Guatemala «Capital Pro Vida», soporta aborto peneano, prohíbe matrimonio gay
Ciudad de Guatemala (AP).-Reitera las penas por aborto y la prohibición del matrimonio igualitario y la inclusión en temas educativos sobre diversidad sexual aprobada por el Congreso guatemalteco genera el derecho de un sector del pueblo guatemalteco designación como “Capital Pro Vida” por Iberoamérica.
Con 101 votos a favor de funcionarios y aliados, también en contra de 51 elecciones, el Parlamento aprueba la Marcha del Día de la Protección a la Vida y la Familia que contiene cambios en el Código Penal, entre ellos, el aumento de 10 años de prisión en mujeres que abortan.
La norma también se aplica a los penes y medicamentos que facilitan la interrupción del embarazo y el aumento es de hasta 50 años si se practica un aborto sin el consentimiento y, en consecuencia, la madre muere, salvo que un año de nacimiento.
La legislación guatemalteca salvo lo no punible con aborto terapéutico por lo que la nueva establece más requisitos para que se aplique esta excepción.
La propuesta vino en sentido contrario a lo que dijo sobre otros países latinoamericanos como Colombia, que el mes pasado incrementó el acceso al aborto cuando la Corte Constitucional votó a favor de legalizar el procedimiento hasta la semana 24 de embargo.
En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que el aborto no sería un delito y que se produciría un período de inconstitucionalidad y en el año que entró en vigencia en Argentina un permiso que permitía el aborto electivo hasta el lunes 14 del mes en casos de violar o arriesgar el saludo de la mujer. La norma fue aún más significativa por el Papa Argentina de Francisco.
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La abogada feminista Stephanie Rodríguez explicó que al aumentar las penas de prisión “pero la probabilidad de que estas (las mujeres) Sean estén investigando las penas si fueran a pagar la vergüenza de forma natural”.
Organizaciones y defensores de derechos humanos critican que la norma criminaliza a las mujeres que abortan y reduce los derechos humanos de las personas LGBTI. El fiscal de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad por considerar que la nueva ley está siendo aplicada y discriminada.
“Es una coincidencia que en la plenaria del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) el Congreso le diera el visto bueno a las mujeres de Guatemala, un retiro. “Cuando el mundo se vuelve amistoso, Guatemala está implacablemente limitando derechos y dándoselos a las mujeres”, dijo la fiscal.
La Asociación La Familia Importada, que apoya la ley y promueve la vida de su concepción, pide al Presidente que analice la tecnología y legalmente la norma para “aquello que no haya sido ratificado por una ley que pueda dar derechos y garantizar garantes y garantías” que puede sancionar o promulgar un decreto «en la medida en que no se tenga la plena seguridad jurídica de que la totalidad del contenedor se encuentra en mora».
También incluye prohibiciones como el matrimonio o el reconocimiento de la unión libre de parejas del mismo sexo.
Cristian González, de Human Rights Watch, es una de las normas que se encuentra “peligrosa, representando una amenaza a los derechos de las mujeres y personas LGBT y el país”. Además de la nueva ley, el gobierno sumo el miercoles la declaración de centroamerico como Capital Pro Vida de Iberoamérica y la celebro este 9 de marzo, Día de la Vida y la Familia según otra norma aprobada por el Congreso en febrero.
El presidente Alejandro Giammattei dijo que el evento fue “una invitación a los guatemaltecos a estar unidos, a proteger la vida de su concepción de muerte natural, es un día para celebrar que tenemos un país para aprender, enseñar o poseer la vida de su concepción ”.
Luis Lam, enviado de Guatemala ante las Naciones Unidas y uno de los impulsores y organizadores del evento, dijo que “Guatemala ha tomado la valiente decisión del consenso de Ginebra de que es una coalición de paz que tiene la declaración de la vida y la familia de forma continua , estableciendo que el aborto no es un derecho humano como algunos pretenden y que la familia es la institución fundamental de la sociedad”.
La nueva también prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en los niños y adolescentes programas políticos o programas “que tiendan a desviarse de su identidad según su sexo para nacer”. Según el Observatorio Salud Reproductiva entre enero y diciembre de 2021 se registraron 72.077 nacimientos entre 15 y 19 años y 2.041 entre 10 y 14 años.