El Observatorio de la Corrupción revela avances y desafíos en República Dominicana
SANTO DOMINGO.- Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC) presentaron los resultados del informe de seguimiento al respeto en el país del Compromiso de Lima «Gobernabilidad Democrática Contra la Corrupción»
Concluyen que en República Dominicana “el menor avance ha sido en el área de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, donde solo el resultado ha sido poco más que un nivel bajo y faltan los temas donde se ha registrado el mayor avance. fundamentalmente necesario para dar pleno cumplimiento a los compromisos ”.
Las entidades son Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Ciudad Alternativa,
El liderazgo del gobierno dominicano que firmó el compromiso de Lima en 2018 “se caracterizó por una fuerte corrupción institucionalizada y ataques a la justicia, donde ningún caso de corrupción de los denunciados fue sancionado ante los tribunales”, señalaron.
“En general, los compromisos priorizados por el Observatorio Ciudadano de la Corrupción han sido parcialmente respetados, sin embargo, a pesar del principio de continuidad estatal, el cumplimiento de gran parte de las medidas adoptadas está sujeto al gobierno vigente, reflejando una debilidad en la voluntad institucionalizar los esfuerzos, limitando la garantía de sostenibilidad en el tiempo, lo que significa que aún no podemos señalar que, en términos concretos, se constituyeron como compromisos del Estado ”.
- Las entidades recomiendan contar con los recursos económicos necesarios para que el Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia) y el Ministerio Público (Procuraduría General de la República), asegurar una adecuada administración de justicia para frente a los principales desafíos que implican los enjuiciamientos administrativos por corrupción.
- También exigen “garantizar la independencia del Ministerio Público, con sustento legal, en lo que se modifica la forma de nombramiento de la Procuraduría General de la República (PGR), que, hasta ahora, de acuerdo con el artículo 171 de la constitución se realiza por el presidente de la nación «.