Del acoso sexual al acoso laboral: los nuevos lineamientos del código de ética para funcionarios federales

Por primera vez, la Consejería de Administraciones Públicas establecerá normas contra el acoso y acoso sexual y laboral en su Código Ético. La lista de conductas que deben evitar los servidores públicos incluye desde cumplidos e insinuaciones de carácter sexual hasta espiar a otras personas en los baños. Los funcionarios federales deberán apegarse a las normas que entrarán en vigor a partir de su publicación en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación.

El nuevo código prohíbe “realizar o tolerar actos de hostigamiento sexual o acoso sexual, independientemente del sexo, identidad o expresión de género, características u orientación sexual, de las personas involucradas en tales casos”. Para ello, los funcionarios deberán evitar conductas como “tener contacto físico sugestivo o de carácter sexual, como tocar, abrazar, besar, manosear, jalar”, indica el borrador que actualmente se encuentra en proceso de análisis por parte de la Comisión para Mejora Regulatoria (Conamer) de la Segob, según publicó este lunes en su plataforma.

Los servidores públicos también deben evitar «dar regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o expresar abierta o indirectamente interés sexual en una persona», dice. Tampoco se permitirá “llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que ésta se someta a sus deseos o intereses sexuales, o a los de una u otras personas”, ni “espiar a una persona en su intimidad”. , o mientras se cambia de ropa o está en el baño”.

El acuerdo también restringe «expresar comentarios, burlas, cumplidos o bromas hacia otra persona sobre apariencia o anatomía con connotación sexual, ya sea en persona o a través de cualquier medio de comunicación». Los funcionarios tampoco podrán “hacer comentarios sugerentes, chistes o bromas sobre su vida sexual o la de otra persona, ya sea personalmente o por cualquier medio de comunicación”, ni “mostrar o enviar por cualquier medio de comunicación, carteles, calendarios , mensajes, fotografías, audios, videos, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de carácter sexual, no deseados o solicitados por el destinatario”. Así como difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona, expresar insultos o humillaciones de carácter sexual, o mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.

Además, condena el acto de “condicionar la obtención de un puesto de trabajo o promoción, su permanencia en el mismo o sus condiciones a cambio de aceptar conductas de carácter sexual; obligándolos a realizar actividades que no están relacionadas con su trabajo u otras medidas disciplinarias como represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual; condicionar la prestación de un procedimiento, servicio público o evaluación a cambio de que el usuario, estudiante o solicitante acepte incurrir en conductas sexuales de cualquier naturaleza”.

Esta es la primera vez que el gobierno federal incluye una definición y una lista de comportamientos relacionados con el hostigamiento y el acoso sexual y laboral que deben evitar los funcionarios. La nueva normativa hace hincapié en los derechos humanos, la igualdad de género, «así como en las conductas que más lesionan la dignidad de las personas, como acoso y acoso sexual, acoso laboral y discriminación”, destaca.

Como antecedente, en febrero de 2020 se aprobó el primer Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual y Acoso Sexual de la Secretaría de la Función Pública, en ese momento a cargo de Irma Eréndira Saldoval. Un mes después, la dependencia modificó su Código de Ética para explicitar que el acoso y acoso sexual son «inaceptables» en la función pública, pero no incluyó una descripción ni dio más detalles sobre estos actos que atentan contra los derechos humanos. Previamente, el 11 de febrero de ese año, el periódico Reforma reveló que Roberto Valdovinos, extitular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), fue despedido tras denuncias en su contra por acoso laboral.

Este lunes, la designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá ha vuelto a poner en duda los mecanismos para denunciar a los agresores y hacer justicia a las víctimas de violencia sexual en México. Salmerón ha sido acusado por varios alumnos y exalumnos del ITAM, universidad privada a la que renunció en 2019 tras ser acusado de acoso sexual por parte de múltiples estudiantes durante el movimiento de denuncias de acoso y violencia sexual Yo también. El funcionario también fue denunciado por ocho compañeros de su partido, Morena, por acoso sexual. Sin embargo, el historiador ha negado todas las acusaciones y su nombramiento ha sido defendido incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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