Un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos detiene la reimplementación del programa “Quédese en México” | Internacional


Los migrantes llegan a El Ceibo, Guatemala, luego de ser deportados por Estados Unidos y México.JOHAN ORDONEZ / AFP

El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Samuel Alito ha suspendido temporalmente este viernes por la noche la reimplementación de la Protocolo de protección al migrante (MPP). El máximo tribunal revisará el caso la próxima semana en el programa conocido como «Quédese en México», que obliga a los solicitantes de asilo estadounidenses a esperar en las ciudades fronterizas mexicanas. Los estados republicanos de Texas y Missouri quieren restablecer la polémica política impuesta en el gobierno de Donald Trump, mientras que la Casa Blanca de Joe Biden lidera una batalla legal para evitar que se vuelva a implementar.

Hace una semana, El juez federal de Texas Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump, emitió una orden para restablecer el MPP este sábado 21 de agosto. El fallo respaldó la demanda de Texas y Missouri, que dibuja la política como un incentivo para que más inmigrantes crucen la frontera cuando el sistema colapsa. La Administración de Biden apeló la decisión en un tribunal inferior y solicitó una demora en la reimplementación, pero fue rechazada. El gobierno demócrata luego acudió a la Corte Suprema. El juez Alito, que supervisa el circuito judicial que incluye a Texas, emitió la suspensión temporal y le dio a la corte más alta hasta la medianoche del miércoles para revisar el caso.

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El programa “Quédese en México” ha estado inactivo desde que comenzó la pandemia. Tanto la administración de Trump como la de Biden han devuelto a inmigrantes indocumentados bajo órdenes de salud pública emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. En el documento que el Gobierno Demócrata escribió al Supremo, argumentó que la política lleva más de un año inactiva y que una re-implementación abrupta «dañaría las relaciones de Estados Unidos con socios regionales vitales, interrumpiría severamente sus operaciones en la frontera sur «y podría crear» una crisis diplomática y humanitaria «.

La demanda de Texas y Missouri contra la Administración Biden alega que cancelar el programa costará costos económicos a sus contribuyentes, ya que mientras los solicitantes de asilo esperan en sus territorios a que se resuelvan sus casos, utilizarán los servicios estatales de salud y educación. Los tribunales pueden tardar años en responder.

El presidente Joe Biden anunció el fin de “Stay in Mexico” en su primer día en la Casa Blanca y en junio emitió un comunicado sobre el cierre “oficial” del programa. Muchas organizaciones de migrantes criticaron que los solicitantes de asilo estuvieran expuestos a condiciones precarias e inseguras en la frontera de México mientras esperaban que se resolviera su situación.

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