de la cuestión histórica, hay más razones que marcan a Cádiz como una ciudad ideal. Es una institución intermedia – 215 trabajadores atendieron a la Corte, según su Informe 2020 – que tendría un importante impacto social y económico en una capital de apenas 116.000 habitantes y con un problema histórico de desempleo. Además, el desembarco en «una ciudad tan alejada del centro, costera y sur, aumentaría la capacidad de integración de nuestro sistema constitucional, ya que una clara periferia geográfica y económica se refleja en la propia conducción de la nave del Estado», ambos apuntan fuera. maestros en su súplica.

Pero que la idea se materialice en una realidad tangible parece imposible. La logística, para empezar, no sería nada fácil. Cano reconoce que, en este momento, la ciudad no tiene claro qué edificio podría ser la sede del Tribunal Constitucional: «La voluntad es que todas las posibilidades estén abiertas, que sean espacios municipales, otros abandonados o que creen su propio edificio». Todo ello, en una ciudad plagada de urbanismo y en la que no hay excesos, precisamente, de lotes. Además, no sería fácil tramitar el traslado de decenas de funcionarios que laboran en las instalaciones y de los once magistrados, organizados en dos cámaras y cuatro secciones. “De entrar en vigencia esta medida, obligaría a la institución a replantearse la forma en que funciona el Tribunal Constitucional. Pero creemos que es asequible. En el Gobierno, en cambio, son tajantes y no ven ninguna posibilidad.



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