Una misión de la ONU acusa a Maduro y a su Gobierno de "crímenes contra la Humanidad" en Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sus ministros del Interior y Defensa, y los altos mandos militares, policiales y de inteligencia son considerados entre los responsables de violaciones de los derechos humanos tan graves que, en ciertos casos, constituyen crímenes contra la humanidad.
Una Misión Internacional que recibió de la ONU el encargo de investigar la situación en Venezuela apuntó este miércoles de manera explícita la responsabilidad de algunos de los más altos cargos políticos del país en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Los detalles se exponen en un informe de 411 páginas que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo día 23.
Según la investigación, los crímenes más comunes cometidos por las fuerzas de seguridad desde 2014 han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, dirigidas a tres grupos en particular: manifestantes, ciudadanos opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que la Misión que dirigió -compuesta por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo- revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos «cometidos por las fuerzas de seguridad, y que podemos considerar ejecuciones extrajudiciales».
Por su parte, el comisionado Francisco Cox Vial precisó en una rueda de prensa virtual con periodistas en Ginebra que la Misión recibió información de diversas fuentes que daban cuenta de 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas en los últimos seis años.
Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En su investigación, la Misión no solo entrevistó a víctimas, familiares, abogados y testigos, sino también a policías, militares y miembros de los servicios de inteligencia, incluidos algunos que siguen en funciones, a través de medios telemáticos.
«Lamentamos que el Gobierno no haya respondido a ninguna de nuestras comunicaciones, ni siquiera cuando pedimos permiso para visitar el país y reunirnos con autoridades», explicó la presidenta de la Misión.
A pesar de ello, la Misión consiguió reunir información suficientemente fundada que confirma el patrón sistemático y generalizado de abusos que afectan a la población en general.
De la responsabilidad de Maduro, Cox dijo que la Misión obtuvo información que indica que el presidente ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del SEBIN para seguir a alguien en particular.
La persona en cuestión era puesta bajo vigilancia, se reunía información sobre ella, se interceptaban sus comunicaciones y luego era detenida sin orden judicial, «solo porque había una orden del presidente», explicó.
Cuando se trataba de reprimir a un oponente, no sólo éste era la víctima, sino también lo eran sus familiares, amigos, colegas y activistas que lo defendía, y ahora se sabe que en muchos casos el SEBIN «falsificó evidencia», para lo cual colocaba una supuesta prueba de delito en la casa de la víctima, sobre todo armas.
Otra táctica ha consistido de distorsionar el resultado de redadas en casas o inspecciones de vehículos.
Por otra parte, la Misión descubrió numerosos actos de tortura, como palizas, asfixia con agua o productos tóxicos, violencia sexual, mutilaciones, descargas eléctricas y diversos modos de tortura psicológica.
A algunos detenidos se les ha obligado a permanecer desnudos durante varios días.
Todo ello tenía el objetivo de hacerles firmar «confesiones» o documentos testificando que se habían respetado sus derechos.
Otro aspecto menos conocido de estos crímenes es que en muchos casos las víctimas eran delincuentes menores o personas que supuestamente pertenecían a bandas criminales, quienes eran ejecutados para eliminar lo que el gobierno considera malos elementos.
Ello ha ocurrido sobre todo en operaciones policiales, donde los agentes recibían autorización para matar, aunque la versión oficial afirmaba que la víctima había muerto porque se resistió al arresto o abrió fuego.
La Misión menciona en su informe que cree que la Policía encubría los asesinatos simulando confrontaciones, destruyendo pruebas, poniendo una pistola en la mano de la víctima y disparando para que queden rastros de pólvora.
En casi todos los casos investigados se encontró que la Policía prácticamente saqueaba la casa de la víctima, llevándose alimentos, ropa, aparatos electrónicos y todo bien de valor.
Varias fuentes contaron a los comisionados que esto se había convertido en un incentivo para asesinar, en vista de los bajos salarios de los policías.