OPINION: ¿Existe Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción? 

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Las Políticas Anticorrupción en América Latina han tenido diferentes matices, perspectivas, orientaciones y resultados.

Se puede afirmar e incluso documentar que ha habido experiencias de las políticas anticorrupción en América Latina, incluso hay casos donde se disponía de suficiente información como para poder analizar la continuidad y evolución histórica de dichas políticas desde una perspectiva regional.

República Dominicana enfrenta retos y riesgos relacionados con el fenómeno de la corrupción. Al parecer, el presidente Luis Abinader está dispuesto a asumirlo.

Las formas/enfoques/estrategias anticorrupción tienen que estar ligadas a las características institucionales, políticas y sociales de cada país.

Ejemplo los hay, como los de Argentina, Colombia, Chile, El Salvador y México que nos ilustran la variedad en las respuestas anticorrupción.

Cada uno se encuentra en etapas distintas en lo que se refiere a la evolución de su(s) política(s) anticorrupción, y en gran medida han respondido con una articulación diferente a los marcos normativas regionales (CICC) y globales (CNUCC).

México (1976) es el país con antecedentes de políticas anticorrupción más antiguos, después le sigue Chile cuya trayectoria se inició en 1994.

Colombia, inició su Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción a finales de los 1990, el Salvador, constituye la experiencia más reciente, 2009.

Cada uno establecieron tres campos de trabajo en el marco de la anticorrupción: 1. Transparencia y participación; 2. Fortalecimiento del control interno en las entidades del Ejecutivo; e 3. Internalización de Convenios Internacionales.

Además, define dos grandes áreas de políticas: 1) estrecha cooperación y coordinación con los demás organismos del Estado relacionados con su temática y 2) apertura y estímulo a la participación de la sociedad civil.

En cada uno de esos países el diseño de las políticas anticorrupción respondieron a distintas razones: escándalos políticos; cambios de gobierno; procesos de reforma política y/o de gobernabilidad democrática; demandas del sector empresarial y/o económico para atraer inversión extranjera y/o participar de tratados de libre comercio regionales y o globales; la adopción de convenciones y/u otros instrumentos internacionales anticorrupción; presiones y/o condicionamiento por parte de organismos internacionales (donantes, institucional financieras internacionales), ONGs internacionales y nacionales, medios de comunicación y centros de investigación;  la lucha contra el narcotráfico; y el liderazgo y/o demanda de líderes políticos y de la sociedad civil.

Cabe preguntarse si las políticas anticorrupción que trata de aplicar Luis Abinader forman parte integral de las estrategias de “buen gobierno” y o reforma política; o son acciones aisladas que no se enmarcan dentro de ninguna estrategia de reforma política.

El tiempo nos dará la respuesta.

¿En RD se está pensando en el predominio de lo preventivo? Existe una estrategia gubernamental de comunicación estratégica que permita informar, educar, y dar cuenta de las acciones, los resultados esperados, y los desafíos anticorrupción.

Deben entender que la falta de este elemento estratégico o “la opacidad,” tiende a generar un vacío de información que afecta no solo a la percepción ciudadana, sino también alimenta la desconfianza hacia el gobierno y Luis Abinader.

¿Existe una agenda, una estrategia anticorrupción?

Las políticas anticorrupción que se trata de implementar en RD son solo preventivas y/o punitivas?

Recordemos que la demanda anticorrupción se ha generado en RD por una reacción de la ciudanía, la sociedad civil y la prensa frente a los escándalos de corrupción.

Debe saber el gobierno de que el diseño y elaboración de políticas anticorrupción no es un proceso lineal. No depende estrictamente de normas nacionales, internacionales, regionales. Es un proceso multidimensional, interactivo, dinámico, político, técnico e institucional que involucra a un sin número de actores.

Se ha creado algún documentos o enunciados (estrategias anticorrupción), de agendas de transparencia en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de enfoques anticorrupción como parte de agendas de reforma más amplias de gobernabilidad y/o de la administración pública, que forme parte de una política anticorrupción?

Las políticas anticorrupción no pueden estar sujetas a intereses creados, a la falta de planificación y coordinación estratégica, a la ausencia de arreglos institucionales efectivos, a una escasa asignación de recursos financieros y humanos y pocas herramientas no solo para el castigo sino para prevenir y/o gestionar el riesgo de la corrupción.

Porque si no, tiende a constreñir no solo el impacto de las políticas anticorrupción, sino también el espacio político e institucional para hacer cumplir las normas. Cualquier acción anticorrupción se verá afectada en cuanto a su profundidad, institucionalización, articulación, y sostenibilidad.

La esperanza, como en el mito de Pandora es lo último, es lo que nos queda…

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