Se reorganiza el Tribunal de Cuentas para cerrar la «guerra de garantías» | España

La organización interna del renovado Tribunal de Cuentas se está ultimando estos días con modificaciones de su estructura, dominada hasta ahora por el sector conservador. Para empezar, un tribunal con una mayoría progresiva resolver sobre las garantías de la Generalitat a favor de sus 34 ex altos cargos y funcionarios a los que se les ha exigido 5,4 millones de euros por gastos indebidos en la promoción exterior de la tu procesas. Los mismos tres magistrados, todos ellos nuevos en la institución, tendrán la última palabra sobre la sentencia que culmina este proceso: Rosario García Álvarez y Diego Íñiguez, propuestos por el PSOE, y Rebeca Laliga, nombrada por iniciativa del PP.

La resolución sobre la propuesta de la Generalitat de ofrecer libertad bajo fianza a los investigados se ha dejado sobre la mesa con el renovación del Tribunal de Cuentas, pero el nuevo equipo de la institución quiere cerrar cuanto antes esta «guerra de garantías». Un equipo que en su cúspide, la comisión de gobierno, estará integrado por tres mujeres, la presidenta, Enriqueta Chicano; la jefa de la Sección de Fiscalía, Rebeca Laliga, y la de la Sección de Fiscalización, Dolores Genaro.

En paralelo, la magistrada Margarita Mariscal de Gante, una de las consejeras conservadoras que terminó su mandato este jueves, ha emitido una orden que da inicio a la fase jurisdiccional del caso. Hasta ahora, lo instruido para saber si hubo una malversación de fondos de la Generalitat para dedicarlos a impulsar planes independentistas en el exterior forma un expediente administrativo, que finalizó con el acto de liquidación provisional. Ese documento es el que requiere el mencionado 5,4 millones de euros a los investigados, y da paso al inicio de una segunda fase, de carácter judicial, que es la inaugurada por orden del mariscal de Gante dos días antes de la toma de posesión de los nuevos consejeros. Lo que ha hecho el próximo magistrado es, en definitiva, enviar a juicio a los citados ex altos cargos de la Generalitat. La audiencia, en cualquier caso, será el final de una serie de procesos y trámites que pueden durar meses, si no años.

El inicio de esta nueva etapa, en la que las defensas ya tendrán muchas más posibilidades de intervenir, no es incompatible con que este proceso aún esté pendiente de una resolución definitiva sobre la validez o no de las garantías de la Generalitat. Los investigados ya han hecho efectivo, mediante aportaciones económicas o incautación de bienes, el monto que se les reclama solidariamente.

No obstante, si se acepta que la propia Administración catalana hace valer su garantía de pago -como medida cautelar, en caso de que se dicte sentencia condenatoria en su momento- las aportaciones ya formalizadas como garantía ante el Tribunal de Cuentas podrán ser recuperadas por el interesado. Esto implicaría la devolución del dinero ingresado y el levantamiento de los embargos pactados. Para los líderes independentistas investigados -entre ellos, los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell y Raül Romeva- esta decisión supondría liberarse de los lazos y de la posibilidad de no hacerlo. preocupándose por la cantidad que se les da. reclamo, al menos hasta que se emita una sentencia final.

La reestructuración del Tribunal de Cuentas también implicará que el hasta ahora fiscal jefe de esta institución, Miguel Ángel Torres, que cambia ese cargo por el de consejero, finalmente se hará cargo de las tareas de fiscalización de los municipios. En un principio, Torres, designado a propuesta del PP, iba a suceder a Margarita Mariscal de Gante en la Sección de Fiscalía. Pero esta opción ha terminado por descartarse, porque el nuevo consejero habría tenido que iniciar su mandato absteniéndose de participar en el procedimiento contra los líderes independentistas.

El motivo de esta abstención -que él mismo ya había anunciado- es que Torres participó como acusación durante la investigación de los hechos, junto con el abogado del Estado, Rafael García Monteys, quien ahora se retirará del caso. La causa de esta decisión tiene que ver con que la misión del Colegio de Abogados consiste en defender los intereses de la administración dañada, que en este caso no es la administración central, sino la autonómica, cuya representación corresponde a la Generalitat.



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