«Los jóvenes salen a reclamar la falta de futuro»
Han pasado catorce días desde que el llamado ‘Paro Nacional’ arrojó a las calles a miles de colombianos, que protestaban contra el proyecto de reforma fiscal del Gobierno de Iván Duque. Muchos jóvenes, desesperados ante la falta de oportunidades, ven en estas movilizaciones la ocasión de cambiar su futuro.
Pese a que en estas dos semanas han conseguido que se retire el proyecto, y provocado la dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, los enfrentamientos con la policía han agravado las tensas revueltas, dejando en su camino 27 muertos, según las autoridades -más de 40 fallecidos según organizaciones civiles-.
La ciudadanía colombiana, harta de reformas cosméticas y promesas incumplidas, pide un cambio profundo del país. Aunque el estallido social lo provocó la reforma fiscal, esto no fue más que el pretexto para retomar las protestas pendientes contra el presidente colombiano; en un país donde la pandemia ha empeorado la situación económica y sus grandes desigualdades sociales.
«América latina es la zona más desigual del mundo -que no la más pobre-, y Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. Aunque han corregido la pobreza absoluta, siguen existiendo muchas diferencias entre sus ciudadanos», explica a 20minutos Rafael Grasa, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y expresidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz.
¿Por qué han estallado las protestas ahora?
En 2019 comenzaron en América del Sur importantes movilizaciones, especialmente en Chile y Ecuador, pero también en Colombia. En medio de aquellas manifestaciones el Escuadrón Móvil Antidisturbios (esmad) abatió al estudiante Dilan Cruz, de apenas 20 años y hoy símbolo de las protestas en Colombia.
«Durante las protestas de 2019, el presidente Duque realizó una ronda de ‘Conversaciones Nacionales’, que en la práctica era reunirse con todo el mundo y escuchar a todo el mundo, pero no acordar nada«, dice Grasa.
La llegada de la pandemia calmó los ánimos a la fuerza; o eso parecía, ya que la difícil situación económica agravada por la pandemia resucitó las protestas ciudadanas más de un año después. «En un país donde más del 30% de la economía es informal y, por tanto, muchas personas se ganan el día a día en la calle, provocó que el confinamiento les enfrentara a una disyuntiva: morir del virus o morir de hambre«, reconoce Rafael Grasa.
«Estamos ante un sentimiento de inconformidad general de la población con el Gobierno», cuenta a este medio Santiago, un joven abogado que ha vivido las protestas desde su ciudad natal, Bogotá. «Esto va más allá de lo político, es una cuestión social», señala.
La reforma fiscal: la gota que colmó el vaso
En este contexto de crispación social y agotamiento económico, aterrizó el proyecto de reforma fiscal, que descargaba el peso de la recaudación para recuperar al país de la crisis en las clases medias; incumpliendo la promesa que había hecho Duque en su campaña electoral.
«Necesitan ingresar dinero porque hay un déficit estructural. Colombia dependía mucho del petróleo, que lleva años con precios muy bajo», dice Grasa, que sin embargo reconoce que «cualquier presidente se habría dado cuenta de que esa reforma fiscal era de un pirómano (…) la reforma tributaria ni siquiera la apoyaron los gremios industriales».
«La reforma aumentaban la base de recaudación tributaria, pero mantenía las exenciones tributaria a grandes capitales, lo que revela la orientación ideológica de la medida, que sostiene que las exenciones tributarias a los grandes capitales generan crecimiento económico, cuando lo que se debería promover es el consumo de los hogares«, añade Julián Suarez, un joven colombiano contactado por 20minutos que ha participado en las protestas .
El uno de mayo, tres días después del inicio de las movilizaciones, el proyecto de reforma fiscal fue cancelado, pero no las movilizaciones, que continuaron reclamando numerosos cambios: acabar con el clientelismo y la corrupción, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina, crear políticas para acabar con la discriminación de género, diversidad sexual y étnica, la cancelación del proyecto de Duque para volver a usar las aspersiones aéreas con glifosato contra plantaciones ilegales, un herbicida que la OMS calificó como «probablemente cancerígeno»; o recuperar el plan de paz entre el Gobierno y las FARC, entre muchas otras medidas.
«La gente que está en la calle tiene aspiraciones muy ambiciosas, como es el retiro de la reforma de la salud, que agrava las ya precarias condiciones del servicio de salud del país, así como acciones destinadas a lograr mayor justicia e inclusión social» manifiesta Suárez, que añade que «por supuesto también una reforma total de la policía».
La Policía depende del ministerio de Defensa
Las autoridades colombianas han alegado esta semana que los manifestantes «son grupos criminales organizados con financiación ilegal conectada con el narcotráfico que buscan generar inestabilidad», según dijo en una entrevista para la CNN el ministro de Defensa Nacional de Colombia, Diego Molano.
La policía colombiana está militarizada; no dependen del Ministerio del Interior, sino del de Defensa, una consecuencia de la larga etapa de conflicto contra el narcotráfico y las guerrillas que ha vivido Colombia durante décadas.
No obstante, pese al proceso de paz impulsado por el anterior presidente, Juan Manuel Santos, y el desmantelamiento de las FARC, así como el intento de reinserción de los guerrilleros en la sociedad, las fuerzas de seguridad no han llevado a cabo la reforma que la población reclama.
La negativa del Gobierno de Duque a avanzar en el proceso de paz ha dejado desprotegidas a personas relacionadas con este pacto, muchos de ellos asesinados en los últimos años. La ONU estima que desde la firma del acuerdo de paz en 2016 han sido asesinados más de 400 líderes sociales y excombatientes, mientras que otras organizaciones elevan la cifra a más de 700.
Las elecciones de 2022 en el punto de mira
En poco más de un año Colombia celebrará elecciones presidenciales y legislativas por lo que, cualquier medida adoptada por Duque, declaración de la oposición en favor de las movilizaciones o acercamiento con los manifestantes se podrá analizar también en clave electoral. «Cualquiera político que intente meterse en el conflicto o hacer de mediador podría decir adiós a 2022, por lo que también hay una visión muy tacticista», explica Grasa.
En vista de que la primera ronda de diálogos con el Comité Nacional del Paro el pasado lunes terminó sin acuerdos, parece haber provocado que el Gobierno colombiano esté dispuesto ahora a ir más allá y ‘negociar’. En los próximos días se sabrá si estas negociaciones consiguen apaciguar las calles o por el contrario ocurrirá como en 2019, donde las rondas de ‘dialogo’ no llegaron ningún puerto.
«Hay una profunda división entre lo que pide la Comisión Nacional del Paro y lo que pide la gente de la calle», advierte Suárez, que reconoce no tener especial esperanza en las negociaciones entre el Gobierno y este interlocutor de las protestas que está «muy politizado».
El temor a que el paso del tiempo radicalice las protestas está muy presente. «La gente va a seguir saliendo y lo que me temo es que, entre el escenario electoral y la incapacidad de unos y otros, aunque hay mucha gente que pide tranquilidad, habrá quien lo aproveche«, expone Grasa.
Suárez reconoce que un camino peligroso que puede tomar las protestas es que «se desate una violencia generalizada y Duque lo use para declarar el estado de excepción», ganando así tiempo hasta el final de su mandato. «La juventud, antes que salir a reivindicar una posición política o ideológica, lo que está saliendo es a reclamar la falta de oportunidades y, sobre todo, la falta de futuro«, sentencia el joven colombiano.