Caso Lezo: Golf, ‘mordidas’ y tribunales: historia de la lucha vecinal para levantar un parque de Madrid | Madrid

Nevaba en Madrid en febrero de 2018, cuando un grupo de vecinos se lanzó a la calle a celebrar su victoria. Poco importaba el frío. Ataviados con gorros confeccionados para la ocasión, los participantes brindaron, cantaron y se abrazaron hasta acabar empapados. Daba igual. Aquella semana, tras más de una década de dura lucha, comenzaron los trabajos para desmantelar el campo de golf levantado en Chamberí sobre los depósitos del Canal de Isabel II.

Un proyecto personalísimo ideado en 2006 por la entonces presidenta Esperanza Aguirre —en la Asamblea confesaría que se le ocurrió tras ver instalaciones parecidas “en Tokio y en películas”—, que desbarató los planes trazados para la zona por integrantes de su propio partido, que nació entre fuertes protestas ciudadanas y que se erigió —sus restos aún lo hacen— como símbolo de la corrupción que anidó en el PP regional con sus gobiernos. El pasado martes, la Fiscalía pidió seis años de cárcel para Ignacio González, el vicepresidente regional y mano derecha de Aguirre, por los amaños en la adjudicación.

Esta solicitud del ministerio público llega 14 años después de la ostentosa inauguración del complejo, que a día de hoy permanece vedado al público, desde que cerrara sus puertas en 2017, obligado por varias sentencias judiciales y a la espera de que el actual Gobierno autonómico acabe las obras del nuevo parque que lo sustituirá. “Fue todo un capricho de Aguirre”, resume Diego Cruz, actual diputado autonómico por el PSOE y un veterano de la asociación vecinal El Organillo, una de las que encabezó las movilizaciones contra el campo de golf.

Todo comienza realmente en 2003. Los populares José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, entonces alcalde y presidente autonómico, respectivamente, colocan la primera piedra de un proyecto que se vende como el futuro Retiro de Chamberí: un parque de 118.000 metros cuadrados con un gran estanque central, enormes jardines, un helipuerto y alguna instalación deportiva, como un campo de fútbol de césped artificial. Las obras, que los residentes acogieron con entusiasmo en un barrio deficitario de zonas verdes, debían estar acabadas para final de 2005. Pero, en ese tiempo, Aguirre se hace con el poder en Madrid. “Y, de repente, apareció un cartel que anunciaba la construcción de un campo de golf. No entendíamos nada”, recuerda Mercedes Arce, una de las vecinas que se sumó a las protestas y miembro de la la asociación Parque Sí.

Ese panel marcó el pistoletazo de salida para la pelea. Para la lucha de David contra Goliat. La de un grupo organizado del barrio contra el empeño personal de una presidenta que llegó al Ejecutivo tras el tamayazo y que impuso sus sucesivas mayorías absolutas para aplastar al oponente. Pilar Rodríguez, otra integrante de El Organillo, recapitula estos años de batalla: “Ni amamos ni odiamos el golf. Simplemente, no era una necesidad para un distrito sin zonas verdes. Se nos había prometido otra cosa y, además de eso, el proyecto era ilegal”, incide. “Esto no es una cuestión política, en este barrio hay mucha gente de derechas”. Si el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso termina en 2023 las actuales obras, como está previsto, los vecinos habrán tardado dos décadas en disfrutar del parque que le presentaron en 2003.

“Es el triunfo después de una lucha de muchos años”, confía Mercedes Arce, que echa la vista al pasado con orgullo. Atrás dejan años de esfuerzo: en la calle y en los tribunales. Contra la corrupción que acabaría desvelando la Audiencia Nacional y contra la arbitrariedad de las decisiones políticas que se sucedieron entorno al campo de golf, según recuerda. Por ejemplo, para sortear los problemas de licencias urbanísticas, el Gobierno de Aguirre llegó a declarar la instalación de “interés general”. “Que nadie se piense que fue un dosier completo, eran unos folios”, explica Diego Cruz. En concreto, cinco hojas que el Tribunal Supremo ha calificado como “un intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística”.

Esa maniobra no es la única sombra que planea sobre el campo de golf. El vicepresidente González, que sustituyó en 2012 a Aguirre al frente de la Comunidad, también tenía sus propios planes para obtener supuestamente un benefició de la instalación. La instrucción del caso Lezo, una de las tramas de corrupción del PP madrileño investigada por la Audiencia Nacional, ha desvelado que el exdirigente popular amañó presuntamente los contratos de construcción y explotación del complejo para que recayeran, a través de un sistema de subcontrataciones, en una empresa de su hermano y de su cuñado. Tanto la Fiscalía como el magistrado instructor, que ya ha propuesto juzgar al expolítico por ello, mantienen que los implicados obtuvieron así unas ganancias ilícitas de más de medio millón de euros.

El propio Ignacio González también se llevó una parte de ese dinero en forma de mordida, según concluyen los investigadores, que han documentado decenas de entregas en efectivo a sus familiares. También, subraya el ministerio público en el escrito de acusación donde pide seis años de cárcel para el expresidente, a través de la empresa usada por la trama se pagó a su hermano un coche BMW y se le abonó la póliza del seguro. “El campo de golf es una pieza más de la gran corrupción del PP en el Canal de Isabel II”, puntualiza el diputado Diego Cruz.

“La idea fue mía”

Aguirre siempre se atribuyó el mérito de esta instalación. “Mátenme, pero la idea fue mía”, espetó en 2018 en la comisión de investigación parlamentaria sobre las irregularidades del proyecto. “Yo jugué al golf de pequeña y me vino muy bien, pensé que sería bueno traer algo así aquí”, añadió. Sin embargo, el día de la inauguración en 2007, asediada por las protestas, Aguirre decidió no coger los palos y optó por practicar otros deportes en las instalaciones anexas.

Primero se unió a los exfutbolistas Kiko y Buyo que jugaban con unos niños junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y responsable de la constructora de las instalaciones (ACS-Dragados). La presidenta metió, incluso, un gol. Y después se descalzó y peloteó con los campeones del mundo de pádel: “Bueno, creo que sois los supermejores”, les piropeó.

Para entonces, los vecinos ya buceaban en los papeles y empezaban a hacerse expertos en demandas, recursos y urbanismo. Alegación tras alegación, también “aprendieron” de golf, ironizan. “Esto era una zona de prácticas que se llama picht & putt”, explica Mercedes Arce mirando a través de las vallas que rodean las antiguas instalaciones. El césped artificial, que tuvo que sustituir al original por el enorme gasto de agua que suponía, permanece aún enrollado en fardos repartido por todo el terreno, esperando nuevo destino. Alrededor, una niña juega con su madre en una zona verde, varios chicos entrenan en los campos de fútbol, y las pelotas no paran de rebotar en las pistas de pádel. Pero en medio, restringido al paso, se alza el enorme boquete donde un día una presidenta consideró que a los madrileños “les vendría bien” un campo de golf.

“A los vecinos nos calificaban desde el Gobierno como unos rojos peligrosos, pero lo que hacíamos era defender el proyecto de Gallardón y Álvarez del Manzano”, insiste Diego Cruz, portavoz de El Organillo durante varios años. El diputado, tras aterrizar en la Asamblea en 2015, lanzó en 2016 una pregunta al entonces Gobierno de Cristina Cifuentes: “¿Se va a acatar la sentencia que obliga al derribo del campo de golf y construcción de un nuevo proyecto?”. La respuesta del entonces vicepresidente Ángel Garrido hizo saltar a todos los involucrados en la pelea. “Sí, la acataremos”. “No ganamos muchas batallas, así que esto fue bonito”, sonríe Cruz.

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