Lucha contra la corrupción no debe convertirse en un paredón –
Aunque el Código Penal lleva 14 años secuestrado en el Congreso, el texto vigente y leyes especiales identifican ilícitos penales relacionados con la prevaricación, cohecho, asociación de malhechores, lavado de dinero ilícito, por lo que no se requiere redescubrir a América.
Lo que no figura en ningún texto jurídico es la figura de la voluntad política que deben expresar el Gobierno, Ministerio Público y Orden Judicial para que el régimen de consecuencia prevalezca ante la comisión de cualquier crimen o delito, sin importar rango económico, político o social del encartado.
Para imponer ley y orden no hace falta instalar tribunales mediáticos ni convertir la justicia en carruajes que acarrean cargas políticas o corporativas. Es suficiente que Ministerio Publico y justicia cumplan con sus deberes, que incluye garantía del debido proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia.
La persecución penal en materia de prevaricación, narcotráfico, terrorismo, trata de blanca y lavado de activos ilícitos ha roto todas las barreras jurisdiccionales nacionales para convertirse en tema del ámbito y cooperación internacional.
Si usted moviliza sin justificación aparente grandes cantidades de dinero en cualquier institución bancaria nacional o extranjera inmediatamente se movilizan todos los burós[CM1] de agencias internacionales relacionadas con el tema, incluido en el plano local los mecanismos jurídicos de control de lavado.
Se sabe lo que ocurre en materia de narcotráfico, tráfico de personas y terrorismo, crímenes sin fronteras en cuya persecución prevalece la cooperación internacional, al punto que puede ser un caso admitido por cualquier fiscalía del mundo.
Lo que no parece prudente es que el Gobierno, en nombre de la lucha contra la corrupción o de cualquier otro ilícito penal, acepte o permita intromisión extranjera que persiguen control político y no la prevalencia de la justicia, porque si así fuera sancionarían severamente al régimen militar y corrupto de Birmania.
Desde hace mucho tiempo obra un tipo de presión internacional a cargo de organismos multilaterales para contener esencialmente los flujos de capitales provenientes de la prevaricación, narcotráfico y terrorismo que contaminan los nichos financieros a nivel mundial y local. Basta recordar que Naciones Unidas (ONU) invadió a Guatemala con un ejército de fiscales.
República Dominicana ostenta una economía de renta media y dispone de un instrumental institucional eficiente, en condiciones de prevenir, perseguir, someter y sancionar cualquier ilícito penal, aunque se admite que algunos órganos sufren laceraciones, como es el caso de la Policía Nacional.
Lo que quiero decir es que la mentada lucha contra la corrupción no puede convertirse en tipo de paredón mediático, sino en una acción ordinaria y duradera que se aplique contra todo ciudadano que infrinja la ley penal, hoy, mañana y siempre, sin alharacas.
JPM