Texas prohíbe el aborto después de seis semanas y permite que cualquiera denuncie a los médicos por practicarlo

El Gobernador republicano de Texas (EE UU), Greg Abbott, ha firmado una nueva regulación del aborto que está entre las más restrictivas del país, pese a la fuerte oposición de la comunidad médica y de la legal, tal y como recoge el medio local Ncb news.

La norma prohíbe el aborto una vez que el corazón del feto comience a latir, lo que usualmente ocurre hacia la sexta semana de embarazo, un momento en el que muchas mujeres pueden no conocer aún su estado. Además, no permite excepciones en caso de violación ni de incesto.

Sin embargo, el aspecto más controvertido es que la ley exime al Estado de perseguir su cumplimiento y, en cambio, permite que cualquier persona, incluso aunque viva fuera de Texas, pueda denunciar a los médicos que la incumplan.

«Esta medida asegura que cualquier niño nonato cuyo corazón lata se salve de los estragos del aborto», celebró Abbott.

El grupo por los derechos reproductivos Avow Texas ha criticado duramente la ley, asegurando que «abre la puerta al acoso judicial y a demandas frívolas que cierren clínicas por todo el Estado». Además, defienden que el texto legal es tan vago que «permitiría denunciar a cualquiera que done o sea voluntario en fondos de aborto o en organizaciones sin ánimo de lucro como la nuestra», ya que no sólo se enfoca en los médicos y las clínicas sino que permite perseguir a «cualquiera que ayude o permita» practicar un aborto más allá de la sexta semana. «Incluyendo familiares que presten dinero a una paciente o hasta a alguien que proporcione la dirección de una clínica«, denuncian.

Otro punto de controversia surgió durante su tramitación, ya que el texto original no eximía de la posibilidad de denunciar a quienes cometan una violación o incesto. Por ello, durante su paso por las Cámaras estatales se introdujo una enmienda a la ley que impedía esta casuística (eso sí, solo en el caso de que el violador haya sido condenado por dicho delito), si bien la versión final permite, técnicamente, que puedan denunciar los familiares o allegados del violador. Cabe señalar que un documento de la propia Oficina del Gobernador del Estado reconoce que sólo un 9% de las violaciones que tienen lugar en el territorio son denunciadas ante las autoridades, y que «la gran mayoría de delitos sexuales contra niños y adultos los comete un conocido de la víctima».

Adicionalmente, la ley prevé indemnizaciones de hasta 10.000 dólares para los demandantes, al tiempo que no cubre los costes judiciales a aquellos que sean denunciados incluso aunque jurado falle a su favor.

A pesar de todo, una vez que un caso llegue a los juzgados, existe la posibilidad de que la ley sea declarada inconstitucional, tal y como prevé el sistema jurídico estadounidense. Por este motivo, de hecho, otras leyes ‘de las seis semanas’ en otros Estados han sido anuladas o paralizadas al ser cuestionada su constitucionalidad ante los tribunales



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