El Partido Popular ha apoyado iniciativas contra las macrogranjas en casi 40 municipios | España


El líder del Partido Popular, Pablo Casado (izquierda), junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, el 29 de diciembre.Tarek/PP (PP/EFE)

El Partido Popular (PP) se ha movilizado contra las megagranjas en al menos 37 municipios. En 16 de ellos mediante la aprobación de reglamentos municipales. Además, han apoyado mociones contrarias a este modelo ganadero en 21 consistorios más, de los que 14 también los lideran alcaldes del PP, según datos recogidos de las plataformas y juntas de vecinos contra las macrogranjas. La mayoría están en Castilla y León, cuyo presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha arremetido contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por afirmar que estas fincas “contaminan” y producen carne de “peor calidad” que la resultante de la ganadería extensiva. Los populares también firmaron hace algo más de un año un comunicado institucional en la Diputación Provincial de Palencia, en la que gobiernan, donde afirmaban que «no apoyaban» la puesta en marcha de 14 grandes explotaciones ganaderas.

Milagros Marcos, portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, anunció el 6 de enero que presentarán mociones “en toda España” —comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos— para exigir “la destitución de Garzón” y la “ defensa de los profesionales afectados. Sin embargo, el propio partido ha aprobado reglamentos municipales contra estas macroexplotaciones en al menos 16 alcaldías. El presidente de la formación, Pablo Casado, ha defendido la posición de estos municipios argumentando que «dentro del partido» ha habido «una directriz» para que los ayuntamientos aprueben la construcción de nuevas macrogranjas.

Las medidas aprobadas por los diferentes municipios regulan aspectos que inciden directamente en la construcción de nuevas instalaciones. Por ejemplo, mediante la regulación de los vertidos de residuos de origen ganadero, la suspensión de licencias para su construcción o la modificación del Plan de Ordenación Municipal para evitar la contaminación de suelos y acuíferos. En declaraciones a EL PAÍS, fuentes de estos municipios argumentan que sus medidas no responden a «cuestiones políticas». «En nuestro caso, consideramos que había suficientes cabezas de ganado en el municipio y se deberían repartir por el resto de la provincia, porque cabemos todos», dice Carlos Arteche, alcalde popular de Carboneras de Guadazón (Cuenca), uno de los municipios que aprobaron una ordenanza para limitar los vertidos de residuos de origen ganadero con los votos a favor del PP y el PSOE por la «presencia de nitratos» en el agua potable.

13 ayuntamientos castellano-leoneses del PP firmaron el 7 de marzo de 2020 una declaración conjunta junto a otros gobiernos municipales de diferentes tendencias políticas, con el objetivo de manifestar su “oposición a la red de macrogranjas que quieren instalar” en diferentes ámbitos de la autonomía. También pidieron al Gobierno Autónomo de Mañueco un «decreto de moratoria» en la concesión de permisos al productor cárnico que pretendiera construir nuevas granjas.

La Diputación Provincial de Palencia —gobernada por los populares con amplia mayoría— firmó una declaración institucional el 20 de octubre de 2020, con el apoyo de todos los grupos: PP, Partido Socialista, Ciudadanos y Grupo Mixto —como exige este tipo de declaraciones . En él afirman que la Diputación «no apoya el planteamiento de instalar 14 granjas intensivas porcinas». Asimismo, ratifican su “apoyo incondicional a la posición (contra las macrofincas) expresada por los municipios afectados”, que suman al menos una decena. Por último, «instan» a la Junta de Castilla y León a «evaluar el impacto ambiental de todos los proyectos de granjas industriales porcinas» que se pretendían construir en la provincia. Y pide al Gobierno regional de Mañueco que «tome en consideración las alegaciones» presentadas por la Diputación.

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Previamente, el propio Ayuntamiento de Palencia —donde Ciudadanos gobierna en coalición con el PP— también firmó una declaración institucional junto al resto de fuerzas políticas para pedir a la Diputación que se manifieste contra la construcción de estas 14 granjas cárnicas. La carta va más allá de la aprobada por la Diputación e insta a la Junta de Castilla y León a «no permitir la instalación de las macrogranjas». Fuentes del Ayuntamiento han asegurado a este periódico que «no están en contra» de este modelo ganadero, aunque su posición sigue siendo «la misma» que firma en la declaración. Defienden que se firmó para que “se cumpliera la ley” porque “había dudas” de que los proyectos de fincas respetaran la normativa ambiental.

El PP de Palencia anunció a través de Twitter que iba a presentar mociones en todos sus ayuntamientos y diputaciones para «exigir la destitución de Garzón» y la «rectificación de [Pedro] Sánchez”, presidente del Gobierno.

Los populares también han secundado iniciativas contra este tipo de ganadería en consistorios con alcaldes del PSOE. En la ciudad de Albacete y en su Diputación, PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos firmaron una declaración unánime para reafirmar su «apoyo a los municipios para evitar la instalación de modelos ganaderos no sostenibles». En el texto también señalan los «posibles efectos en la salud pública» de las poblaciones cercanas y «efectos ambientales» derivados de estas granjas. El PP también ha respaldado normas municipales que han limitado la proliferación de este tipo de fincas en Cieza (Murcia), Pozuelo y Alpera (Albacete) o Albendea y Arguisuelas (Cuenca).

El viernes, durante la visita a una explotación ganadera extensiva, Pablo Casado ha asegurado que «no piensa» que la producción intensiva «contamine», y ha insistido en que se cumple con una «normativa estricta». Mañueco también ha visitado en los últimos días diferentes fincas en «defensa» de los ganaderos de la comarca antes de las elecciones autonómicas del 14 de febrero en Castilla y León.



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