Moria, la Europa fallida
C. PÉREZ
- Una delegación de la UE viaja a Lesbos para conocer las infrahumanas condiciones de vida de los refugiados.
- OPINIÓN; Moria debe ser cerrado, por Maite Pagazaurtundúa.
- FOGONAZOS: La isla de la vergüenza, por Encarna Samitier.
La crisis de los refugiados de 2015 y su millón de personas llegadas de Siria y otros países de la zona pilló a la Unión Europea por sorpresa. Bruselas y los Estados tomaron medidas de urgencia removidos por la indignación de la opinión pública. Nadie puede olvidar el cuerpo de Aylan en aquella playa. Hoy, el campo de Moria—con 5.256 personas— sigue sin agua potable ni alcantarillado y dispone de un solo médico militar.
Los más vulnerables, mujeres solas o menores no acompañados, se hacinan en contenedores bajo alambradas de concertinas («para protegerles»). Los demás, miles, se reparten sin orden en tiendas, contenedores y todo tipo de ¿infraviviendas? construidas con cartones, plásticos y palés. Si antes venían de Siria, ahora son los afganos la población mayoritaria, previo paso por Irán y Turquía, donde han pasado meses, años. Allí han nacido sus hijos, apátridas, sin documentos y sin esperanza.
Cuando llegan a la costa europea –tierra de prosperidad, solidaridad y derechos humanos– lo primero que les sorprende es que no hay información. Moria es supuestamente un campo de tránsito. Huellas dactilares, registro, comida. Eso es todo. Pueden pasar aquí años. La primera cita para evaluar el dosier de solicitante de asilo es ahora mismo para 2021. No hay intérpretes ni abogados oficiales. Las autoridades griegas están sobrepasadas; el personal, agotado, impotente. No hay colegio, no hay clínica, no hay asistentes sociales, no hay psicólogo.
La administración europea ha dejado en manos de las ONG el reparto de alimentos, la asistencia sanitaria, la atención más básica de miles de vulnerables que añaden cada día en este agujero nuevas violaciones, abusos y humillaciones. Las mujeres duermen con pañal para no tener que salir a las letrinas comunes por miedo a ser violadas. Pero muchas lo son. No se denuncia. ¿A dónde? ¿A quién? Las recién paridas («no hay cifras porque es temporal y todo cambia de un día para otro») pasan tres días en el hospital público de Mitilene, donde la humilde población local, acogedora y afable, comienza a agobiarse e impacientarse ante una situación que persiste años. 72 horas después, esas mujeres y sus bebés vuelven al campo.
Médicos Sin Fronteras ha tenido que montar su propia clínica pediátrica temporal frente al campo de refugiados, donde atiende cada día a centenares de menores. La fundación Remar, la única ONG española que permanece en el campo, se encarga del reparto de alimentos. «No pasan hambre, pero falta todo lo demás». Los 15 abogados voluntarios de European Lawyers in Lesvos (ELIS) intentan dar salida a miles de expedientes desde una tienda cercana.
Oxfam denuncia periódica y sistemáticamente la situación de mujeres y niños; International Rescue Commitee llama la atención sobre los jóvenes subsaharianos. «El 80 por ciento han sufrido violaciones». Mientras, el «paquete de asilo», el entramado de decisiones y normativa propuesto por la Comisión y aprobado por el Parlamento Europeo para acabar con estas situaciones, sigue estancado en la mesa del Consejo de Ministros de la UE desde hace tres años.