Organizaciones «preocupadas» por el despliegue de las Fuerzas Armadas. en Perú – El Nacional

Lima, Perú (EFE) .- Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) expresaron este martes su preocupación por una resolución del gobierno peruano que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía por un período de 30 días Nacional para garantizar el control de seguridad en Lima y Callao.

«Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana debe estar a cargo de la policía y que los estándares internacionales de derechos humanos exigen asegurar que el uso de las fuerzas armadas, en tareas de seguridad pública, sea estrictamente excepcional». AI dijo en Twitter.

En la misma línea, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó que «los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público».

«Me preocupa la resolución suprema 191 del presidente Pedro Castillo sobre el despliegue de militares para combatir la delincuencia en determinadas zonas del país», completó en sus redes sociales el abogado y defensor de derechos humanos chileno.

CONTRA EL DELITO ORGANIZADO

Mediante este reglamento, publicado este martes en el diario oficial El Peruano, el Gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo a la fuerza policial para «asegurar el control y mantenimiento del orden interno» ante el incremento del crimen organizado en Lima y el vecino puerto del Callao.

En el documento, suscrito por Castillo y los Ministros de Defensa e Interior, se argumenta que las organizaciones criminales involucradas en el tráfico ilícito de drogas, posesión ilegal de armas, robos y hurtos ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos y han excedido la capacidad operativa de la Policía.

El texto aclaró que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica la restricción, suspensión o afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, y que el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional.

Agrega que las acciones de los militares tienen como objetivo contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personal, a la libertad de circulación en caminos y carreteras, el derecho a la paz, la tranquilidad y el buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales. y salvaguardar los puntos críticos vitales.

REACCIONES POLÍTICAS

A las críticas de organismos internacionales como AI y HRW se sumaron otros de algunos sectores de la oposición política peruana.

Entre otros, el almirante retirado y actual diputado Jorge Montoya, del ultraderechista Partido Renovación Popular, dijo que la norma tiene un “enfoque equivocado” y que “las Fuerzas Armadas no están para cuidar el orden interno, a menos que haya situaciones que exceden la capacidad logística de la policía ”.

En ese sentido, en declaraciones a la comisaría del RPP, Montoya aseguró que la Policía «tiene suficiente gente para cubrir la zona».

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, comentó que es necesario estar «vigilantes y cautelosos» del cumplimiento de esta medida, aunque recordó la «labor fundamental y esencial» que realizaron los militares durante la cuarentena decretada. en 2020 para detener el avance de covid-19.