Consultar al doctor en el súper: las grandes empresas entran en el negocio de la salud aprovechando los huecos del sistema público | Economía

Walmart, una de las cadenas de supermercados más grandes de México, estrenó hace poco su primer Centro de Servicios Médicos en la capital del país. La oferta es parecida a la de una clínica: nueve consultorios con médicos pediatras, internistas y hasta dentistas, estudios rayos X y ultrasonidos, entre otros. Pero esta no es una incursión al sector de la salud. Walmart ya tiene 500 consultorios aledaños a sus farmacias y, solo el año pasado, atendió a más de un millón de pacientes. El nuevo centro es muestra que la empresa le apostará en grande a lo que percibe como un gran negocio en potencia.

Más empresas en México están capitalizando una tendencia que se exacerbó durante la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: la necesidad de los ciudadanos de recurrir al sector privado para atenderse ante menor acceso a los servicios públicos. Según numerosos especialistas, el Gobierno ha fallado en llenar el vacío que creó cuando se deshizo del Seguro Popular, un programa de afiliación voluntaria de bajo costo para quienes no contaban con cobertura de algún tipo.

Bajo esta Administración Federal, las más grandes cadenas de farmacias han expandido las consultas médicas de bajo costo que ya ofrecían. También la asociación de asistencia pública Salud Digna invirtió para expandirse rápidamente durante este sexenio. Ahora, la apuesta de Walmart cambiará el panorama del sector.

“Son las deficiencias en el sector público lo que está generando esto que estamos observando, cada vez mayores servicios privados, cada vez servicios privados más baratos que buscan llegar a sectores de ingresos más bajos”, dice Ricardo Vázquez, académico investigador de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, quien se especializa en políticas públicas de salud.

Más de 50 millones de mexicanos reportaron el año pasado no tener acceso a servicios de salud, según los datos oficiales. Esto representa un incremento de 151% con respecto de 2018, cuando ese dato fue 20 millones, según un análisis del think tank independiente México Evalúa. Los hogares más pobres son los más afectados por la falta de cobertura, ya que destinaron un 4,2% de su ingreso a gastos en salud, 1,3 puntos más que en 2018.

Entre la población sin cobertura médica, el 37% se atendió en unidades de salud privadas el año pasado, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, con un elevado porcentaje en consultorios aledaños a farmacias. Esta fue la preferencia también entre derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes se quejan de una escasez de citas o de citas con tiempos de espera muy largos. Solo el 55% de ellos se atendió en las unidades médicas públicas que les corresponde. Un 27,5% se atendió con privados y más del 10% se atendió con médicos de farmacias.

Cuando la farmacia más cercana, por ejemplo, cobra 20 pesos por una consulta médica con un tiempo de espera corto o de un par de horas, la oferta se vuelve muy atractiva. La calidad, por otro lado, es baja. Los médicos que atienden son, en ocasiones, enfermeros utilizando una cédula prestadas.

All llegar el poder a finales de 2018, López Obrador disolvió el programa conocido como Seguro Popular, el cual operaba como una financiera que licitaba contratos por servicios médicos privados de manera que quienes carecían de cobertura pudieran afiliarse y pagar a precios subsidiados. “El Seguro Popular logró mejorar la reducción en el gasto de bolsillo”, asegura Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico México, un centro de análisis especializado independiente. “Este avance, aunque quizás no fue muy grande, sin duda se ha perdido”.

Una segunda política que impactó al sector ha sido el rediseño en el sistema de compras de medicamentos, el cual ha generado desabasto tanto en el sistema público como el privado. “Este gobierno llegó con esta idea de que iba a combatir la corrupción,” recuerda Vázquez, “entonces deshizo lo que había a pesar de que funcionaba. Si había corrupción, se debió haber investigado, pero se deshizo el sistema de compras lo que generó otro vacío que no se ha podido llenar”, agregó el académico.

La semana pasada, la secretaría de Hacienda anunció que está en negociaciones con concesionarios de nueve hospitales construidos en sexenios anteriores bajo el esquema de asociaciones público-privadas para adquirirlos por unos 5.500 millones de pesos. Las infraestructuras son gestionadas actualmente por el IMSS, del ISSSTE y la Secretaría de Salud. La decisión pareciera una “medida un tanto desesperada ante el fin de sexenio”, opina Vázquez. La Administración de López Obrador termina en octubre del 2024.

“Puede ser más una medida de aparado para que el gobierno pueda por lo menos argumentar que en este fin de sexenio está intentando algo que mejore o solucione muchos de estos problemas que el mismo gobierno creó”, opina el académico. “Es algo superficial, más que algo que realmente pueda llevar a una mejora sustancial de los servicios”, agregó.

Por su parte, Martínez considera que la infraestructura privada, incluyendo la de bajo costo en empresas privadas, pone al país en una mejor situación. “Si volteamos a ver lo que ya existía incluso durante la pandemia, si no fuera por esa infraestructura que ya contamos por el sector privado, quizás como país nos pudo haber ido peor con la covid-19″, dice el especialista.

“El crecimiento de esta oferta por el lado del sector privado, además de que pueda ampliarla, genera competencia y tienen que ofrecer mejores precios con servicios más completos. Yo lo tomaría a bien, aunque sea por una condición que no es afortunada”, concluye Martínez.

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