El Tribunal Supremo confirma seis años y medio de prisión para el juez que conspiró contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell | España
El magistrado canario Salvador Alba deberá ingresar en prisión para cumplir una condena de seis años y medio por maniobrar contra su colega y actual Delegada del gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell. El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la sentencia impuesta en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Además de la pena de prisión, la Sala Penal confirma una pena de 18 años de inhabilitación para Alba, que ya fue retirada de la carrera por haber sido suspendida provisionalmente a la espera de sentencia firme. El magistrado también deberá pagar una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros a Rosell, como responsabilidad civil.
Los jueces del juzgado canario dieron por probado que Alba se concertó ilegalmente en 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez para que pudiera aportar documentos que cuestionaran la imparcialidad de Rosell como juez. Lo hizo tras acceder al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, que hasta entonces ocupaba Rosell y que había quedado vacante tras solicitar una excedencia para aparecer en las elecciones generales de 2015 en la lista de Podemos. El magistrado solicitó expresamente por escrito al Consejo General del Poder Judicial su traslado a ese juzgado, en el que Rosell instruye desde 2014 un caso por delitos fiscales contra el empresario Ramírez, entonces propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria y presidente, todavía hoy, de Las Palmas CF.
Nada más llegar al juzgado, Alba se puso en contacto con un abogado del caso para facilitar los contratos que vincularían al entonces socio del juez Rosell, el periodista Carlos Sosa, con las empresas de Ramírez. También citó al empresario que estaba siendo investigado en una entrevista cuyo propósito principal, según el alto tribunal “no era recibir una declaración del imputado, que también se produciría, sino crear y aprovechar una oportunidad para introducirse en el caso aquellos datos que pudieran lesionar el crédito o prestigio del juez de instrucción anterior ”. El objetivo, según los jueces, era perjudicar a la magistrada y dar alas a una demanda en su contra que había interpuesto el exministro José Manuel Soria.
Ramírez aportó documentación y una semana después, El mundo publicó que el empresario le había prestado dinero a Carlos Sosa mientras su socio lo investigaba. Esa información sirvió al ministro Soria para ampliar la denuncia contra el ya diputado de Podemos, que fue admitida por el Tribunal Supremo. Lo que Alba no sabía es que el empresario había grabado la entrevista con el juez, conversación que fue avalada por el juzgado y se convirtió en una prueba fundamental para condenar al magistrado, que ahora tendrá que ir a prisión.
La denuncia contra Rosell quedó archivada, pero luego de que el exdiputado tuvo que salir, en abril de 2016, de la Delegación Permanente del Congreso, en la fallida XI Legislatura, y renunció a presentarse nuevamente en las elecciones generales de junio de ese año.