Audiencias virtuales deben ser reguladas mediante una ley, plantea catedrático universitario
La virtualidad de los procesos judiciales debe ser regulados mediante una ley en la que se establezcan los procedimientos y herramientas para que todos los usuarios tengan un acceso más efectivo, además de evitar vulneración de los derechos constitucionales.
Así lo sugiere el abogado y profesor universitario Enmanuel Rosario, quien considera que aunque la virtualidad es beneficiosa para los abogados en la mayor parte, está generando problemas en el aspecto administrativo, debido a la falta de respuesta en lo que tiene que ver con la falta de respuesta cuando se solicita o se deposita alguna documentación por la vía electrónica.
“Aquí se necesita que se regule el tema de las audiencias virtuales porque, hasta ahora, se han estado celebrando en base a una resolución del Consejo del Poder Judicial. Entonces esa resolución no tiene la potestad ni la fuerza suficiente para esa regulación y por eso las audiencias virtuales tienen un carácter optativo, es decir, tienes que esperar que la contraparte te diga si quiere o no aceptar la audiencia de manera virtual”, expresó el catedrático universitario.
Consideró que eso no puede ser así, pues entiende que los procesos judiciales no son “contratos en los que se requiera la voluntad de las dos partes. Lo que significa que, indiscutiblemente, se le están violentando el derecho de acceso a la justicia a una parte y el derecho a una tutela judicial efectiva, que son dos cosas que van de la mano”.
Visión de presidente Poder Judicial
En su blog electrónico que regularmente escribe todos los sábados, el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, expresó que la virtualidad, que para algunos es un dolor de cabeza, permite mayores niveles de fiscalización, medición y supervisión del trabajo de jueces y colaboradores judiciales.
Reconoció que la entrada de la gestión digital, así como el conocimiento de audiencias virtuales, se esperaban fueran implementados de modo paulatino en un periodo de cinco años, pero fueron acelerados por la pandemia y por eso existen fallas a corregir. Pero dijo que “lo estamos logrando con paciencia, pero sobre todo preocupados por aumentar la capacidad de respuesta y mejorar la atención a los abogados, abogadas, ciudadanos y ciudadanas que requieren servicios de la Justicia”.
Planteó que la justicia requiere seguir avanzando en ese camino y aprovechando sus ventajas, haciendo los ajustes para su optimización.