Diputados aprueban proyecto que regula la transición de gobierno
SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley para regular el proceso de transición de gobierno en República Dominicana, sin perjuicio de los aspectos regulados por otras normas especiales.
El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que las bancadas de los distintos partidos han acordado que la iniciativa sea aprobada en primera lectura y que en segunda lectura se hagan las modificaciones que ameritan.
La pieza, redactada por el diputado Omar Leonel Fernández, en su artículo 5, señala como obligación que los altos funcionarios o funcionarios de nivel jerárquico superior dentro del nivel de elección sujeto a cambio, estarán obligados a participar en el proceso de transición, so pena de las acciones legales que correspondan por su negativa a proporcionar información pública, obstrucción de justicia, entre otras.
También establece que durante dicho período, la administración saliente tiene prohibido realizar actos de gestión susceptibles de comprometer los fines de la administración entrante, entre los que se encuentran:
1) Otorgar ascensos o nombramientos de personal, cambios de categoría o pasajes a fábrica permanente, salvo que se hagan mediante concurso u oposición; con excepción del personal docente y auxiliar y del personal hospitalario.
2) Donar o enajenar libremente bienes del Estado.
3) Iniciar procesos de licitación o contratación pública que excedan los compromisos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, o que comprometan los presupuestos de ejercicios futuros sin autorización legislativa expresa.
4) Aumentar los gastos presupuestados con fondos provenientes de aumentos en los recursos de financiamiento no presupuestados.
5) Iniciar proyectos u obras públicas no presupuestados o programados.
El proyecto de ley también dispone que todo funcionario o empleado que destruya, extravíe u oculte cualquier tipo de información, archivo o registro, incluso electrónico, con el fin de retrasar o entorpecer el proceso de transición o eludir su responsabilidad en cualquier institución, departamento o empresa de el Estado será sancionado con pena de dos a diez años de prisión.
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