El gobierno central financiará un tercio de las reubicaciones de La Cañada | Madrid

El Ministerio de Transportes financiará un tercio de las reubicaciones del Cañada Real Galiana de Madrid. Así lo comunicó David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, a los representantes de las administraciones implicadas. El ejecutivo autonómico, junto con los ayuntamientos de Rivas y Madrid, pagaría el resto de un plan a largo plazo que tiene como objetivo la reubicación permanente de más de 2.000 familias vulnerables de los sectores 5 y 6. Este último tramo, perteneciente a la capital, actualmente caras un segundo invierno de cortes de energía provocados por consumos industriales que generan sobrecargas en la red.

El Consejo de Ministros ya aprobó en abril la concesión directa de cinco millones para soluciones habitacionales. El anuncio del pasado miércoles, sin embargo, supone un salto cualitativo en la posición del Gobierno, que por primera vez se compromete a apaciguar definitivamente este problema humanitario sobre el que la ONU ha dado la voz de alarma en varias ocasiones. El último manotazo llegó en forma de carta el 16 de febrero, cuando el relator especial Olivier De Schutter acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos». Se constituyó entonces una comisión interministerial, presidida por la delegada del Gobierno, Mercedes González, quien hace tres semanas poner el costo total de las reubicaciones en 200 millones durante tres años.

Monto que Lucas, por su parte, no se atreve a confirmar aún, aunque sí enfatiza que será un presupuesto plurianual. El secretario general, que ya conoció a La Cañada en su época como portavoz socialista del Consistorio, explica: “Este es un problema mayor, de interés nacional por su gravedad, y no podrá resolverse del todo en uno, dos o tres años «. Las administraciones locales y regionales brindarán información sobre los temas de la reubicación, para que se puedan distinguir de otros perfiles. La calidad de esa información determinará los alcances del programa que Lucas ha delineado.» El mercado de las drogas Queda fuera, al igual que las viviendas con cierta calidad que no pertenecen a familias vulnerables «, señala. Un flujo incesante de nuevos habitantes dificulta la tarea.

Tanto es así que no se ha realizado un censo completo desde la firma del Pacto por La Cañada en 2017. Luego, los dos sectores más desfavorecidos sumaron más de 4.500 vecinos, un tercio de ellos eran menores. El tramo que concentra más barriadas es de algo más de seis kilómetros y se extiende desde la sede de la asociación Al-Shorok hasta la planta de gestión de residuos de Valdemingómez. Un antiguo camino ganadero que, según Lucas, comenzará a recuperarse ambientalmente a medida que avancen las reubicaciones. Tras varios años de gran lentitud, estos se relanzaron en abril con un plan que beneficiará a 160 familias del sector 6 y que incluye la demolición de edificios y el sellado de sus parcelas, evitando nuevos asentamientos.

Pero se necesita más. «Después de 50 años, la sociedad no se va a conformar con menos», continúa Lucas. “Por eso queremos impulsar una intervención integral, más allá de las acciones concretas que puedan realizar los municipios y la Comunidad. El restablecimiento del suministro eléctrico es uno de ellos y, según me han asegurado, están trabajando en ese sentido ”. Así se lo comunicaron este miércoles la directora general de Inclusión Social del Ayuntamiento de Madrid, Laura Castaños, así como la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad, Paloma Martín. Al encuentro también asistieron Markel Gorbea, el comisario de la Cañada Real del Ejecutivo autonómico; la delegada del Gobierno, Mercedes González, y el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura. La nueva cita tendrá lugar en las próximas tres semanas.

Hasta ahora, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, se despidió hace dos semanas para dar paso a Ángel Gabilondo, no sin antes criticar que las administraciones centran sus esfuerzos en las deslocalizaciones, ya que «son procesos complejos que, por lo general, llevan varios años». Marugán solicitó en resolución final el restablecimiento del suministro eléctrico, mediante contratos legales, pudiendo acceder los vecinos a un bono social si cumplen con los requisitos. Y escribió: «La grave situación exige, sobre todo, una acción urgente sobre el terreno, encaminada a abordar el problema en el corto plazo». Su demanda tendría que superar obstáculos burocráticos para ser satisfecha. Hasta ahora, el proveedor Naturgy ha cuestionado la legalidad de instalar medidores regulares en viviendas sin cédula de habitabilidad.

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