Aena empieza a devolver alquileres 2020, pero no a las grandes cadenas | Compañías

Los inquilinos de las zonas comerciales de los aeropuertos españoles han comenzado a recibir una factura rectificando el cobro de las rentas 2020 por parte de Aena. Los primeros asentamientos, como habrás aprendido Cinco días, fueron emitidos ayer en cumplimiento de lo establecido en la disposición final séptima de la enmienda Ley de Gestión del Transporte Terrestre. Con él, las rentas mínimas anuales garantizadas (RMAG) que recibe Aena de tiendas, restaurantes y otros establecimientos se reducen en el mismo porcentaje a medida que cae el tráfico en el aeropuerto donde operan, hasta la recuperación de los niveles de actividad en 2019.

La empresa que preside Maurici Lucena cumple así el mandato legal, pero lo hace preservando tu línea de defensa. Y solo va a regularizar la situación de ingresos de los inquilinos que accedieron a rebajas con la propia Aena antes de que el Congreso entrara de lleno en este asunto. Eso llega a 90 empresas, la mayoría de ellas pymes, con un peso del 13% en la RMAG. Por el momento, las grandes cadenas que, como Areas, Dufry y SSP (75% del total de RMAG), llevaron al operador público a los tribunales exigiendo mayores reducciones en sus rentas.

Aena ha reclamado a los jueces, hasta el momento en una decena de los 104 procesos abiertos, la cuestión de la inconstitucionalidad contra la enmienda antes mencionada que afecta su política comercial. A la espera de que los tribunales decidan si plantean este asunto al Tribunal Constitucional, Aena suspende la reformulación de los grandes proyectos de ley. Un revés para firmas como Dufry, que ya ha registrado una millonaria regularización en sus cuentas por parte de Aena.

De hecho, las nuevas facturas enviadas a las pymes contemplan una salvaguardar a favor del arrendador, que se reserva el derecho de rectificar los ingresos, reclamando la diferencia si es necesario, en caso de que prevalezca el tema de inconstitucionalidad contra la norma. Esto es para mantener la línea de argumentación que Aena está utilizando en los tribunales.

En esta nueva situación, regida por la Ley de Ordenanza de Transporte Terrestre, se da la circunstancia de que algunos comerciantes consiguen que el acuerdo pague. Aena había pactado con ellos la exención de los ingresos por alquiler durante el primer estado de alarma (del 15 de marzo al 20 de junio de 2020) y mientras la terminal donde prestan servicio estaba cerrada por decisión del arrendador, como sucedió en el Madrid, Barcelona. y los aeropuertos de Palma de Mallorca, entre otros. El texto que salió del Congreso prevé también la gratuidad durante el encierro y, posteriormente, la reducción relacionada con la actividad en todo el aeropuerto. Tan poco como operó la T4 de Barajas, por ejemplo, su tráfico durante 2020 sale a pagar a los comerciantes que tenían las terminales 1, 2 y 3 cerradas.