Camacho califica como contundente victoria del MP el envío a juicio del exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros acusados en Operación Medusa
En la lectura de la decisión, el tribunal ponderó los acuerdos previos presentados por el Ministerio Público y mantiene la medida de coerción de Jonathan Joel Imbert, mientras que desestimó la solicitud medida de coerción de prisión domiciliaria al acusado Jean Alain Rodríguez, además de dictar auto de no a lugar a los terceros civilmente demandados.
El titular de la Pepca destacó la efectividad de los acuerdos alcanzados por el Ministerio Público con las defensas de los acusados.
“El tribunal envió a juicio a todos los acusados que no lograron acuerdos con el Ministerio Público, excluyendo solo a una acusada, la cual el Ministerio Público esperará la decisión íntegra para decidir si apela o no esta decisión”, dijo Camacho, quien señaló que el tribunal acogió todos los acuerdos presentados por el Ministerio Público y resaltó que estos acuerdos, constituyen un 54% de los acusados en este proceso, quienes salen con sentencias condenatorias en esta etapa, lo que indicó, es una contundente victoria del órgano persecutor.
“Es una señal y es una muestra más, de que el Ministerio Público, cuando acuerda, lo hace siempre sobre la base que establece la constitución y las leyes. Así ha sucedido en este proceso y es por eso que el tribunal los ha acogido todos y así sucede en todos los procesos que el Ministerio Público llega a acuerdo con los acusados”, afirmó Camacho.
El procurador adjunto, también precisó que el Ministerio Público continúa abierto a seguir realizando acuerdos en este proceso, que se avecina a juicio.
“Nosotros hacemos acuerdo con cualquier persona que esté dispuesta a admitir los hechos, lo hemos hecho ahora y estamos abierto a seguirlo haciendo en el juicio que se presenta para este caso”.
En el conocimiento del envío a juicio, fue presentada en una síntesis, las diferentes líneas de investigación contra Jean Alain Rodríguez, por múltiples actos de corrupción, entre ellos, los procesos fraudulentos realizados para el desfalco al Estado dominicano, utilizando el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República durante su gestión entre 2016 y 2020.
El exfuncionario y compartes son acusados de incurrir en actos de corrupción, soborno y lavado de activos durante su gestión como máximo representante del Ministerio Público (2016-2020), proceso durante la cual, según el expediente acusatorio, fueron malversados seis mil millones de pesos.
En la acusación, figuran, además, 41 personas físicas y 22 empresas.
El tribunal fijo la lectura integra de esta decisión para el 5 de agosto a las 9:00 de la mañana.