El dilema de la JCE


Abril Ivania, mi hija mayor, condensa ese dilema en una frase que bien pudiera considerarse de antología o lapidaria, ella dice: Papi, el problema es que los liceítas somos liceítas y los escogiditas son escogiditas. Esa “sabia” inferencia de mi niña Aby, parece poner punto final al asunto, pero, define una polarización ante los conflictos sociales, presagiando un permanente “choque de trenes” de las ideas.

 Buscar puntos de encuentro en medio de los grandes conflictos, debiera ser el objetivo primero de la clase política nacional, especialmente en estos momentos en que no tenemos claro el horizonte y tampoco los recursos para enfrentar los retos venideros. Conviene que insertemos en el vocabulario político la palabra mágica: “empate” y aplacemos la discusión pública hasta lograr en privado un consenso razonable.

 Y no sería nada extraño, pues ya fue planteado por el diputado Alfredo Pacheco con el asunto de las causales que justificarían el aborto legalmente. Ante la imposibilidad de que la sociedad religiosa lo acepte a plenitud o de que la clase política lo retire formalmente, el veterano legislador propuso separar el tema (las causales) del Código Penal y proceder con las discusiones hasta tener la tan necesaria Ley, que ya ha esperado por veinte años. 

 La brillante salida que encontró el diputado Pacheco, en nada implica cuestionar o aprobar la legalidad del aborto. Simplemente aplaza el tema para una ocasión en la cual -la sociedad en general, no sólo la religiosa o la política- pueda llegar a un punto de encuentro satisfactorio para las partes. Pero, mientras, se dota al país de un Código Penal mas acorde con los nuevos tiempos y, por tanto, más justo.

 Este mismo criterio debe aplicarse con el asunto de los miembros de la siempre polémica Junta Central Electoral. Hoy día, la presencia de la “sociedad civil” en los niveles de gobierno de la nación es tan significativa, que buena parte de la población -sin conciencia plena o con interés marcado- aboga por la sustitución de los actores políticos tradicionales, por ciudadanos que -aparentemente- no tengan filiación partidaria reconocida.

 La idea parece tener sentido y ser el resultado de un proceso que apunta a la democratización de las instituciones, por lo menos en la intención. Fue parte del clamor que abrazó el frente que llevó a Luis Abinader al poder, sin embargo, hay serias dudas sobre la pertinencia de ponerla en ejecución en este momento. Las dudas surgen porque su aplicación perturba el clima político imperante y fracciona la unidad interna del gobierno.

 Mucha gente se pregunta ¿hasta qué punto se puede aplicar una resolución que contraviene los intereses de los partidos? La JCE tiene que inspirar confianza a todos los protagonistas que actúan en los procesos eleccionarios, en especial, a las organizaciones políticas. Tal, no es el caso de la Procuraduría General -por ejemplo- que tan sólo requiere de la voluntad y decisión del presidente de la nación.

 Aun revestidos del mayor optimismo, hay que admitir que el proceso en curso presenta algunas aristas nada favorables para la buena imagen del gobierno. No se trata de qué tan válida sea la inserción de personas supuestamente “ajenas” a la actividad partidaria, en asuntos -hasta el presente- manejados por consenso o imposición de los mismos partidos. El verdadero problema está, en el disturbio que puede generar la decisión en el interior del tan frágil frente interno.

 ¿Valdría la pena abrir a destiempo esa caja de pandora, en medio del desafío que enfrentamos en la actualidad? Personalmente creo que no. Pienso que lo inteligente sería pactar el apego de los entes partidarios a la transparencia que demandan las leyes y la sociedad, en lugar de sustituirlos por personalidades que tampoco han demostrado la autenticidad que requieren las circunstancias.

 El hecho de no tener “militancia declarada” no significa ni implica seriedad por parte de persona alguna; pero, además, encontrar un dominicano con la “independencia” que se demanda hoy día, es poco menos que una utopía. Y lo más extraño, es que algunos de los solicitantes de tal quimera -en su momento- actuaron exactamente en contra de lo que hoy exigen.        

 Haría muy bien el presidente Abinader si concentrara sus energías en propiciar una JCE lo mas equilibrada posible porque, a fin de cuentas, solamente con los partidos políticos, se garantiza la gobernanza que él va a necesitar.

 Los que claman por soluciones extremas, más que equivocados, resultan ser oportunistas; porque se sustentan en una interpretación tan fantasiosa como obsoleta del proceso y en generar descontentos en el frente de gobierno, que faciliten su anhelado retorno al poder en el año 2024.

 Buscar y encontrar hombres y mujeres apartidistas, imparciales, serios, idóneos y capaces, para dirigir la JCE, sería una tarea para Diógenes; el problema para nosotros es: ¿Cómo le proporcionaremos la dichosa lámpara?

 ¡Vivimos, seguiremos disparando!



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