Yolanda Díaz negocia con el PNV ajustes en la reforma laboral que no asusten a la CEOE | España


La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso.JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acelerado en los últimos días los contactos políticos con los partidos socios de investidura y los ha convocado a todos personalmente en el Ministerio de Trabajo para intentar salvar el pacto social alcanzado en Navidad con la patronal y los sindicatos sobre la reforma laboral. El objetivo que se persigue es que el nuevo proyecto sea validado en el Congreso en un pleno que se celebrará el 3 de febrero. Quedan 16 días para esa sesión y el Gobierno aún no ha asegurado la aprobación de ese proyecto, algo más que un símbolo para el Ejecutivo de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos para acabar con el modelo laboral impuesto por la mayoría absoluta del PP en 2012.

Los últimos contactos directos y telefónicos se han mantenido y centrado con el PNV y ERC, los dos principales aliados del legislador y a los que Díaz quiere priorizar para evitar el plan alternativo que el sector socialista del Gobierno maneja para resolver esta crítica situación volcando la búsqueda de apoyos a Ciudadanos (nueve escaños) y con la aportación imprescindible de una miscelánea de hasta siete pequeños grupos con posiciones ideológicas contradictorias.

El calendario se va apretando y la vicepresidenta también ha anunciado este martes en su cuenta de Twitter que se había contagiado de covid con síntomas leves y que por ello tuvo que aplazar su «agenda pública prevista para los próximos días» aunque tenía previsto seguir trabajando del encierro.

La clave de esta negociación in extremis y varias bandas, con la vigilancia de no querer ahuyentar el acuerdo cerrado por el Gobierno con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, queda ahora, sin embargo, al margen del proyecto de reforma laboral. Lo que Labor está discutiendo estos días con PNV y ERC, principalmente, es la posibilidad de perfilar mejor la redacción de dos puntos de un artículo del vigente Estatuto de los Trabajadores (84.3 y 84.4) que podría dar la opción de interpretar que en caso de conflicto prevalecen los acuerdos estatales sobre los autonómicos.

La redacción actual no es clara. En el citado artículo 84.3 de estos Estatutos se especifica que “salvo pacto en contrario negociado conforme al artículo 83.2, los sindicatos y asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimidad de los artículos 87 y 88 podrán, en el ámbito de una comunidad autónoma, negociar acuerdos o convenios que afecten a las disposiciones de aquéllas de ámbito estatal, siempre que dicha decisión obtenga el apoyo de las mayorías necesarias para constituir la comisión negociadora en la unidad de negociación correspondiente». Y el artículo 84.4 añade que «salvo régimen distinto establecido por convenio o negociación colectiva aplicable el convenio de ámbito estatal negociado según el artículo 83.2, el período de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y movilidad geográfica. Tanto PNV como EH Bildu han advertido a sus interlocutores en Laborismo que esta reivindicación es innegociable, presionados como están en Euskadi por el poder de los sindicatos vascos y especialmente por la influencia de ELA-Lab en el entorno de la izquierda abertzale. Esos sindicatos y otros han convocado manifestaciones contra la reforma el 30 de enero.

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La vicepresidenta segunda y su equipo en Trabajo han escuchado estos días «las inquietudes y propuestas» de sus socios de investidura, incluyendo sobre todo el planteamiento del PNV de mejorar esa redacción del Estatuto de los Trabajadores para que sea menos equívoco que en el caso de que un convenio autonómico ofrezca mejores condiciones, prevalecerá sobre el estatal.

Pero por ahora en el Ministerio de Trabajo solo avanzan que están dispuestos a dialogar con todos sus socios de investidura pero sin revelar aún su posición final, según fuentes oficiales. También admiten que estos posibles ajustes aún no se han transmitido a los agentes sociales, la patronal y los sindicatos, porque no están cerrados, aunque sí reconocen que estos interlocutores «conocen las dificultades de buscar apoyos en el trámite parlamentario» y también están siendo utilizados. en ese sentido. .

Fuentes gubernamentales también explican, respecto a esta reivindicación clave, que «no es tanto ideológica, de derecha o de izquierda, sino territorial». Y añaden que el predominio de los convenios autonómicos sobre los estatales no es algo que agrade precisamente a sindicatos como UGT y CC OO.

Esa reivindicación, precisamente, es la que ha apuntado la oposición de derecha en el Parlamento porque la interpretan como una clara cesión a los socios nacionalistas. PP y Vox hace tiempo que anuncian que no están dispuestos a prestarse a avalar una reforma que entienden «mala para España». El líder del PP, Pablo Casado, incluso ha hecho caso omiso de las presiones de algunos dirigentes más moderados y miembros de la patronal que le pedían más cautela y argumentaban que el nuevo proyecto apenas cambia algunos puntos de la ley popular de 2012, impulsada luego por la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ahora en el entorno directo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. En la dirección del PP y Vox se niegan a adherirse a esa teoría que acusan a la patronal de apoyar el nuevo texto como «un mal menor» frente a propuestas que temían más radicales.

En Ciudadanos, como volvió a subrayar este martes su vocero nacional, Edmundo Bal, ahora están más abiertos a hablar e incluso le piden al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que los llame ahora, pero eso es para revalidarlos por completo y “sin tocando un comer” cerró el pacto con la patronal y los sindicatos. Cs quiere aprovechar esta ocasión, en plena precampaña de las elecciones del 13-F en Castilla y León que tan malos pronósticos les dan, para hacer gala de su «sentido de la responsabilidad y de Estado» con los demás formaciones de derecha, pero siempre que el Ejecutivo no ceda «frente a los independentistas que quieren descuartizar España», como remacha Bal este martes.

Laboristas tampoco quiere descuidar el diálogo con ERC, que también se ha sumado a la reivindicación de los partidos vascos de priorizar los acuerdos autonómicos, pero que tiene sus propias reivindicaciones. ERC no soporta en Cataluña la presión de un sindicato regional tan potente, porque en ese territorio predominan CCOO y UGT, que han firmado el pacto social, pero sí tiene que lidiar con sus propias peculiaridades de dirección.

Prioridades Junqueras

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ambientado en este sentido la noche del lunes en Onda Cero las líneas rojas que hacen que su copia de seguridad ahora no sea posible. Junqueras precisó unas prioridades para ERC que deberían contener la reforma laboral que fuentes gubernamentales matizan y niegan radicalmente. El líder republicano se pronunció así sobre la tramitación de los salarios y en el Ejecutivo precisan que este tema que afecta a los trabajadores temporales cuando son despedidos ya estaba excluido en 2001 cuando era presidente José María Aznar y defienden que ahora habría otras fórmulas de protección en el documento acordado.

Junqueras exigía más inspecciones de trabajo y en el Gobierno aclaran que esa competencia se ha trasladado hace años a la Generalitat, que es autónoma para incrementar estos servicios. El líder independentista añadió su interés por atajar los sesgos y en la coalición de Gobierno se suman a ese objetivo pero apunta que esa mejora no está entre los componentes a cambiar en el mercado laboral y que se abordará en otra ley, la de usos y trabajo horas .

“El padre de la reforma fetichista”

Apenas quedan 16 días para la votación en el pleno del Congreso de la gran reforma laboral prometida desde el acuerdo de gobierno firmado hace dos años por el PSOE y Unidas Podemos. El resultado del próximo 3 de febrero está lejos de ser claro. Pero eso no impide una carrera silenciosa de contactos, conversaciones, negociaciones y llamadas entre varios miembros del Ejecutivo con el resto de partidos políticos para sondear la situación, sumar apoyos y sumar un punto si finalmente la iniciativa triunfa. «La reforma de la reforma laboral del PP es el gran fetiche. Ahora todo el mundo quiere ser padre y madre del proyecto», argumentan fuentes gubernamentales implicadas en la negociación.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió su liderazgo en esta compleja y transversal negociación frente a los intentos del propio presidente, Pedro Sánchez, de equilibrar un poco esa balanza con la injerencia de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también anunció que abriría una ronda de contactos con todos los partidos y se entendía que allí trazaba un plan alternativo para buscar el voto de los nueve diputados de Ciudadanos en caso Las preferencias de Díaz con los socios de investidura (ERC, PNV y EH Bildu) fracasaron. Fuentes del sector socialista del Gobierno aseguran a EL PAÍS que ese camino a explorar por Bolaños ya se ha iniciado discretamente, algo que el bando de Podemos en el Ejecutivo niega. El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ratificó ayer que Bolaños aún no le ha llamado, aunque instó a formalizar este contacto lo antes posible.

En el entorno de Díaz precisan que es la vicepresidenta quien está liderando estas negociaciones con todos los socios y también que ella no quiere convocar a Ciudadanos, porque considera incompatible esa formación con los demás aliados y porque calculan que sus nueve No bastarían escaños para superar la votación si ERC, PNV y Bildu votan en contra y no se abstienen.

Si ERC, PNV y Bildu se unieran al bloque del no con PP, Vox, Junts, CUP, BNG y Foro Asturias llegarían a los 172 votos negativos. Si PSOE y Unidas Podemos suman a sus 154 diputados los de Cs, Coalición Canaria, Nueva Canaria, PDeCAT, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria, Más País y Compromís, llegarían a 174. Los dos de Unión del Pueblo Navarro son tampoco para el. rechazo. Las fuerzas estarían muy parejas.

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