Camps intensifica la campaña para intentar frenar su juicio en la Audiencia Nacional | España

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana y exdirigente autonómico del PP, ha intensificado la campaña para intentar frenar el juicio pendiente por el caso gurtel, para el que aún no hay fecha y hacia dónde se enfrenta una solicitud de la Fiscalía de dos años y medio de prisión por prevaricación y fraude. El exdirigente popular, que se ha ofrecido al partido volver a la primera línea política, ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional para solicitar que se plantee una batería de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, a su juicio, deben ser resueltas antes de la celebración de la vista oral para determinar si han sido violados Sus derechos.

“Son elementos que deben ser delimitados y claros con anterioridad al juicio, ya que pueden afectar directamente la continuación del propio procedimiento contra [Camps]”, expone el documento, fechado el 28 de diciembre y al que tuvo acceso EL PAÍS. El expresidente autonómico sostiene que la Audiencia Nacional vulneró su derecho a la presunción de inocencia al incluirle en este caso —centrado en laudos de la Generalitat a Gürtel y que califica de “clara sentencia de parcialidad política”— después de que miembros de la trama lo señalarán en otra audiencia oral.

En su escrito, el popular también carga contra el juez de instrucción José de la Mata, al que acusa de haber abierto una investigación prospectiva y sobre el que cuestiona su «imparcialidad» por haber ocupado el cargo de director general de Modernización de la Justicia entre 2009 y 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). El magistrado concluyó que el expresidente maniobró para adjudicar irregularmente un contrato en 2009 a las empresas de la trama Gürtel y así favorecer a la red corrupta que encabeza Francisco Correa, “como venía haciendo desde 2005”. Tras el recurso de Camps, la investigación fue avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que existen «indicios de criminalidad» suficientes para situarle en el banquillo de los acusados.

Según el juzgado, las investigaciones han «acreditado de forma indiciaria la participación directa y personal» del exdirigente popular en la adjudicación irregular del stand de los grandes actos de Fitur 2009, así como la «estrecha relación» que mantenía con Álvaro Pérez, El hombre de Correa en Valencia y apodado los bigotes. La Sala de lo Penal añadió que Camps sabía que el PP autonómico debía dinero a Orange Market, empresa de la red de Gürtel: “Las adjudicaciones dirigidas por Camps se hicieron para ganar tiempo y tranquilizar a Pérez ante las continuas exigencias que haciendo (presionado por Correa) para saldar la cada vez más voluminosa deuda del PP”.

Además, en el juicio instruido sobre la financiación irregular de los valencianos populares, Ricardo Costa, exsecretario general del PP regional, ya apuntó a Camps al afirmar que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 «con dinero negro de contratistas de la Generalitat» por indicación del entonces presidente de la Comunidad. El Bigotes también apuntó en la misma dirección e incluso detalló que Costa telefoneó a Camps en su presencia para «pedir instrucciones» sobre cómo saldar la deuda del partido.

Aun así, el expresidente valenciano asegura en la reciente carta remitida a la Audiencia que la instrucción vulneraba su derecho a la defensa; que De la Mata incumplió con su obligación de “buscar pruebas tanto incriminatorias como exculpatorias —“es decir, valorar una hipótesis compatible con la inocencia”, señala—; y cuestiona, entre otras cuestiones, que las declaraciones de miembros de la trama en otros juicios puedan ser utilizadas en su contra. Por encima de todo, quiere que se pronuncie el TJUE.

Esta no es la única iniciativa que ha tomado Camps en los últimos meses. Según informa Europa Press, el exdirigente popular presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la supuesta falta de garantías en el procedimiento. También ha recusado al magistrado progresista José Ricardo de Prada, que forma parte del tribunal que le juzgará. El político le atribuye una «animosidad descarada» contra el PP. De Prada fue miembro del tribunal que juzgó la trama principal de la caso gurtel, conocida como Época I, que acabó con la primera sentencia dictada contra los populares por beneficiarse del entramado corrupto y que impulsó la moción de censura del socialista Pedro Sánchez que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. Desde entonces, la formación conservadora mantiene una intensa campaña contra este magistrado.