El Gobierno Vasco reconoce el «aislamiento social» de la policía durante el terrorismo | España

El Gobierno Vasco ha presentado este viernes un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (Bilbao), sobre la «injusticia» sufrida por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias como «consecuencia del terrorismo de hora estimada de llegada”, que mató a 357 de sus miembros. El informe considera “intolerable desde una sensibilidad democrática” la “amenaza que lanzó ETA” contra las fuerzas del orden público que, “a través de la intimidación colectiva”, quedaron expuestas a una situación de “aislamiento social”. El texto recomienda hacer un ejercicio de reconocimiento que “debe ser público y […] oficial” e invita a la sociedad vasca a “reflexionar” para construir una “memoria reparadora y empática” para el “sufrimiento” de estos «victimas inocentes».

El Gobierno Vasco ha refrendado las conclusiones del texto «de forma clara y sonora», según ha asegurado este viernes la ministra de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. El informe fue encargado en 2020 por la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Ejecutivo vasco y cuenta con 76 páginas en las que se expone la «violación sistemática de los derechos fundamentales» que sufrieron policías nacionales y guardias civiles durante 51 años, hasta la banda depusieron sus armas Octubre del año 2011. Dichas violaciones afectaron, según lo escrito, el “derecho a la integridad física y moral, a la vida, a la libertad y seguridad, a la circulación y residencia, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad ya la dignidad. de la gente».

Artolazabal ha señalado que el objetivo de este estudio es la búsqueda de “la verdad, la memoria y el reconocimiento para llegar a un modelo de convivencia basado en los pilares de la dignidad, la no violencia, la no repetición, el pluralismo político, el respeto y el diálogo”. En la misma línea, el documento incluye varias recomendaciones.En primer lugar, «hacer público» el sufrimiento sufrido por las víctimas para «recuperar la convivencia democrática» de la población vasca que, prosigue, «ha vivido en sí misma una enfermedad intolerable». también reclama considerar «el valor de la diversidad que fue socavado por la banda terrorista ETA y su entorno social». Finalmente, destaca la importancia de «continuar y promover» iniciativas que llevan la memoria de las víctimas a las aulas y «animar» colocación de placas en la vía pública en aquellos lugares donde se produjeron los ataques: “Con el trabajo de reparar una cultura de convivencia ciudadana”, expone el texto.

Los autores de la investigación han sido tres profesores de la Universidad de Bilbao que han entrevistado a 14 víctimas de atentados oa sus familiares, todos pertenecientes a Policía Nacional y Guardia Civil. Todos han destacado, junto al aislamiento social vivido, la «quiebra familiar» y las «rupturas sentimentales» sufridas a causa de la “miedo” de sus parejas a residir en el País Vasco. Además de la ausencia de apoyo de la sociedad vasca: «A las personas entrevistadas les faltaba una mayor empatía del conjunto de la sociedad hacia su condición y sufrimiento», describe el informe, que añade también el «claro reproche» de las víctimas a los vecinos que fueron desconocen su situación bajo la premisa de “algo deben haber hecho”.

El documento recopila datos sobre atentados, muertos y heridos como consecuencia de las acciones de ETA. En total, el grupo terrorista asesinó a 357 personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La mayoría eran guardias civiles, 207 —58%— y 17 de sus familiares también fallecieron a causa de los repetidos ataques al cuartel donde vivían familias enteras. En concreto, cinco adultos, dos adolescentes y 11 niños. Los otros 150 asesinados —el 42%— eran miembros de la Policía Nacional. Además, el informe señala que los atentados de ETA dejaron 711 heridos, el 43% de los cuales sufrieron lesiones que les provocaron «invalidez permanente total».

Este trabajo llega después de que se hicieran públicos otros anteriores del mismo Instituto de Derechos Humanos sobre personas amenazadas por ETA, agentes de la Ertzaintza —la policía autonómica vasca—, y la política de dispersión —que consistía en internar presos en cárceles alejadas de su familias-. El próximo año se presentará un estudio sobre las consecuencias de la pandilla en los funcionarios penitenciarios.