Conflicto Italia – Europa por la inmigración: Roma no quiere refugiados y Bruselas se lava las manos

EMILIO ORDIZ

• Según la legislación de la UE, Italia puede ordenar que un buque no entre en su territorio.
• El país corre el riesgo de violar la Convención Europea de Derechos Humanos si no da asistencia médica.
• Italia no autoriza el desembarco de 629 inmigrantes y pide a Malta que los acoja.

«Desde hoy Italia  comienza a decir no a la inmigración clandestina». Son palabras del nuevo ministro del Interior del país, Matteo Salvini. Una de las primeras decisiones drásticas del Gobierno de Giuseppe Conte, formado por el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte, ha sido no autorizar el desembarco del buque Aquarius, con 629 inmigrantes, entre ellos 123 niños. 

«En el Mediterráneo existen barcos con bandera de Holanda, España, Gibraltar y Gran Bretaña. Hay ONG alemanas, españolas, y Malta no acoge a nadie, Francia que rechaza en la frontera y España que defiende sus fronteras con las armas, es decir que toda Europa se preocupa de sus intereses«, escribió Salvini, líder de la ultraderecha. Eso sí, los alcaldes de las ciudades costeras de Nápoles, Palermo, Messina, Reggio Calabria y Taranto han ofrecido sus puertos para recibir al buque.

Contrariamente a lo expuesto por el Ejecutivo italiano, los médicos que se encuentran a bordo del Aquarius creen que a partir del miércoles se acabarán los víveres. A pesar de esto, Salvini mantiene que Italia no puede convertirse «en un enorme campo de refugiados».

Italia es el punto principal de llegada a costas europeas de migrantes  procedentes África, con llegadas diarias de barcas desde Libia. En 2016, alcanzó el récord de 181.000 embarcaciones. En 2018, de los países que suponen una vía de entrada a Europa, Italia es el que más migrantes ha recibido: 13.706, según datos de Acnur. Pero, ¿cuáles son las claves de esta situación?

¿Es legal lo que hace Italia?

Sí, según lo marcado por la Unión Europea. En 2014 el Parlamento Europeo aprobó nueva legislación en la materia, y acordó que los guardias fronterizos solo podrán «advertir y ordenar» al buque que no entre en las territoriales de un Estado miembro. No podrán efectuarse, por tanto, devoluciones en caliente. Italia no tiene la obligación de permitir el desembarco, algo que la ONU desmiente.

Eso sí, el reglamento un párrafo que subraya que el patrón de un buque y su tripulación «no deben verse expuestos a que se les impongan condenas penales por el mero hecho de haber rescatado a personas que se hallen en peligro en el mar y haberlas trasladado a un lugar seguro».

Además, Italia podría estar violando los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Estos dicen que es obligatorio prestar asistencia a personas que requieran asistencia urgentes o elementos de primera necesidad como agua, medicamentos o comida. Conscientes de ello, el Gobierno transalpino envió médicos a la embarcación.

¿Cuál es la postura de la UE?

Bruselas asegura que no tiene «competencias» en esta materia, tal como explicó Margaritis Shinas, portavoz de Jean Claude Juncker. Las instituciones comunitarias reiteran que los países de la UE sometidos a una fuerte presión migratoria tienen a su disposición varios instrumentos de solidaridad (recursos humanos, técnicos y financieros) en caso de que experimenten una afluencia masiva de inmigrantes.

¿Tiene Malta la obligación de acoger la embarcación?

No. Tal como explicó un portavoz de su Gobierno, «el rescate ocurrió en el área de búsqueda y rescate de Libia y fue guiado por el centro de coordinación de rescate en Roma. Malta no es la autoridad coordinadora y no tiene competencia en este caso«.

Los voluntarios de la ONG encargada de la embarcación, SOS Mediterranée, comentan que llevan desde la noche del domingo «sin poder moverse» y que los migrantes afectados no paran de preguntar «qué sucede». Están, dicen, «a la espera de instrucciones» por parte de las autoridades; el barco está a 35 millas de Italia y 27 al norte de Malta.

Todo esto ha hecho saltar las alarmas de las ONG. Esta «mano dura» han movilizado a las organizaciones humanitarias, que piden que se garanticen los derechos de los inmigrantes y que se eviten prejuicios sobre este fenómeno.

«Acabaremos con el negocio de la inmigración, que ha crecido enormemente bajo el manto de una falsa solidaridad«, dijo el nuevo presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, en su discurso de investidura la pasada semana, unas palabras que no han caído nada bien entre las organizaciones. Y es algo que, visto lo visto, el recién estrenado Ejecutivo tiene previsto cumplir.

¿Es la primera vez que sucede esto en Italia?

Pero Italia siempre ha estado en el foco si hablamos de materia migratoria. El 23 de febrero de 2012, la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo llegó a una sentencia histórica en la que se establecía que el país había violado la Convención Europea de Derechos Humanos por interceptar y enviar de vuelta a Libia a migrantes eritreos y somalíes.

¿En qué punto está España?

Uno de los países que ha reaccionado a la situación del Aquarius ha sido España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que para el Gobierno es «una necesidad y una obligación» la solidaridad y tener presente la situación dramática que se está viviendo en muchos países. 

«Esto tiene que ser un empeño de la UE en su conjunto, porque más allá de acciones puntuales que puedan hacer los países y que tienen que moverse siempre por la solidaridad, no podemos ponernos de perfil porque cuando hay un drama humano es imprescindible que la UE actúe», ha destacado Robles.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido a España que acoja a los inmigrantes ‘rechazados’ por Italia. «Hay que demostrar que no todos los países del Mediterráneo abandonan los Derechos Humanos», esgrimen. La propia ministra ha asegurado que el Gobierno no puede «ponerse de perfil» en estos casos, mientras que Interior confirmó que había recibido dicha petición.

Tanto Ada Colau como Manuela Carmena han reaccionado a la situación de la embarcación. La alcaldesa de Barcelona ha dicho que la Ciudad Condal lo podría recibir, pero exige al Gobierno central que «asuma su responsabilidad». Carmena, por su lado, cree que las autoridades no pueden quedar «impasibles» ante lo que sucede.