Isla de Valdecañas abre un caso único de derribo e indemnizaciones | Compañías

El anuncio del Tribunal Supremo sobre la sentencia condenatoria (pendiente de publicar) del derbi obligatorio de Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) abre un caso único por su tamaño, viabilidad de la eyaculación y posibles repercusiones económicas. La inversión podría aumentar hasta los 140 millones en indemnizaciones y acogida por derribo, ya que suele llevar la Junta de Extremadura al otro lado del caso por Ecologistas en acción.

Alberto Ibort, la sociedad urbana de Pérez-Llorca y partero mediocre, dijo que tenía precedentes sobre esta ampliación de las sentencias de derribo y dijo que el caso era «el único cargo al que lo más lamentable es la prórroga» de los afectados. Indstil 180 viviendas unifamiliares, un hotel de cuatro estrellas, un club náutico, un campo de golf y un parque infantil artificial, así como otras construcciones sin plazo. Para esta defensa también es muy relevante que se decidiera demoler todo el proyecto, en contra del criterio del Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura, buscando protección ambiental.

Marina Isla de Valdecañas comenzó a adentrarse en las iniciaciones de los años 2000, sobre una isla en el embalaje de Valdecañas, en una época en la que no estaba con protección. Hecho, esta zona fue abandonada y muy degradada al ser atendida por las industrias manufactureras y manufactureras. En medio de un proyecto, este espacio es declarado zona de protección y, posteriormente, parte de la Red Natura 2000. Sin embargo, la Junta de Extremadura lo ha apoyado como proyecto de interés regional en una zona muy deprimida.

Por tanto, la empresa Marina Isla de Valdecañas SA puede llevar a cabo el proyecto con todos los permisos. Esta empresa recaudó 96 millones de euros por la venta de inmuebles -inscritos en la logia- entre 2009 y 2013, fundamentalmente en 2011, cuando ingresaron más de 90 millones, los registros en recibo.

A la espera de sentencia, las fuentes judiciales señalaron a la Junta como la entidad que tiende a asumir la compensación a los propietarios por haber concedido estos permisos urbanísticos, y que la empresa desarrollaba su actividad en base a ellos. Aunque el gobernador autonómico ha señalado que probablemente presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, que conocerá el auto de la Audiencia Nacional.

El caso del emperador del Tribunal Supremo juzga como «aberrante», que el Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura en la anterior sentencia de imposibilidad de ejecutar una orden completa y sólo obligue a demoler las obras sin construir.

La sociedad de Pérez-Llorca reconoce que el desalojo se producirá en este momento y creará una nueva vía de conflicto, que los propietarios deberán evaluar sus datos y exigir. Además, la Junta suele presentar en el plan de derribo que además de cumplir los requisitos técnicos se salve el medio ambiente, y que también habrá que ampliar un plazo de alegaciones.

Los consultores consultaron sobre la complejidad de la demolición, ya sea para mover o no un hotel o casas solas, para quitar infraestructura, alcantarillado, obras de urbanización o incluir una depuradora.