Cuatro expresidentes apoyan a Martín Villa ante la jueza que investiga presuntos crímenes franquistas
El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, que declarará el jueves ante la jueza argentina María Servini en el seno de la investigación de supuestos crímenes en la dictadura franquista, ha remitido a la magistrada una veintena de cartas en las que recibe el apoyo a título individual de varias personalidades, entre ellas, cuatro de sendos expresidentes del Gobierno.
Las ha incluido como archivos adjuntos de un escrito en el que explica los hechos que se le imputan a modo de declaración escrita, pese a que el día 3 la jueza lo ha citado para declarar por vía telemática desde la Embajada de Argentina en Madrid.
Según informa la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) contra crímenes del franquismo y fuentes próximas a Martín Villa, el exministro ha aportado a la causa una serie de cartas de exlíderes políticos y sindicales, que han sido redactadas en su mayoría este verano como muestra de apoyo a su carrera política.
Entre ellas, sobresalen las de los últimos cuatro expresidentes del Gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, así como del alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell.
«He conocido con asombro e incredulidad el procedimiento incoado contra Martín Villa», comienza la carta de González, que destaca que el comportamiento al frente del Ministerio de Gobernación del investigado «fue impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho, su preservación y su desarrollo».
«Puedo testimoniar la entrega de Martín Villa a la recuperación de las libertades democráticas de los españoles», añade González, que termina pidiendo a la jueza que «depure las responsabilidades que correspondan» por estas «denuncias temerarias» y «la campaña de acoso» contra el acusado.
Zapatero sigue la línea de González y alaba la figura del exministro que contribuyó a «afianzar el nacimiento de la democracia» en el país. «No tengo duda de que esa y no otra es precisamente la huella que él deja en la historia reciente de España», afirma.
Y continúa: «Debo decir que siempre le he tenido por persona comprometida con la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. En mi larga etapa como parlamentario y luego como Presidente del Gobierno, nunca recibí ningún testimonio que no fuera en la misma dirección.»
Al margen de los expresidentes, Martín Villa incluye cartas de apoyo de exministros como Eduardo Serra, Rafael Arias-Salgado, Marcelino Oreja y de los dos padres de la Constitución que siguen vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero. Otras cartas proceden de los exparlamentarios del PP, Juan van Halen Acedo y Jaime Ignacio del Burgo.
También figuran misivas de los ex secretarios generales de la UGT Nicolás Redondo y Cándido Méndez y de CC OO Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo.
No faltan cartas de apoyo de políticos extranjeros, como del expresidente del Partido Democristiano y exministro chileno Enrique Krauss, así como del exministro portugués Jaime Gama.
Desde Ceaqua ven este movimiento como «un intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política» sobre la jueza Servini que resulta «inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal», ya que el momento para presentar dichos testimonios ha sido elegido cuidadosamente por éste, unos días antes de su declaración.
En su opinión, «todas las personas que han prestado sus testimonios implementaron, consolidaron, desarrollaron o aceptaron con total naturalidad el modelo de impunidad imperante en el Estado español que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes que se cometieron durante la dictadura franquista y la Transición».
Por otra parte, fuentes próximas al acusado señalan que Martín Villa envió una carta recientemente a la jueza en la que expone que todos los que testimonian en su defensa son partidarios de la forma representativa de Gobierno y varios, además, adversarios políticos.
Asimismo, destacan que, desde que conoció la orden de detención de 2014, Martín Villa no ha querido «protegerse» con la Ley de Amnistía de 1977 ni ampararse en la prescripción de los hechos -ocurridos hace más de 40 años-, ni tampoco en el rechazo del Gobierno a la solicitud de extraditarle ni en la negativa de los jueces españoles a las peticiones de la jueza para interrogarle en España.
La jueza acusa a Martín Villa de 12 muertes causadas por disparos ocasionados por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado que él dirigía cuando estaba al frente de Interior (1976-1979) y a los que, según Ceaqua, alude como «actuaciones desgraciadas» o simples «errores».