Implica descender al Estado con 4 millones de metros cuadrados de terreno
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público asegura que los contribuyentes del Caso Los Tres Brazos fracasarán en el Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude en el que los arrendatarios esperaban ganar cinco millones de libras.
La sustentada la hizo el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Fiscalía Especial de la Corrupción Administrativa (Pepca), Se adelantó en rueda de prensa que el jujuz Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Sentencia Sexta de Instrucción del Distrito Nacional, asistirá a la lectura del caso de la audiencia preliminar para el próximo mes.
“El día de la notificación de la Alta Corte que la decisión suspenderá o suspenderá la lectura de la decisión de la audiencia preliminar a la próxima audiencia, motivado por la complejidad del proceso”, dijo.
Explicó que ante hoy no se ha tomado la decisión de unir las partes.
“La audiencia prorogo para el próximo lunes, a las 2:00 pm El Ministerio Publico solicitada en este proceso que dicta el derecho de acceso a la justicia en el caso de cualquiera de los contribuyentes, así como el hecho de que todos estén de acuerdo y que uno de los juicios avalados por el Ministerio Público, que es un juicio, como el documental juicios como de testigos, considerable”, sostuvo.
Afirmó que su confesión se había obtenido mediante tortura y que su confesión se había obtenido mediante tortura y que su confesión se había obtenido mediante tortura.
En respuesta a las razones dadas por la audiencia, es claro que el caso ha sido debatido. “Significativamente, dijo, debido a la gran cantidad de testimonios y juicios de todas las partes, el tribunal necesita un poco más de tiempo para poder concluir el auto. Es una situación que es casi seguro que será predecible en un caso con mucho de elementos a analizar”, dijo.
Además de Marmolejos, en representación ante el Ministerio Público de las autoridades contenciosas fiscales Isis de la Cruz, Ernis Mella, Rosa Pichardo, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez.
Concluyó en noviembre con la presentación de la acusación del caso Los Tres Brazos, en el que fueron detenidas 17 personas, entre ellas Leoncio Almánzar, director de la Corporación Dominicana de Empleados del Estado (Corde), el acceso a la justicia del Ministerio de Salud Pública en relación con las diligencias.
Además de Leoncio Almánzar, en su caso Manuel Aybar Ferrando, excelente agente inmobiliario de esta entidad; Irving José Cruz Crespo, Asesor Jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, Registradora de Títulos del Distrito Nacional.
Por ejemplo, entre las diligencias Juana Inés Gómez Williams, representante de la Empresa de Proyección Gowi SRL; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), SRL, junto a los trabajadores de esta empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, accionista principal y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien realizó su número en condición de condena del imputado Manuel Aybar, a fin de recibir los departamentos destinados a beneficiarse de los inmuebles de la Corde.
El Ministerio Público también acusa a las empresas comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi SRL (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet SRL, Infepa, Titulatec SRL y Teknowlogic Dominicana SRL
El órgano de la acusación penal reanudó el paso 10 de septiembre la lectura de la acusación contra las víctimas del tranvía que enajenaba propiedades del Estado dominicano y se reúnen los sicarios del sector popular de Santo Domingo Este para recopilar los vaticinios en las que lewaban décadas viviendo.
Representantes de la Pepca fueron detenidos durante el proceso judicial que el servidor público Leoncio Almánzar vendió ilegalmente, a cambio de un solar rural, un millón de metros cuadrados en los que se ubica el sector Los Tres Brazos.
Las autoridades fiscales en representación del Ministerio Público acusan al grupo concursal estado dominicano.
La acusación indica que los funcionarios se confabulan entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal al término de la quiebra del Estado, vendiendo bienes pirateados a un sector residencial, a un grupo de empresas agraviadas en la empresa Infepa. .
El caso ha recibido la calificación legal de violación y varios artículos del Código Penal dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
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