Periodistas asesinados y asaltantes en la calle: qué anda mal con el sistema de protección a reporteros en México


A principios de abril del año pasado, un periodista registró la agresión policial que acabó con la vida del salvadoreño victoria salazar en Tulum (Yucatán). Días después, Francisco Canul encontró su casa destruida y denunció el robo de material digital que utilizaba en su trabajo como reportero. «Tengo miedo», dijo. Y pidió protección. Nueve meses después, cuenta que le dieron un botón de pánico y que hace una semana lo llamaron para pedirle más detalles, dónde trabaja su esposa, dónde va su hijo a la escuela, cómo y dónde viaja en el trabajo. Poco más. En los últimos días, Dos periodistas han sido asesinados en Baja California. Habían pedido medidas de protección, pero margarito martinez aún no lo había hecho y lourdes maldonado Tenía patrullas policiales para su seguridad.

La figura de protección para los periodistas se ve superada por la escalada de violencia que sufren. No hay suficientes recursos y quienes evalúan el riesgo que corren los reporteros no tienen la formación adecuada, por lo que muchos profesionales se ven obligados a refugiarse lejos de sus casas y silenciar su trabajo, es decir, los agresores consiguen lo que quieren. Además, los plazos para que la protección se haga efectiva son de tres o cuatro meses, según la organización del Artículo 19. Ese es el diagnóstico que hacen los expertos en la materia sobre lo que sucede en México con los periodistas amenazados. “En todo momento, si me hubieran querido matar ya lo habrían hecho”, dice. Francisco Canul por teléfono desde Yucatán.

Periodistas participan en velada en memoria del fotoperiodista Margarito Martínez, el 21 de enero de 2022 en Tijuana, México. JORGE DUÉNES (REUTERS)

En México hay actualmente unos 700 periodistas bajo la figura de protección, la cual pueden obtener de autoridades estatales o federales. Solo en Baja California ha habido un promedio de 33 agresiones al año. En 2012 entró en funcionamiento el mecanismo federal de protección, que cuenta con una junta de gobierno en la que participan la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre periodistas y defensores de derechos humanos, brindan protección a unas 1.300 personas. Se desconocen las cifras exactas de las personas que se encuentran bajo la tutela de los Estados. “No solo se necesita dinero, refugios, chalecos antibalas o carros blindados. Lo que se necesita es que se investigue y se detenga a los agresores, porque sino lo único que se logra es que se desplace a los periodistas y se silencie su trabajo, que es lo que persiguen los delincuentes”, dice la coordinadora de Prevención de Artículo 19, Itzia Miravete.

El problema es quién le pone el cascabel al gato. Porque los agresores son en su mayoría funcionarios públicos: poder contra poder. En 2020, siempre según los datos recogidos por el artículo 19, de 692 agresores documentados, 343 fueron funcionarios públicos y de estos, en 188 casos fueron presidentes municipales, regidores, diputados o personal de comunicación social; 144 eran policías de cualquier nivel y 11 soldados de los diferentes cuerpos. Por eso, esta organización de defensa de los periodistas ha luchado para que las leyes estatales que se han implementado en los últimos años -14 estados tienen medidas de protección para los reporteros- permitan a la persona agredida elegir qué organismo debe protegerlo: si es una agresión por parte de funcionarios estatales puede optar por la protección federal y viceversa. “Esto no puede ser una ventanilla burocrática donde si algo sale mal vas a otra ventanilla”, dice Miravete.

Como ocurre con la protección de las mujeres víctimas de sus parejas o exparejas en medio mundo, muchas de las reporteras no se atreven a denunciar su caso porque entienden que las pone aún más en el gatillo, que las revictimiza. , que solo se encuentran en un riesgo aún mayor. “Las autoridades les preguntan una y otra vez sobre lo que pasó, por ejemplo, y, como en una investigación policial, si su segundo o tercer relato de los hechos se desvía mínimamente de los anteriores, anotan “no se pudo probar, pero de buena fe.” fe les otorgamos protección”, dice Miravete. Casi tienen que demostrar su inocencia. Además, en muchas ocasiones, la autoridad tiende a restarle importancia diciendo que han sido agredidos o han perdido la vida “por motivos de trabajo”, exonerando así a la delincuencia organizada de cualquier tipo y aliviando responsabilidades estatales. Sucedió con el fotoperiodista Margarito Martínez recientemente. Cuando lo mataron a tiros en la puerta de su casa, se dijo que tenía problemas con un vecino. “En el caso de Lourdes Maldonado, esta misma mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era un tema laboral”, critica Miravete. “Y es triste, pero a veces los señalan como colaboradores del narcotráfico o relacionados con los poderes públicos”, como si justificaran sus muertes en base a esas amistades. Son muchos los que deciden no denunciar por estas trabas o revictimizaciones, denuncia Miravete.

Finalmente, muchos reporteros en México, un país mortal para la prensa, se ven obligados a dejar su lugar de residencia por unos meses o irse al extranjero. Desde 2009 ha habido 67 desplazados y “una tercera parte sale del país. Suelen encontrar el apoyo de la cooperación internacional, por ejemplo en la UE, en Canadá, o en Barcelona, ​​donde tenemos mucho contacto con ellos y dan cobijo a periodistas, a veces a través de embajadas”, dice la activista de Article 19. Luego regresan y el peligro sigue ahí. “Porque no basta que cambie el gobierno en los municipios o en los Estados, los agresores quedan libres y en el poder”, agrega.

Una nueva violencia asoma cada día con más presencia en el trabajo de los informantes, su descrédito en las redes sociales, la violencia digital. “Eso también los termina silenciando, porque el periodista ve socavada la legitimidad de su información, los silencian por estos canales, eso también es violencia”, acusa Miravete. Por lo tanto, poco o nada se logrará si la principal medida no es buscar y detener a los agresores, en lugar de cobijar a los agredidos y silenciarlos. “Hay que investigar y hacer justicia mientras los reporteros estén refugiados, de lo contrario el desplazamiento, lamentablemente, se vuelve permanente. Se les da cobijo para mantenerlos con vida, pero se les quita su trabajo”.

Hace pocos meses, el gobierno federal abolió los fideicomisos, figura económica que aportó recursos para diversos asuntos, entre ellos la protección de periodistas en riesgo. “No hemos notado grandes cambios en el presupuesto, incluso este año ha habido un ligero aumento. Pero tampoco ha cambiado el funcionamiento. El problema es eso, la operatividad, que no se toman medidas para acabar con estas amenazas o meter presos a los agresores. El dinero no alcanza”, dice Miravete. “Cada vez hay más violencia”.

Francisco Canul tiene su botón de pánico, que de poco sirve, pero dice estar tranquilo porque ha cambiado el gobierno municipal. Siempre dijo que todas las sospechas del allanamiento a su casa apuntaron a la policía, los principales acusados ​​en la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar. «Había huellas de botas de la policía», dijo en ese momento. «No creo que necesite más protección ahora», dice Canul.

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