Acceso a medicamentos esenciales

Solo en 2022, el Programa de Apoyo Logístico Central y Medicamentos Esenciales (Promese/Cal) sirvió a los dominicanos cerca de cinco mil millones de pesos en medicamentos e insumos de salud a través del Servicio Público de Salud Nacional y la Red de Farmacias del Pueblo en 2022.

Esto ha permitido que las personas de menores recursos accedan a medicamentos e insumos esenciales a muy bajo costo, lo que sin duda resuelve uno de los problemas más importantes del país y se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en normas como la ley general de salud.

Este evidente éxito del gobierno en este expediente podría ir acompañado de medidas aún no exploradas, para hacerlo aún más completo. Por ejemplo, existen muchas empresas en República Dominicana con capacidad de fabricación y suministro para todo el mercado local de casi todo tipo de medicamentos.

Sin embargo, algunos productos farmacéuticos de primera necesidad para la población, si bien la industria local es bastante capaz de fabricarlos, no pueden hacerlo en el marco de la ley porque las empresas que los comercializan en forma exclusiva poseen patentes de invención que en la práctica en nuestro país confieren todas las ventajas de un monopolio y por lo tanto venderlas extremadamente caras.

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) cuenta con mecanismos como las licencias obligatorias para autorizar a otras empresas (como los laboratorios dominicanos), en circunstancias muy específicas previstas por la ley de propiedad industrial, a vender los mismos medicamentos a precios significativamente más bajos. . Sin embargo, aunque la ley establece plazos específicos y la institución ha recibido muchas solicitudes desde el año 2000, simplemente se dejan de lado y nunca se ha emitido ninguna.

En este sentido, una forma de que el sector público muestre que la revolución de la salud es una prioridad sería poner en marcha un plan de licencias en caso de un interés público o incluso una emergencia nacional. Un ejemplo de un caso de este tipo es sin duda la necesidad actual de poner al alcance de toda la población, a un menor costo, los medicamentos necesarios para el tratamiento de la hipertensión arterial que afecta a tantas personas.

Esta cuestión es sumamente delicada porque pone en entredicho el derecho fundamental a la salud. Por ello, esperamos que la sugerencia sea tenida en cuenta para que los planes ejecutados sean aún más efectivos y atractivos.