Fideicomiso Punta Catalina no es transparente

Santo Domingo.- El Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este miércoles que la ladrón que reposa en el Senado sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) debe ser retirada por el Poder Ejecutivo para hacer los cambios necesarios para que sea una pieza que anteponga el interés del pueblo dominicano.

Ya que es un contrato que indica claramente que carece de controles que permitan al estado proteger su patrimonio y el interés público.

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El máximo órgano de gobierno de PLD Expresó algunos de los problemas con la aprobación del borrador del contrato y lo que es Punta Catalina.

Expresaron que Punta Catalina es una propiedad del Estado dominicano cuyo dueño es la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad (CDEEE) y produce utilidades por 250 millones de dólares anuales a favor del Estado, cuyo costo de construcción ascendió a 2,454 millones dólares

Además, se fomenta la competencia en el segmento de generación de energía, lo que lleva a que aproximadamente 800 MW de potencia comiencen a utilizar gas natural, lo que reduce significativamente el precio de la electricidad en el mercado spot.

Dijeron que estas fábricas son el principal activo productivo del Estado dominicano. Las dos unidades de generación eléctrica, con una capacidad neta total de 674,78 MW, suministran el 30% de toda la electricidad del país.

Combinar los ahorros de más de $200 millones para las empresas de servicios públicos con el beneficio directo generado por Punta Catalina significa que esta inversión le devuelve al estado entre $450 millones y $500 millones anuales. Una de las mejores inversiones públicas realizadas en la historia dominicana.

El Comité Político explicó que si bien el fideicomiso está autorizado y regulado por la ley 189-11, la cifra del fideicomiso público no se encuentra entre las cifras proporcionadas. Esto significa que no existe un marco legal adecuado en el país para este tipo de fideicomiso. La naturaleza de los bienes involucrados, así como los mecanismos de control constitucional y legal que los protegen, exigen una claridad jurídica que la ley no brinda.

Dijo que si bien el reglamento de la Ley 189-11 prevé fideicomisos públicos, esto no puede subsanar las falencias del marco legal porque lo que da seguridad jurídica es la fuerza de la ley y no un reglamento.

Como dijo su primer administrador, Jaime Aristy Escuder, para organizarlo y que pueda funcionar cuando desaparezca la CDEEE, hay dos opciones: crear una empresa que siga siendo estatal o crear un fideicomiso público.

El contrato de fideicomiso presentado por el ejecutivo tiene varias particularidades, cuyo análisis lleva a concluir que este contrato debe ser rescindido y subsanado por las autoridades competentes, dijo el PLD, principal partido de la oposición.