Consulta popular: Consultar nomás porque sí | Opinión

Incluso analizada con alguna buena fe (y hay que reconocer que mucha gente en este país todavía se la tiene al Gobierno), la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto a escala federal resulta un ejercicio más bien inexplicable. Porque lo que se vendió como una medida para que “el pueblo” se manifestara en torno a la posibilidad de juzgar a varios expresidentes por los presuntos delitos que hubieran podido cometer durante sus mandatos, terminó en esperpento, entre dimes y diretes, y con la aparición estelar y confusa de la Suprema Corte (SCJN) en el escenario.

Veamos: tras ser consultada por el Congreso, y bajo las presiones de la oposición, que juzgaba que la consulta era anticonstitucional, la SCJN optó por el camino más exótico posible. Avaló la legalidad del proceso, pero convirtió la pregunta que se responderá con un “sí” o un “no” en un galimatías, y un ejemplo notable de lo vacío que puede ser el lenguaje jurídico. La pregunta en cuestión, que originalmente hablaba de manera directa del juicio a los exmandatarios (y aprovechaba para mencionar como su impulsor al actual presidente, que es el mayor fan de la autopromoción que recuerde nuestro medio político), quedó así: “¿Está usted de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

¿Qué significa este pedazo de jerga? Que nos mandan preguntar si estamos de acuerdo con que se aplique la ley. Y no solo a los expresidentes, sino a los “actores políticos” todos. Cosa a la que la propia legislación obliga a las “autoridades correspondientes”, sin excusa ni pretexto. Es decir, que esto viene a ser como preguntarle a la gente: “¿Quieren que hagamos nuestra chamba?”. Y sin mencionar nombres, desde luego, no vaya a ser que alguien se moleste (y hay un detalle curioso, por cierto, en esa nómina finalmente omitida: aunque los destinatarios de la pregunta original eran los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, hubo uno que sigue vivo y que la libró. A Luis Echeverría se le excluyó, pese a su supuesta participación en los episodios sangrientos de 1968, cuando era secretario de Gobernación, y de 1971, ya durante su periodo en el poder, por no hablar de su también presunta intervención en la llamada “guerra sucia”).

En fin: la pregunta que será votada por quienes decidan a acudir a las casillas que se abrirán para tal efecto el 1 de agosto es tan vacía que hasta algunos de los defensores oficiosos del Gobierno federal han tenido que aceptar que, en vista de que la consulta no plantea nada que no se encuentre en la ley, y tampoco es vinculante, es decir, que su resultado no obliga a nadie a nada, se trata de una pérdida de tiempo… O casi. “Es un símbolo de que se quiere hacer justicia”, susurra alguno, que se olvida que gastarse 500 millones del presupuesto federal para “mandar mensajes” parece algo exagerado. Y carísimo. ¿No sería más elocuente que se integraran indagaciones y procesos judiciales bien fundamentados en torno a los supuestos delitos de los expresidentes sin esperarse a ver qué dice una consultita?

El escenario más probable es que la asistencia a las urnas sea modesta (ya que da lo mismo votar que no, ¿para qué desplazarse y arriesgarse, en mitad de una pandemia?), pero que, aun así, el Gobierno la cacaree como un hito en la democracia mexicana. Y así tendremos otra pieza en nuestro flamante museo de lo inverosímil, para colocarla junto a la rifa en la que no se rifaba lo anunciado: la consulta en que no se decidía nada.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país