Golpe político a los pacientes con uranio | España


«El caso está cerrado, no importa lo triste y triste que sea». De esta manera tajante, la Seguridad Social archiva el reclamo de ex trabajadores y familiares de la Fábrica de Uranio en Andújar (FUA), en Jaén, por lo que sus dolencias son consideradas una enfermedad profesional por su exposición al uranio sin medidas de protección durante los 22 años que permaneció abierta la que fue considerada la primera instalación radiactiva del país. Este año se cumplen 40 años del cierre de la FUA y en la actualidad apenas sobrevive una decena de los 126 trabajadores que allí trabajaban. Muchos murieron de cáncer y otras enfermedades que entienden asociadas con el uranio.

La respuesta de la Consejería de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Junta de Andalucía -que se ha dado a conocer recientemente gracias a una pregunta parlamentaria de Unidos Podemos- cierra el camino político. Había sido incautado por ex empleados y sus familias después de que se desestimaran la mayoría de las demandas.

“No me ha pillado por sorpresa; la mayoría de las partes ya no están interesadas en que este caso salga a la luz. Me gustaría pensar que no todo está perdido y que sería justo atender nuestros reclamos, pero no sé cómo ni por dónde empezar, cada vez se cierran más puertas ”, explica Eva Navas, hija de un octogenario. quien trabajó hasta que ella se jubiló en la FUA y que es uno de los pocos testigos que quedan de ese trabajo sin protección.

Entre 1959 y 1981, la FUA trató el mineral de uranio de Sierra Morena para extraer el concentrado de óxido de uranio (U₃0₈). Fue administrado por la entonces Junta de Energía Nuclear, la actual Centro de Investigaciones Energéticas, Ambientales y Tecnológicas (Ciemat).

Enresa llevó a cabo el desmantelamiento y rehabilitación de su emplazamiento en 1995. La empresa pública que gestiona los residuos radiactivos debe elaborar un informe anual sobre el plan de vigilancia y mantenimiento de la antigua fábrica con información radiológica y otros aspectos sobre su correcto funcionamiento y estabilidad. del vertedero restaurado. La protección del medio ambiente y la salud de las personas en el área de influencia de la instalación se controla a través del mismo plan de vigilancia de Enresa, y con la supervisión y control de la Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Vista aérea del entierro de la FUA-Fábrica de Uranio en Andújar. En la imagen el vertedero de la antigua fábrica.José Manuel Pedrosa

“Moriremos sin lograr nada y con mucho dolor”, dice Manuela Barroso, 77, resignada, quien creció en La Nuclear, como le llaman a la FUA en Andújar. Su padre, Antonio, venía de Ayamonte (Huelva) para trabajar en la construcción de la fábrica y posteriormente fue empleado allí como guardia de seguridad. Y ella misma empezó a trabajar en el laboratorio del basurero cuando apenas tenía 14 años. “Recuerdo jugar con mis hermanas con las piedras de colores que venían de las minas sin saber el peligro que corríamos”, dice Manuela, afectada por una artritis reumatoide severa desde muy pequeña. Su padre murió de cáncer de próstata y enfermedad pulmonar.

En febrero de 2006, la entonces Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía crearon un grupo de trabajo para definir las pruebas diagnósticas, informes de especialistas y otros datos necesarios para valorar el posible origen profesional de las patologías que venían padeciendo. Pero no fue hasta mayo de 2008 que se llevaron a cabo las pruebas médicas judiciales para resolver los antecedentes de 54 ex trabajadores vivos y 34 que ya habían fallecido.

Estas pruebas determinaron que sólo en una decena de casos el Instituto Nacional del Seguro Social reconoció enfermedad ocupacional debido a la existencia de una “relación causal” de las enfermedades y limitaciones que padece la exposición ocupacional al uranio. 46 personas a las que se les negó el reconocimiento presentaron demandas en el Juzgado de lo Social. Ninguno prosperó.

«Por todos estos motivos, los servicios legales de la Seguridad Social consideran que el caso está cerrado, por muy triste y triste que sea, y no es posible reabrirlo en términos legales», concluye en la carta enviada por la Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Consejería de Sanidad y Familia de la Junta de Andalucía. No obstante, la Consejería que preside José Luis Escrivá añade que «la Junta de Andalucía, a través de la voluntad expresada por su Parlamento, tiene la capacidad de atender las reclamaciones de los ex trabajadores, fallecidos y sus familiares por el sufrimiento sufrido».

“La verdad es que cuesta avanzar, los afectados están cansados ​​y desencantados”, dice Manuel Ángel Vázquez, abogado de la ex asociación de trabajadores. Tras desistir de apelar ante el Tribunal Supremo, la única estrategia judicial que sigue considerando este abogado sería acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulneración de derechos. “Queremos dejar claro que trabajaron sin ninguna medida de protección, sometidos a la radiación de uranio y sin cumplir con los planes de prevención e higiene”, dice.

El grupo parlamentario de United We Can en el Congreso se muestra reacio a dar por cerrado este caso. Aseguran que seguirán luchando para que se haga justicia y se reconozca su enfermedad profesional. “Este es un delito laboral sin resolver, es fundamental hacer justicia a los 15 trabajadores que aún viven y los 111 ya fallecidos y sus familias, el tiempo es corto”, dice la diputada Isa Franco.

Unidos Podemos recordar el informe científico-técnico emitido en 2007, que explicaba que «hay pruebas imperfectas pero evidencias, al fin y al cabo, entre una exposición prolongada al polvo de uranio y una determinada constelación de patologías» y que «el uranio es, ante todo, un Metal químicamente tóxico, con efectos demostrables en riñones, pulmones, sistema inmunológico, calidad de vida y estado de ánimo ”.



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