El Gobierno se niega a pagar a las familias de los agentes rurales asesinados en Lleida | Cataluña

En la mañana del 21 de enero de 2017, dos agentes rurales de la Generalitat fueron asesinados a tiros por un cazador durante una inspección cacería rutinaria en Aspa (Lleida). Dos años después, la Audiencia de Lleida condenó al asesino a 45 años de prisión. Cinco años después del doble crimen, las familias siguen batallando con la Generalitat, que se resiste a pagar indemnizaciones por sus muertes. En estos momentos hay dos procedimientos abiertos: un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y una reclamación por el Principio de Indemnización de Funcionarios. La sentencia fijó la indemnización en 1.077.000 euros, pero el condenado se declaró en concurso de acreedores y sólo percibieron 300.000 euros del seguro de caza.

Las familias reclaman la diferencia entre lo que la Corte dictaminó que se les debía pagar y lo que pagó la aseguradora. Manel Vidal, que era coordinador de las Comisiones Obreras del Cuerpo de Agentes Rurales en el momento de los hechos, insiste en que las familias, además de la indemnización que les corresponde por ley, exigen «que la Generalitat ponga en marcha la medidas necesarias para que algo así no vuelva a pasar y nadie más tenga que sufrir lo que está sufriendo”.

Vidal recuerda que «nadie ha asumido responsabilidades por la falta de medidas preventivas con las que trabajaron los Agentes Rurales en 2017». Tiene claro que «no se han exigido responsabilidades porque quien tenía que reclamarlas» era la propia Generalitat. “En una empresa privada la Inspección de Trabajo habría abierto un expediente sancionador, pero siendo juez y parte no se han creído responsables”, lamenta. El sindicalista sostiene que los técnicos del Servicio de Prevención Agraria -Departamento al que pertenecían los agentes rurales- detectaron en la evaluación de riesgos de 2014 un riesgo de «amenaza, violencia, agresión física por parte de una persona armada con objetos que pudieran ser considerados peligrosos para la integridad física de los agentes”. La evaluación se quedó en un cajón. Solo se tomaron medidas después de las muertes., los controles de caza pasaron a ser un agente más (tres) y uno con arma larga, y se les entregaron chalecos antibalas.

Para los familiares de las víctimas, las muertes “fueron consecuencia de la falta de medidas de seguridad y protección brindadas por el departamento en el ejercicio de sus funciones”, y alegaron una “omisión en materia de riesgos laborales”. Tras finalizar el procedimiento penal, presentaron una Reclamación Patrimonial ante la Generalitat. La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat emite un informe en el que concluye que “la Administración sólo es responsable cuando pueda demostrarse, en una relación de causa-efecto, que el daño puede atribuirse a un funcionamiento anormal de los servicios públicos”. Sostuvo que el daño «se debió a la intervención determinante de un tercero —el cazador—» ajeno al funcionamiento del servicio público «, y subrayó que se trata de «un hecho nocivo muy difícil de prevenir». Comisión, los fallecidos —Xavier Ribes y David Iglesias— no tuvieron tiempo de avisar a sus equipos y “ni habrían podido utilizar sus armas”.

Ante este informe, Agricultura se opuso a la demanda y el abogado de las familias, Pau Simarro, recurrió ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. La Sala no ha resuelto y la sentencia dictada es apelable. Al mismo tiempo, en diciembre de 2020, Simarro interpuso una segunda demanda contra la Generalitat por el Principio de Indemnización de Funcionarios. La sentencia de 8 de julio de 2020 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estableció como doctrina que: “Las lesiones y daños que sufran los agentes de policía como consecuencia de actuaciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia por parte de por su parte, las funciones que les competen, deben ser retribuidas por la Administración mediante el principio de compensación o indemnización, principio general que rige a los empleados públicos.

El abogado de las víctimas sostiene que cinco años después de los crímenes «se ha hecho justicia con el asesino», pero lamenta que la Generalitat siga oponiéndose a «indemnizar a los familiares de los dos agentes muertos a sangre fría en el ejercicio de sus funciones». .

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