Planes del gobierno sobre proyectos APP tienen la gente “chiva”

Yanessi Espinal


La idea de privatizar servicios, ahora bajo la sigla APP, ha disparado las alarmas del alcance de acuerdos futuros

El 2 de septiembre de este año, 18 días después de asumir las riendas del Estado, el presidente Luis Abinader encabezó un acto en el Palacio Nacional para firmar el reglamento de la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) y con ese y otros hechos deja claro la importancia que tiene esa estrategia en su gobierno. Sin embargo, desde la opinión pública es uno de los aspectos que más ruidos e incertidumbre han generado en lo que va de la gestión de Abinader, probablemente por lo sensible del tema, pues a los dominicanos la palabra privatización desde el Estado los “pone chivos”.

El tema no se ha detenido ahí. La exposición de la diputada de la Fuerza del Pueblo (FP), Ycelmary Brito O’Neal (Juliana), en contra de un supuesto intento de privatizar Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez (Incart), se volvió viral y con ello el rechazo a la privatización de servicios tomó más cuerpo en la opinión pública.

Tras el revuelo causado por las declaraciones de Freund, el funcionario aclaró que el gobierno no tiene en agenda privatizar el servicio de transporte público. “Yo comenté que la propia ley establece la posibilidad de que esa empresa pública pudiese ser también de capital mixto. Entonces, a la pregunta que me hicieron en el programa de televisión sobre que eso podría ser una alianza público-privada, yo respondí: que podría considerarse en virtud de los nuevos proyectos de movilidad urbana que el presidente ha anunciado, como por ejemplo el caso del monorriel”, aclaró Freund.

El funcionario ha sostenido que el modelo de APP será determinante para relanzar la economía ante la falta de capital del Estado para impulsar proyectos de manera particular.

Las redes sociales se han volcado en cuestionamiento al enfoque de APP que tendría el gobierno de Abinader. Probablemente el miedo al término privatización está asociado a lo que para muchos fue un fracaso en ese sentido que se inició en el 1997 bajo la denominación de capitalización de las empresas públicas.

Entre las empresas en las que el sector privado pasó a formar parte figuran las de electricidad con la promesa de acabar con los apagones, pero nada de eso se ha cumplido. Luego las empresas distribuidoras de electricidad volvieron al control del sector público.

Especialista en derecho privado, Nathanael Concepción, afirma la ley es limitativa y debe ser modificada por más transparencia.

Abogados advierten que la ley debe ser modificada

Los cierto es que el concepto de alianzas público privadas (APP) tiene un marco legal una iniciativa que fue promulgada en febrero de este año por el presidente Danilo Medina. El gobierno de Luis Abinader puso en marcha la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y el reglamento de aplicación de la Ley.

El especialista en derecho privado, Nathanael Concepción, sostuvo que el enfoque del gobierno para impulsar proyectos de inversión alianza público-privada es correcto, pero que la legislación necesita modificaciones para que afine con los estándares internacionales, porque la visión es muy restrictiva.

“Esa perspectiva plasmada en la ley entra en contraste con la visión más liberal que ha adoptado el actual gobierno. Por consiguiente para lograr sus objetivos, el gobierno debería adecuar la ley a esa nueva visión ya que, de lo contrario, tendrá muchas complicaciones en la aplicación de la ley de APP”, advirtió.

Sostuvo que una revisión de la legislación debe responder a los estándares internacionales, fortalecer la transparencia en el proceso de selección y adjudicación de los proyectos y agilizar el proceso de presentación, selección y adjudicación de los proyectos.

Entre los artículos que deben ser revisados figuran el 37 y 38 de la Ley 47/20. “Se debe procurar establecer un incentivo a los que presentan iniciativas privada ya que esta fase conlleva costos y estudios y se debe asignar incentivos a quienes presentan proyectos y posibilitar la presentación de propuestas”, explicó.

Concepción agregó que ni la Ley ni el reglamento son claros sobre los procesos de licitación, porque no establecen mecanismos claros de cómo se llevan a cabo. “Esto podría genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y por eso se requiere una norma especial que especifique de manera detallada ese procedimiento”, argumentó.

Agregó que otro aspecto que no está claro en los instrumentos legales que sustentan las APP es rol que tendrían los entes públicos como los ayuntamientos o instituciones que pasarían a operar bajo esta modalidad.

De su lado, el abogado Manuel Fermín reconoció la importancia de las APP para el desarrollo de proyectos de bienestar social, pero observó que tanto la ley como el reglamento necesitan adecuarse sobre aspectos esenciales. “Se debe revisar la arriesgada apuesta de suprimir por completo una regulación individualizada de la concesión administrativa”, sostuvo.

Fermín agregó que también es necesario revisar la redefinición y delimitación de los roles y competencias de los entes administrativos, especialmente de las entidades contratantes y de los entes locales. “Se debe revisar el régimen sancionador del régimen de operación de los perjuicios generados por la actividad estatal defectuosa”, apuntó Fermín.

Fondos de Pensiones en la mira de planes

El director general de DGAPP ha afirmado que los Fondos de Pensiones podrían ser utilizados para impulsar proyectos de desarrollo debido a que esos fondos ahora son subutilizados. Sigmund Freund también ha dicho sobre proyectos puntuales que se desarrollarán bajo acuerdos entre el sector público y el privado. Entre esos proyectos figuran desarrollar proyectos turísticos en Bahía de las Águilas en Pedernales en un plazo de tres años. También el Puerto de Manzanillo con el objetivo de convertirlo en gran centro logístico para América Latina y el Caribe. El presidente Luis Abinader visitó tanto a Pedernales como a Manzanillo, donde ha afirmado que esos puntos serán desarrollados en combinación con el sector privado. Entre los proyectos también estarían la construcción de la carretera del Ámbar de Santiago a Puerto Plata y ,según Freund, ya hay propuestas de empresarios para invertir en esa vía.

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