Las leyes responden a los compromisos internacionales
SANTO DOMINGO, DR. – el constitucionalista Nassef Perdomoafirmó el lunes que la mayoría de las leyes y reformas aprobados por los legisladores de la República Dominicana, durante los últimos 30 años, son producto del compromiso que los gobiernos dominicanos asumieron con los organismos internacionales.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el jurista considera que la gran dinámica de reformas internas que se ha dado desde la aprobación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTAcualquiera CERVEZA INGLESA).
“El ambiente internacional siempre afecta la producción jurídica nacional. No es la primera ni la última vez que se presenta un proyecto de ley elaborado con la colaboración de organismos internacionales. Lo que hay que tener en cuenta es que quien aprueba la ley es el Congreso Nacional, y no los organismos internacionales. De tal manera que, sea cual sea la elaboración del proyecto de ley por parte de los organismos internacionales, la decisión final corresponde al Congreso”, comenta.
El eminente abogado hace las declaraciones al abordar el tema del Proyecto de Ley Integral contra la Trata, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que el Poder Ejecutivo se vio en la necesidad de retirar de la Congreso Nacionalluego de las polémicas que la pieza elaborada por organismos internacionales, y presentada por el Gobierno, generó en importantes sectores de la sociedad dominicana, al considerar que el instrumento buscaría beneficiar a los migrantes haitianos que viven irregularmente en el país.
disputas
Sin embargo, Perdomo afirma que, contrario a lo dicho, el mencionado proyecto de ley no prevé beneficios distintos a los previstos en la legislación vigente, para los inmigrantes indocumentados que llegan al país de manera voluntaria.
“Lo que pasa es que la redacción de la ley y la elección de los términos legales, algo que puede parecer técnico pero tiene impacto, genera confusión. Si bien no creo que esa sea la intención del proyecto de ley, hay que reconocer que puede ser confuso, y eso no es bueno, porque la ley no depende únicamente de la intención de quien la aprueba, dice. .
El constitucionalista propone en cambio modificar tres puntos fundamentales del proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. “En primer lugar, creo que el principio de no devolución se formula demasiado abiertamente; En segundo lugar, la ley prevé tres números distintos, pero tan parecidos que resultan confusos. Por un lado, las personas que son víctimas de trata de personas, por otro lado, las personas que son víctimas de trata de personas y, por otro lado, la persona que es víctima de trata de personas”.
Insiste en que es necesario distinguir estas cosas de manera clara y precisa, al tiempo que recuerda que una persona indocumentada que viene por su propia voluntad no es víctima de trata. “Una persona objeto de trata es aquella que es víctima de engaño, amenaza o violencia”, agrega.
El tercer punto que cambiaría en la ley está relacionado con una contribución especial prescrita que, según él, es imprudente en este proyecto de ley y en cualquier otro proyecto de ley. “Obviamente, aparte de estos tres, hay muchas cosas que se podrían mejorar, de las que no hablaremos por cuestiones de tiempo”, añade.
La política de comunicación del gobierno se ha derrumbado
Al responder a la pregunta de por qué el Poder Ejecutivo ordenó retirar del Congreso Nacional la ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes sin dar ninguna explicación, el abogado Perdomo considera que la forma en que la discusión del artículo «muestra un rotundo fracaso y colapso total de la comunicación del gobierno».
“Son cosas para discutir y nadie tiene que estar de acuerdo con nadie. Los gobiernos están para criticarlos, eso es democracia; pero que pasen cuatro días y no haya una reacción oficial es inaceptable. Aquí debería haber una autoridad de gobierno que explique el proyecto que ellos mismos presentaron al Congreso Nacional”, argumenta, reiterando que esto es un derrumbe absoluto de los responsables de la política de comunicación del gobierno.
El abogado entiende que en cualquiera de las dos etapas, antes o después de que se someta a aprobación la prueba, hay espacio para la discusión, al tiempo que subraya que las preocupaciones que han expresado algunas personas no son irracionales.
Sin embargo, dice que le preocupa que el Estado dominicano haya decidido asumir responsabilidades como las previstas en el proyecto de ley para las víctimas de trata de indocumentados que ingresan al país, pues, a su juicio, el Estado no estaría en condiciones de asumirlas. compromisos .