Prohibición a los secretarios judiciales de dar información sobre el caso Medusa


El poder judicial restringe a los secretarios del tribunal a cargo del caso asombrado para que no ofrezcan información relacionada con este proceso a la prensa.

Al ser consultado este viernes el Secretario del Tercer Juzgado de Paz del Distrito Nacional si se había fijado fecha para iniciar la audiencia preliminar de la causa, donde está implicado el exfiscal Jean-Alain Rodríguezse informó que no se pueden dar detalles y que es necesario contactar a la oficina de prensa del poder judicial.

En otras ocasiones, el citado juzgado ha respondido a preguntas sobre el trámite de este caso y de otros, pero ahora es imposible.

La prohibición de ofrecer la información se da luego de que el pasado miércoles el Poder Judicial emitiera un comunicado de prensa en el que señala que el Juzgado Tercero de Instrucción del Distrito Nacional concluyó con el cotejo de pruebas y acusación presentado por la fiscalía y que, “en las próximas horas, la el tribunal se está preparando para emitir una orden de audiencia».

El Ministerio Público presentó a principios de este mes la acusación formal contra el exabogado Jean Alain Rodríguez y los otros 40 imputados de haber creado una red, para desviar miles de millones de pesos de la Fiscalía General a través de una serie de maniobras. También hay 22 empresas procesadas.

Por ello, están a la espera de que se fije una fecha para iniciar las diligencias preliminares, donde el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción, decidirá si la acusación es suficientemente fundada para enviar la causa a la etapa de juicio.

Por el caso se encuentran presos el exfiscal Rodríguez, el exdirector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

Jenny Marte Peña, exgerente de proyectos, se encuentra bajo arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de contabilidad.

También está en curso el juicio contra el exconcejal Miguel José Moya, a quien se le impuso una garantía económica de un millón de pesos en forma de contrato con una compañía de seguros, salida y presentación periódica.

Los demás imputados están en libertad ya que sufrieron después de que quienes cumplieran con las distintas medidas coercitivas y contra ellos, Pepca aún no ha solicitado ninguna restricción al juzgado.



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