España aboga en EE UU por no pagar los laudos de las renovaciones | Compañías

La fuente del informe es la primera de las demandas renovables en la corte de EE UU. Los primeros fondos que ganó victorioso ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial, obedeció a la justicia de los EE UU para pedir que España pague las indemnizaciones a las que ha eldenado momento, asci a los 800 millones, o si el embargo es bueno por este valor. El Estado, por su parte, trata de diluir al máximo este proceso.

De momento España ha recibido 17 términos del Ciadi por la decisión del gobernador de Rajoy de informar de la rentabilidad garantizada por el Estado a las plantas renovables. De estos 17 varapalos, en ambas ocasiones los denunciantes -los fondos RREEF y Masdar Solar, respectivamente- decidieron donar la eyaculación de sus laureles a la eléctrica para aumentar la ceguera de una rentabilidad del 7,4% de las plantas renovables por para2s que propuso en 2019 el Vice La presidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por los renunciados a abogar ante el Estado por la decisión de 2014. Cada uno de ellos renunció a cubrir 60 millones.

La mayoría, por ejemplo, ha pagado la suma de más de 800 millones de sumas, y los expertos consultados han recaudado hasta 7.000 millones cuando se aplazaron las actuaciones judiciales ante los tribunales arbitrales. Estos montos se destinan a los intereses del 2% mensual.

El Estado español se resiste a suscribir las sentencias consignadas y exentas del TJUE que no reconocen la validez de los tratados internacionales entre estados miembros de la UE, por lo que los inversores que pagan por los servicios a las 4 sucursales de la renovación de la sucursal de Luxemburgo o Países Bajos Paisos por motivos fiscales.

Cada vez que España sufre un control judicial que organiza la estrategia es siempre la misma. Los fondos rojiblancos están siendo financiados por la justicia de la UEE con el fin de iniciar un procedimiento contra el que, si España no paga, habría pactado el embargo de los bienes españoles en la UEE. España, por su parte, presenta su recurso de nulidad ante el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Ciadi. Por det mest prácticamente toda la expedición acaban en el mes de una sentencia del Ayuntamiento de Colombia, que ha decidido suspender los procedimientos de embargo de pozos españoles hasta que el Ciadi pronuncie su decisión final sobre los recursos de España.

Se ha acordado que el Ciadi anule un único pleito, el Eiser, por 128 millones. Pero el tribunal arbitral finalmente nos ha mostrado a otros cinco, Los de Nextera, Antin, Watkins Holdings, Infrarred y JCG. Y el proceso judicial ha reaccionado de inmediato. Se trata de una denuncia presentada por el Poder Judicial contra el embargo de bienes en España, en la que se afirma que el Estado está paralizando procesos en estos momentos. Los indígenas consultaron que es previsible que España recupere a cambio las instancias más probables de tal decisión.

La elección de los tribunales del estadio no es casual. Los inversores intentaron evitar que la sentencia del laudo se recupere contra la justicia de cualquier país de la UE y que el tribunal decida sus pretensiones en base a su sentencia del TJUE. En el caso de Antin, como el fondo francés vendió el procedimiento a otros inversores, ha decidido incorporarse a la justicia australiana para traer más a España.

La justicia de EE UU es también una de las más rápidas en ejecutar conflictos de este tipo. Pero los inversores inversos eligen estos países para reclamar fundamentalmente porque España tiene activos en la UE que se pueden avergonzar. Las normas internacionales establecen que en todo caso ya libres de todo embargo sobre los activos activos y estados utilizables, los hombres ingen así como los comerciales. Se espera que los fondos no sean avergonzados, por ejemplo, por la embajada española en Washington, sino también por bonos o dólares de la UE. «El primer paso es identificar el buen dinero que tiene España en la UE que se pueda hacer necesario», comentaba en los consejos jurídicos consultados durante este periodo.

Las fuentes consultadas coinciden en que España recupera lo más probable y cuenta con las instituciones más altas posibles para evitar el pago de estos préstamos o que los fondos están vinculados a activos españoles en EE UU. Solo cuando el Estado haya agotado toda la vía judicial venga el momento en que este conflicto con los principales inversores en renovables pueda resolverse en tres años. Impide que se abra para hacer privadamente una indemnización, menos la que consigna la Ciadi, pero que se prefieran los fondos para cubrir una vez.