La Constitución plantea el recurso de Victoria Rosell contra la investigación de Fiscalía | España


Victoria Rosell fue, de hecho, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, en el Ministerio de Igualdad, en marzo de 2020.jaime villanueva

La Corte Constitucional negó el caso jueza en excedencia Victoria Rosell, en la noticia de la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en relación a la investigación sobre cuál fue el objeto de la Fiscalía de Canarias en 2015, cuando la magistrada preparaba su candidatura a las Cortes en las listas de Podemos. El motivo de la denuncia es que el Tribunal de Garantías está considerando que Rosell ha recibido una clara protección de sus derechos fundamentales por parte del Tribunal Supremo, que en 2017 estima que la Fiscalía tiene limitadas atribuciones paradigmáticas de responsables.

El argumento esencial de la sentencia —de la que el Vicepresidente del Tribunal General, juan antonio xiol– es que cuando Rosell presentó su petición de remisión “no hay persistencia de ningún tipo de lesión constitucional”. La pretensión del magistrado es que la Constitución reconoce que ha resultado perjudicado por la investigación de la apertura de la Fiscalía de Las Palmas a cambio. Estas diligencias están relacionadas con la venta de una emisora ​​de radio de su pareja, el periódico Carlos Sosa, al emperador Miguel Ángel Ramírez, que ha abortado en la corte del Rosell.

El estudio se encuentra en proceso de recepción de la Fiscalía, la cual es un documento enviado anónimamente sobre esa operación comercial. Las autoridades fiscales dispondrán la recuperación y el juzgado de paz no podrá hacerlo en ningún caso, no absteniéndose de seguir las diligencias que en su sentencia se lleven a cabo. Queda claro que las diligencias anónimas las está realizando en tiempo real Salvador Alba. Alba fue expulsado de su carrera judicial el pasado 3 de marzo, habiendo sido condenado en 2021 por el Tribunal Supremo a seis meses y seis meses de prisión por conspirar contra Rosell.

Rosell dictó sentencia favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en 2017 consideró que la investigación sobre qué objeto por parte de la Fiscalía había invadido «aspectos esenciales del procedimiento sancionador», en Poder Judicial en Materia General Disciplinaria (CGPJ). Esta primera sentencia deja sin efecto la nulidad de las medidas cautelares que se hayan impuesto a la Hacienda Pública Canaria.

Esta resolución fue rescindida en el Tribunal Supremo, lo que llevó a Rosell a reconsiderar el hecho de que la investigación de Fiscalía y su difusión afectarán a sus derechos políticos, en consonancia con su condición de candidatura electoral. La Sala del Contencioso está considerando, por decirlo así, que la vulnerabilidad no existe, porque, entre otros factores, el magistrado -se encuentra en situación de servicio especial- será elegido en diciembre de 2015.

Rosell miró al otro lado de la Constitución, que finalmente ha considerado que en esencia se debe proteger la ley y el logaritmo, de la jurisdicción ordinaria. La causa del Tribunal de Garantías afirma que la actuación de la Fiscalía de Las Palmas “ha sido declarada de manera conclusiva en la vida judicial como radicalmente nula con el fin de suspender sus derechos fundamentales”. La Constitución establece que esta conciliación quedó claramente establecida en la primera sentencia, el Tribunal Supremo de Canarias, así como el Tribunal Supremo. El razonamiento del Tribunal garantiza que en primera instancia «la falta de competencia y la vulneración del principio de neutralidad del Ministerio de Hacienda» en su investigación sobre Rosell, y, en segunda, es claro que «retslige» la la anulación de los dilemas fiscales es fundamental «en la vulneración del derecho de defensa» del magistrado.

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