La CIDH sugiere abordar el tema de los descendientes de haitianos

Santo Domingo, (EFE) – La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, sugirió a las autoridades de República Dominicana la posibilidad de crear un mes para discutir la situación legal de los descendientes de inmigrantes haitianos en el país.

Mantilla hizo la sugerencia al final de una audiencia virtual del centro de la CIDH sobre los derechos humanos de los migrantes haitianos y sus descendientes en República Dominicana.

El mes servirá «no para solucionar» los problemas, «para alcanzar posibilidades» y aportar la experiencia de la CIDH en la aplicación del respeto a los grupos de derechos humanos, dijo.

“La comisión que va a escuchar, inventar y aportar a esta línea”, demostró Mantilla, luego de haberse graduado del Estado dominicano por su “colaboración”, demostración de su participación al más alto nivel en la reunión de alto nivel.

En la audiencia, los descendientes de haitianos denunciaron que estaban produciendo “obstrucciones” por parte del Estado dominicano en procesos judiciales que resultaron en la huida de la nacionalidad dominicana de miles de personas en virtud de una sentencia judicial dictada en 2013.

Hemos confirmado que más de 35.000 personas que recuperaron su nacionalidad ganaron gracia en 2014, cuando no recibieron sus documentos de identidad.

Esta situación genera problemas para el acceso a los servicios públicos, incluidos la salud o la educación, y los expone al riesgo de ser deportados a Haití, dijo.

Otro grupo está formado por unas 8.000 personas que están siguiendo un plan de regularización para obtener la nacionalidad dominicana, con 7.149 personas esperando una decisión final por parte del Ejecutivo, para asegurar que el proceso se complete en 2015.

Otras 800 personas de este grupo recuperarán su nacionalidad mediante decretos de empresa entre 2020 y 2021, pero de momento ninguna de ellas ha recibido la documentación que acredite su nacionalidad, según el informe.

En la audiencia, el Embajador dominicano de la OEA, Josué Fiallo, se refirió a los esfuerzos del Estado por regularizar a las personas afectadas por la sentencia de 2013 y defender que los planes de regulación van dirigidos a un lugar determinado, reconsiderando la necesidad de formar permanentes.

Paralelamente, los grupos de la sociedad civil también denunciaron las recientes «deportaciones masivas» de haitianos, incluidas mujeres avergonzadas, que han sido criticadas por la ONU.

El Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, señaló que el sistema de Naciones Unidas se ha declarado en dos ocasiones respecto de las cuales, en febrero pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer está Recomendó a República Dominicana que suspenda las deportaciones de mujeres por vergüenza.

Fiallo dijo que se estaban produciendo deportaciones masivas y explicó que desde 2018 se ha triplicado el número de mujeres haitianas desde entonces en los hospitales dominicanos, recordando que el Estado ha invertido este año 5,4 millones de dólares en atención médica para ellas.