La agenda de la Generalitat avanza tímidamente con algunos pactos y poco dinero | Cataluña
La parada en el ensanche de El Prat También ha supuesto un retroceso en la llamada agenda del reencuentro, el plan con el que el presidente Pedro Sánchez espera desinflar el secesionismo. Son 44 los puntos que recogen la mayoría de las brechas históricas reclamadas desde Cataluña. La inversión de 1.700 millones de euros en el aeródromo es muy llamativa pero el Ejecutivo central ha avanzado en otros puntos: el pago de una indemnización por el aumento de plantilla de los Mossos; que la nueva Ley de Educación proteja el catalán en la escuela o saque del congelador a la Comisión Bilateral. También descarta debatir ahora la financiación autonómica.
El documento fue presentado por Sánchez en 2020 y está dividido en cinco bloques. En el primero, sobre el diálogo político, el Gobierno ha avanzado, según los dirigentes catalanes, abriendo «vías de negociación para discutir el futuro de Cataluña» (la mesa de diálogo) o con la concesión de indultos.
Más información
En el segundo bloque, el Gobierno se compromete a reformar el sistema de financiación autonómico. Esta semana, sin embargo, la primera vicepresidenta, Nadia Calviño, pospuso su solución para los próximos años. El Gobierno también se comprometió a mejorar el objetivo de déficit de las autonomías, lo que hizo en febrero de 2020 para hacer frente a la pandemia.
En el apartado de mejora de la cooperación, Sánchez se comprometió a “reducir el conflicto institucional” y promover la Comisión Bilateral. Ese foro está en funcionamiento, pero no se pudo evitar, por ejemplo, el recurso de constitucionalidad contra la ley catalana de tope de alquiler. Por supuesto, el Ejecutivo central no usó su prerrogativa de suspensión automática.
El Gobierno de Pedro Sánchez también apoya la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, una propuesta donde Junts y ERC no parecen ir de la mano.
En el apartado de política social destaca el compromiso de llevar a cabo una ley educativa «que incida en el modelo de escuela catalán». ERC dio el visto bueno a la denominada Ley Celáa porque consideró que blindaba la inmersión lingüística. Pese a ello, los tribunales derrocaron los proyectos lingüísticos de dos centros de Cataluña y les obligaron a tener un mínimo del 25% de las clases en español. Todavía se está estudiando la gestión desde Cataluña del 0,7% del IRPF con fines sociales.
El quinto tramo es el de las infraestructuras. Además de El Prat, el Gobierno está estudiando el traspaso de la gestión de la periferia de Renfe. Los accesos viarios y ferroviarios del Port de Barcelona se encuentran en fase constructiva del proyecto constructivo.