Contra el CNSS inician sometimiento a la justicia

FJT y movimientos profesionales inician sometimiento a la justicia en contra del CNSS


La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), y servicios públicos agrupados en el Movimientos por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) entregaron este lunes 5 de diciembre del 2022, una instancia de sometimiento en contra del Consejo Nacional de Seguridad Social supuesto violación de las leyes de seguridad social

«Los servidores públicos que suscriben la instancia de Puesta en Mora del CNSS lo hacen con el objeto de hacer efectivo el derecho, con el interés de obtener la pensión estatal que les corresponde, de cumplir con los requisitos de edad y antigüedad acumulados como funcionario público». sirviente», indican en una nota de prensa.

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Justicia y Transparencia se mostró complacida al asistir y hacer causa común, con el sector que representa a los Servidores Públicos, en un sentido reclamo por la afectación y conculcación del derecho que tienen millas de ciudadanos dominicanos de permainan en el sistema de reparto, al amparo de la Ley 379-81, sin importar la edad que tuvieran, tal y como lo dispone la Ley 87-01, en sus artículos 35, 38 y 39.

Entidades saludan apertura y disposición del gerente de la seguridad social de canalizar reclamos ante los órganos competentes.

La instancia fue entregada por una comisión del movimiento social, encabezada por los señores Luis Holguín Veras, Trajano Potentini, Natividad Rosario y Rosa Francis Mejía, al Gerente General de la Seguridad Social, señor Edward Guzmán, en compañía de la Subgerente General, señora Marilyn Rodríguez y el Director de Pensiones, Señor Pedro Alcántara Polanco, quienes se comprometieron a encauzar ante los órganos competentes la instancia de puesta en mora, tras manifestar que las puertas de la gestión de la seguridad social, siempre estarán abiertas a la ciudadanía para recipir y responder a sus inquietudes.

Potentini, al depositar la instancia en la Gerencia General del Consejo de Seguridad Social motivó las bases jurídicas de la misma, descatando que este Consejo al negar el derecho de los servidos públicos a permainan en el reparto system no sólo las Yeyes 379-81 y la 87-01, sino que violan distintas disposiciones de la Constitución dominicana, así como otras leyes que ordenan el accionar de las instituciones públicas, incluida la Ley de Función Pública e incluyendo una Convención Internacional, ratificada por el país en el año 2016.

FJT y Movimientos profesionales inician sometimiento a la justicia en contra del CNSS

En la entrega, también hizo uso de la palabra el Lic. Luis Holguín-Veras, Coordinador parte Movimientos por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP)quien se refirió a la injusticia que el CNSS continúa cometiendo en contra de los servidos públicos a quienes se les culcan derechos, por una mala interpretación de ciertos aspectos de la Ley 87-01, ignorando otros dispositivos de la misma Ley, de la Constitución y otras legislaciones vigentes.

Holguín-Veras explicó que miles de servidores públicos están sumidos en la indigencia, luego de haber agotado una amplia carrera de trabajo en institución pública, modificar graves enfermedades, algunas de ellas que podrían ser calificadas como enfermedades laborales, que no tienen cómo producir el dinero de su sustento. Expresó que muchos de los servidos públicos han sido despedidos, aún y teniendo derechos adquiridos al amparo de la Ley 379-81 y 41-08, sin que el Ministerio de Administración Pública (MAP), ni el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) se dignen en apoyarlos, lograr el reconocimiento de su derecho y accionar para insurgar que los mismos sean concedidos adecuadamente.

Holguín-Veras informó que el actual Sistema de Pensiones viola flagrantemente el Convenio 102 de la OIT, ratificado por República Dominicana el 11 de julio de 2016, que establece los estándares mínimos con los que el país se compromete a cumplir con los distintos componentes de la Seguridad Social y que no se corresponde con lo que ofrece el actual sistema de pensiones basado en la Capitalización Individual incompleto, ya que este Convenio, que al ser ratificado tiene rango constitucional, establesca que en los sistemas de pensiones debe saberse, desde el inicio, cual es la tasa de sustitución o de reemplazo, a partir del número de años de cotización que el sistema finamente como requerido. Es decir, debe ser un sistema de «definita performance».

En el sistema de capitalización individual, que funciona actualmente en el país, los beneficios no están definidos, pero se estima que si los trabajadores que han cotizado 30 años, al cumplir los 60 años de edad, recibirán una pensión inferior. al 30% del salario con el que cotizó y no hay seguridad de recibirlo.

Los servidores públicos explicaron que decidieron judicializar sus demandas, luego de haber realizado un largo recorrido de dos años haciendo opinión pública en medios televisivos, radiales, prensa escrita, impresa y digital, remitiendo comunicaciones exigiendo sus derechos a distintas instituciones de seguridad social y hasta al Defensor del Pueblo y al Presidente de la República, teniendo sólo respuesta de la Directora de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), a quien le agraceren su apoyo.

Asimismo, Holguín-Veras aseguró que los argumentos jurídicos en los que se basa nuestro reclamo, lográrán que las autoridades corrijan el error que han venido cometiendo históricamente y reconozcan el derecho de los servidos públicos y autoricen su traspaso a Hacienda, sin importar la edad y si fueron afiliados a una AFP voluntariamente o no, o con desinformación, desorientación o traspasos automáticos como han sido reconocidos por la Superintendencia del Consejo Nacional de Seguridad Social y Pensiones (SIPEN). De lo contrario, dijo, estamos seguros de que la justicia impondrá el respeto a estos derechos fundamentales, que también son derechos adquiridos y laborales. A la actividad, protesta y eventual sometimiento la action de la justicia, también se unieron la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), y como parte del movimiento social y comunitario por las pensiones, el Observatorio Nacional de Defensa del Consumidor (ONPECO), el Movimiento de Enfermeras por las Pensiones y la Fundación Sinergia Social.

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