Poderes en crisis en México | Opinión

Los tres poderes del Gobierno en México viven días de crisis. Justo en la mitad del mandato de seis años Andrés Manuel López Obrador Estallan conflictos, otros se profundizan y se evidencia la ineficacia del modelo del presidente mexicano. Sin embargo, ante tal situación, López Obrador mantendrá el rumbo del enfrentamiento espoleado por el Palacio Nacional, convencido de que el caos fortalece su movimiento y sin importar los costos para el país. La semana que concluye ha reunido hechos que en otras latitudes podrían haber llegado a un año de convulsión política.

Una revuelta en el más alto Tribunal Electoral; una dura derrota para el partido gobernante en un referéndum sin precedentes; la revelación del aumento del número de pobres y la expulsión de millones de estos del sistema de salud; la renuncia tardía del líder de la Corte para extender ilegalmente su mandato; la nueva negativa del Congreso a llevar ante la justicia a dos diputados … y es apenas el primer viernes de agosto. Estas situaciones muestran que los tres poderes de la Unión realizan horas bajas:

Se evidenciaron los malos resultados de la política social y sanitaria del Ejecutivo. El gobierno que se votó para cuidar de los pobres ha afrontado mal las cifras reveladas esta semana que reflejan un aumento en el número de personas que viven en la pobreza y la legislación modelo de salud que impulsó. No los acepto, dijo el mandatario con orgullo sobre las cifras publicadas por Coneval, organismo oficial con sólida reputación.

En el Judicial, los magistrados del tribunal electoral ignoraron a su colega presidente. Quien pudiera decidir en el conflicto -el titular de la Corte Suprema- sufrió, sin embargo, de la poca autoridad moral que le ha quedado al haber buscado presidir la Corte por más tiempo que el que establece la ley. El viernes Arturo Zaldívar finalmente renunció a esa posibilidad, lo que le permitió comenzar a desbloquear el desorden del órgano judicial para las elecciones.

Y el Poder Legislativo con mayoría de Morena demostró una vez más que allí valen más los acuerdos partidistas del oficialismo que los reclamos formales de fiscales que buscan juzgar a dos diputados por denuncias graves (violación de un menor y corrupción, respectivamente). Prefieren detener la labor del Congreso que entregar a los buscados por la justicia.

Por graves que sean, los acontecimientos de los últimos días tampoco son del todo sorprendentes. La llegada de López Obrador al poder en 2018, que se presentó como un revulsivo a favor de la honestidad, es en realidad un modelo de gestión del poder donde toda calamidad llega como «Anillo en el dedo» desmantelar y / o capturar instituciones.

Andrés Manuel no es, de ninguna manera, un presidente que busca equilibrios delicados o costos atenuados de disturbios o tragedias. Uno que apuesta por la pluralidad o intenta hacer que los contrarios se lleven bien. Para nada. Si los magistrados cargan contra su líder, López Obrador pide públicamente que todos renuncien, no por sanear ese juzgado o restaurar la autoridad, sino para desalojarlo porque, según él, no lo quieren.

Porque la crisis tiene un origen muy claro: el abrasador ejercicio del poder de la máxima autoridad nacional que conjuga todo en primera persona, porque pretende que no hay nadie con alguna capacidad para contrarrestar, contradecir o incluso criticar sus deseos. De ahí que el Congreso haya vuelto a los tiempos del PRI donde la voluntad presidencial dicta a las mayorías actuales – conformadas por morenistas y aliados oportunistas – nuevas leyes y estas no se modifican ni con una coma. Obedecer al presidente y no al electorado o incluso a la ley es lo único importante para demasiados senadores y diputados. Si esto desalienta la inversión y frena la economía, si genera impunidad o pobreza, si los jueces buscarán perpetuarse en sus cargos, si -en fin- al final desatan problemas en todas partes, bienvenidos sean estos, ya que serán utilizados. por el jefe máximo y único para nuevos decretos e iniciativas que lo lleven a concentrar más poder.

El hecho de que sea posible rastrear hasta López Obrador el origen de varios de los comportamientos aberrantes que atentan contra la República, no minimiza la responsabilidad de actores que en los poderes de la Unión se han ido acomodando a los deseos de Tabasco. Pocos como el ministro Arturo Zaldívar para ilustrar esto momento mexicano en el que los que fueron llamados a representar una represa institucional han terminado en comandantes de la corte del Palacio Nacional. Porque las crisis tienen un origen, pero hay actores que les han permitido replicarse o profundizarse.

Las consecuencias de una nueva normalidad

Andrés Manuel ha dicho en varias ocasiones que la polémica es bienvenida, que es un signo de los nuevos tiempos. Que ha promovido un ambiente democrático que permite la discusión en lugar del silencio; que está en desacuerdo y en desacuerdo como nunca antes. Es una verdad a medias: su gobierno no es el primero ni el único en enfrentar duras críticas y una feroz oposición. Un debate animado e incluso vertiginoso ha sido la norma desde la década de 1990. La protesta es también el estado normal de nuestra política después de 1988.

Lo que realmente ha cambiado es que los gobiernos del pasado intentaron, al menos en público, contener las reverberaciones de situaciones adversas. Una masacre, un abuso de poder o un desastre económico, así como una tragedia por incendio, explosión, inundación, brote epidémico o terremoto, se abordaron con una lógica centrada en controlar las críticas y eventuales protestas.

Esa fórmula tuvo consecuencias malsanas. El antiguo régimen buscó sofocar el descontento social provocado por el problema, pero casi nunca esclareció y castigó a quienes lo provocaron. Esto no solo abrió la puerta a nuevas tragedias, sino que también implicó una simulación máxima. Se sirvió a las víctimas para apaciguar las expresiones de indignación, no para hacer justicia, aprender o corregir.

El nuevo gobierno tiene un modelo (digamos) diferente. Por decreto de López Obrador, ya contento con esto, no existe la indignación social. Incluso luego de la tragedia provocada por la caída de la Línea 12 del Metro, o por las cifras de pobreza, el mandatario dirá que las víctimas de Tláhuac son buenas y no reclaman las fallas de la gestión gubernamental en el caso del Metro, ni declarará que los pobres, a pesar de ser más y haber sido marginados de los servicios de salud por esta Administración, no pierden la fe en el futuro. Pasa por el clamor social de las víctimas y una opinión pública solidaria con ellas, lo mismo en grandes incendios como Tlahuelilpan (enero de 2019) o por las muertes por la pandemia.

Esta nueva forma de (digamos, de nuevo) gestionar las crisis, es natural que provoque un relajamiento en otros órdenes y niveles de Gobierno. En este escenario, si los medios de comunicación publican reiterados indicios de presunta corrupción del presidente del Tribunal Electoral, que ha llegado a ser catalogado como un «magistrado de boleta», pero el titular del Ejecutivo lo tolera (porque en realidad este Gobierno lo nombró ), entonces ese caso —como cualquier otro problema— sólo será considerado como tal si y sólo si el Palacio Nacional lo sanciona públicamente.

Hasta que las cosas se salgan de control y los demás magistrados ignoren la autoridad del presidente de la corte y eso termine en un gran lío institucional. Y si bien para la opinión pública tal escenario es motivo de preocupación, el jefe de Estado devaluará la importancia del evento.

Porque una cosa es que López Obrador diga que algo no existe, o no es cierto, o es mentira, o que tiene otros datos, o que es noticias falsas, o que sea un ataque de sus adversarios, o que sea cierto pero es exagerado, y muy diferente es que la realidad no pasa factura a las situaciones no atendidas por el Gobierno, incluidos los problemas de la debida administración. como en el Tribunal Electoral, que también tiene pendiente la validación de elecciones en las gobernaciones ganadas por el oficialismo.

Ese constituye el mayor peligro de la ruta elegida por López Obrador. El presidente evalúa todas las circunstancias para capturar instituciones o territorio. Para el primero, se servirá de agredir a quienes se enfrenten a él y nieguen validez a argumentos en contra o críticas; para este último, buscará imponerse –utilizando múltiples recursos– en elecciones que lo lleven a ganar lo máximo posible.

Y, de nuevo, no es que los gobernantes anteriores no quisieran lo mismo (amigos en cada instancia de poder y tantos gobernantes de su lado como fuera posible), sino que de vez en cuando la realidad de un país complejo y plural imponía límites, y graves sucesos inesperados los obligaron a negociar a favor de intereses ajenos a los suyos.

Pero López Obrador en eso es totalmente diferente. Se esfuerza por presentarse como refractario a la realidad. Se acaba el tiempo en su calendario para sentar las bases de lo que quiere que sea un futuro diferente para México. Entonces, como en la primera parte de su sexenio, en el resto no habrá tragedia que lo haga rectificar, ni ningún dato contrario que lo haga cambiar de plan. Del primero, el covid-19 nos trajo un catálogo de ejemplos nefastos, y del segundo ya dijo este viernes, burlándose de la pregunta de un periodista, que a pesar del aumento de la pobreza, no cambiará nada en su forma de combatirla.

Eso nos deja en una situación en la que los demás poderes del Estado tienen que ser sometidos. El ministro Zaldívar quedó cautivado por una reforma judicial que lo convirtió en el hombre fuerte de hoy y de la próxima generación de jueces; Y con el Tribunal Electoral pasará que intentarán copiarlo, como cuando destituyeron al presidente que estaba en el cargo cuando llegó al poder López Obrador. No tienen otra receta porque buscan el mismo resultado que antes: cancelar.

La Cámara de Diputados que se instalará en tres semanas tendrá un destino similar. La conformación que surgió de las urnas será cosa del pasado: el presidente forzará mayorías en consecuencia.

Y mientras se vuelve a poner en marcha esa hoja de ruta con los dos poderes de la Unión, otras instancias sufrirán una embestida similar. El ejemplo más reciente es la renuncia de Sergio López Ayón al CIDE. El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas trunca una gestión brillante en medio de la realidad de amenazas y mezquindades del Gobierno de López Obrador contra las organizaciones públicas.

Otro triunfo para Andrés Manuel, un presidente que celebra las renuncias de personas capaces, que desdeña a todo gobernador que no cede a sus caminos, que en cambio palome candidatos leales a pesar de tener antecedentes penales, que no se inmuta por el dramático nivel de asesinatos mensuales. , que desprecia las medidas sobre la pobreza, la rebaja de la deuda, que se emociona al contradecir a la prensa sin darse cuenta de que estamos hablando de desgracias para los mexicanos, no de un debate ideológico en un aula universitaria de los setenta.

Al ver cómo subestima la capacidad de corroer las crisis, solo se puede pensar que Andrés Manuel cree que el país es solo una gran mañana, donde todo se trata de que el presidente reciba las pelotas que le lanzan los periodistas para que las pegue: logra conectar (contrarrestar) algunos, pero en otros ciertamente se avivó hasta el ridículo esta semana, cuando utilizó un tuit falso en el Palacio Nacional para agredir a un magistrado.

Queda por preguntarse si estas expresiones de crisis en diferentes frentes de gobierno en los últimos días, la renuncia de Zaldívar a la extensión del mandato y la revuelta de los magistrados electorales, son signos de independencia judicial que en el futuro los llevarán a rechazar interferencia.

Podría ser el comienzo de la corrección de algunos de los problemas que estamos presenciando. Los ciudadanos buscan demócratas para sus instituciones. De lo contrario, si entran en el trapo del vivir todos los días para sumarse al caos narrativo, y más que narrativo, que se canta desde la mañana, está claro quién ganará.